El desafío de diciembre: Detener el proyecto de profundización neoliberal

Por David Debrott Sánchez

La derrota del proyecto constitucional del 4 de septiembre de 2022, hegemonizado por el frente-amplismo aliado con heterogéneos y atomizados movimientos sociales, llevó al oficialismo y especialmente al presidente Boric, a entregar al Congreso la solución de la crisis institucional abierta con el estallido social de octubre 2019.

En esta etapa del conflicto social, ese fue el primer error político que extiende sus consecuencias hasta ahora. Boric tenía múltiples alternativas para dar continuidad al proceso constitucional y eligió la más antipopular y contraria al proyecto histórico de la izquierda chilena desde la época de la dictadura: una asamblea constituyente libre y soberana.

Los partidos políticos representados en el congreso, en una situación de virtual empate entre las fuerzas de gobierno y oposición de derecha, llegaron rápidamente a acuerdo para diseñar un nuevo proceso constitucional, limitado, restringido y marcado a fuego por la derrota de la convención constitucional. El 12 de diciembre de 2022, a solo tres meses de su derrota, los presidentes de ambas Cámaras parlamentarias, representantes del Partido Socialista y del Partido Liberal (ex frente amplio), dieron a conocer el «Acuerdo por Chile», también conocido como bases constitucionales o “bordes”. Allí se establecieron, con acuerdo de los partidos con representación parlamentaria, excepto la nueva ultraderecha de Republicanos, las líneas rojas que la derecha establecía e imponía a un oficialismo completamente entregado y sin rumbo ideológico.

Es ese acuerdo el que estableció un proceso y mecanismos antidemocráticos para elaborar la nueva propuesta constitucional. Allí se estableció un Consejo Constitucional electo con las mismas reglas del senado; la comisión de expertos designados por los partidos para elaborar el texto base y para visar si los debates del consejo constitucional se ajustan a los “bordes” acordados antes de comenzar el proceso; y el comité técnico de admisibilidad también designado por el Senado. 

Pero más grave aún: es ese acuerdo el que estableció cuestiones que hoy el oficialismo reclama como excesos.

«Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas«.

Esta formulación, donde los derechos sociales (salud, pensiones, vivienda, trabajo) se subordinan al principio neoliberal de “responsabilidad fiscal” y que obliga al Estado a otorgarlos garantizando la existencia de “instituciones privadas”, es el punto 5 del Acuerdo por Chile, suscrito en diciembre pasado desde la derecha (sin Republicanos en ese momento) hasta el oficialismo.

Aprovechando este ambiente triunfalista en la derecha, en el empresariado y entre quienes buscan disputarse su representación política, especialmente Amarillos y Demócratas, Kast y sus acólitos Republicanos consiguieron instalarse como primera mayoría en el Consejo Constitucional y comenzaron a ejercer muy rápidamente su liderazgo. Su estrategia es simple: defender el núcleo central del modelo económico-social neoliberal, ya garantizado en los “bordes”, y avanzar en todos aquellos extremos ideológicos en que el oficialismo no ofrezca mayor resistencia. 

De esta forma, el texto elaborado por la comisión de expertos, que respeta cien por ciento y desarrolla los “bordes”, se constituye en el piso desde el cual Republicanos despliega una táctica que consiste en poner en el debate más de mil enmiendas, que luego han ido flexibilizando o simplemente retirando, en función del armado de una correlación de fuerzas al interior del Consejo Constitucional que les permita aprobar un proyecto constitucional con el más amplio consenso político; consenso basado en la subordinación total a su propio proyecto ideológico.

Mientras la prensa intencionada y la mayor parte de los comentaristas han centrado el debate en la constitucionalización de la cueca y el rodeo (nótese que los bordes ya consagraron a la bandera, el escudo y himno como emblemas nacionales), así como en otras excentricidades, el núcleo duro del modelo económico social neoliberal parece acomodarles a todos, incluyendo a los partidos políticos oficialistas que hacen alarde de su posición antineoliberal. 

Lo que se juega en diciembre no es solo bloquear el camino de Kast y sus acólitos criptofascistas para su despliegue en las próximas municipales y regionales, ni siquiera en las siguientes parlamentarias y presidenciales. Se trata de generar condiciones para que el próximo camino constituyente, quizá más lento y trabajoso, se vuelva a abrir de la mano de la construcción de un proyecto político popular que dispute y confronte, en todas las coyunturas y en todos los niveles de gobierno, el proyecto neoliberal que hoy busca refundarse y que parece haber penetrado el ADN de partidos de “izquierda” que permanentemente disocian el discurso comunicacional de sus prácticas políticas reales.