El impuesto que pagamos todos los chilenos, excepto las grandes empresas

En un país reconocido mundialmente como uno de los más desiguales del planeta, nos parece inconcebible que se siga perpetuando esta realidad, más aún mediante el cobro de un impuesto tan sensible, como es el de la gasolina. Hoy experimenta un alza mundial porque es un recurso natural escaso. Sin embargo, si desmenuzamos la historia de este impuesto y quiénes son los que lo pagan verdaderamente (todos los chilenos), nos parece de suma relevancia que se despejen varios puntos.

En primer lugar, es un impuesto que surgió con otra realidad país. La ley 18.502 tiene 32 años y tuvo como objetivo la reconstrucción y reparación de la infraestructura vial de nuestro país y mitigar la contaminación, luego del terremoto de 1985. No es un gran misterio descubrir, entonces, que el espíritu que guiaba este impuesto hoy no tiene razón de ser. Desde hace años cada uno de nosotros paga por usar las carreteras y paga permisos de circulación por ocupar cada centímetro de territorio.

En segundo lugar, se argumenta que este impuesto es el cobro por contaminar. Pero si de eso se trata, más que por los vehículos, la contaminación es provocada por los combustibles derivados del petróleo utilizado por las grandes industrias, que lo emplean en el desarrollo de sus procesos productivos o de servicios (eléctricas, mineras, agrícolas y otras). Las cifras así lo avalan: este impuesto genera al fisco alrededor de US$ 2.800 millones anuales. En tanto, el consumo total de estos combustibles es aproximadamente de 18 mil millones de metros cúbicos al año, de los cuales sólo un 30% (5.4 millones metros cúbicos) es consumido por vehículos (autos particulares,  taxis colectivos, locomoción). El 70% restante -fíjese bien- equivalente a 12,6 millones de metros cúbicos, lo consumen las industrias que están exentas de este impuesto, que se les devuelve a través del IVA mensual. Paradojas de este Chile.

En tercer lugar, se argumenta que rebajar este impuesto es sinónimo de favorecer a la clase más pudiente. Un argumento falaz. Porque hoy la mayoría o casi todas las Pymes, que están lejos de sector un sector rico obviamente, usan vehículos para su trabajo, como así también gran parte de los trabajadores independientes o dependientes desarrollan sus labores ocupando sus vehículos, con el alto costo que implica este impuesto. Todo ello, entendiendo que este sector Pyme no rebaja el impuesto específico de sus pagos fiscales. En tanto, la gran empresa sí lo hace. Importante a tener en cuenta.

Un paréntesis a la clase pudiente es que ésta adquiere en su mayoría vehículos a petróleo diésel (camionetas 4 por 4) para uso personal, que contaminan más que un vehículo gasolinero. Todo ello lo realizan por medio de sus empresas, rebajando IVA de la compra del vehículo, cargando todos los gastos de éstos a las empresas, pagando menos impuesto a la renta y con el agravante de que por tratarse de adquisiciones de activo inmovilizado gozan de un crédito adicional del 4 al 8% del valor de su compra, en el impuesto a la renta de la declaración anual de la empresa.

Lo anterior es de fácil comprobación, bastaría que el S.I.I. revisara los estacionamientos de los malls, los viajes de placer en que trasladan motos, bicicletas y otros, para verificar que no se usan en labores propias del giro de las empresas.

Durante las últimas seis semanas hemos sufrido alzas sistemáticas de los combustibles, el precio del petróleo se incrementa llegando a 80 dólares por barril,  debido a la fuerte inestabilidad de su valor en el mercado internacional. Todo ello provocado por razones económicas, geopolíticas y especulativas ajenas al país. Estamos conscientes en ello que deberemos asumir un mayor precio, a través del impuesto, pero exigimos que sea con justicia tributaria y que no sólo lo termine pagando el ciudadano común.

Desde el 1986 en adelante ningún gobierno ha enfrentado con decisión la modificación o redistribución de este impuesto, que afecta directamente el bolsillo de la clase media que todos dicen defender. Porque la realidad es que este impuesto significa un alto costo para los pequeños y medianos empresarios y trabajadores, que trabajan dependiendo de un vehículo. Por tanto, para todos nosotros es necesario exigir justicia en ello, entendiendo que siendo un impuesto general, sea pagado por todos los contribuyentes que lo consumen, terminando así con ciudadanos de primera y de segunda clase en materia de tributación.