Hay tipos cuya lucidez encandila, hablan y escriben claro, no se van por los cerros de Úbeda. Arturo Fernandois, actual embajador de Chile en Washington, forma parte de ese lote. Hace un par de días, refiriéndose a la Asamblea Constituyente que todo Chile reclama y la inteligencia exige, Fernandois escribió: “Una asamblea así despoja a todos los poderes constituidos de sus potestades. Nadie se salva de una reconfiguración global del poder”. ¡Bravo! Sería difícil decirlo más claro. Fernandois, cuya elocuencia aplaudo, dice con una precisión digna de encomio que la Asamblea Constituyente “Significa invocar el poder constituyente originario. Significa desahuciar la operatoria del poder constituyente derivado, aquel mecanismo que hasta 2009 permitió modificar 242 veces la actual Carta…”.
Efectivamente, la mayor parte de las democracias modernas fueron fundadas por un proceso constituyente cuya principal virtud es la de poner en práctica un Derecho Humano irrenunciable: ese que establece que “La ley es la expresión libre y solemne de la voluntad del pueblo”, y que “El pueblo es el soberano: el gobierno es su obra y su propiedad.” Para que nadie se llamase a engaño, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América contiene una suerte de vacuna contra la tiranía: “Si en algún momento una forma de gobierno deviene perniciosa para esos fines (la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad) es derecho del pueblo modificarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno…”.
El controvertido derecho de los estadounidenses a poseer armas y municiones, derecho que defiende la derecha yanqui con uñas y dientes, tiene que ver con la garantía para el pueblo de poder defenderse contra un gobierno que se aleje de los principios fundadores. De ahí que Fernandois esté en lo cierto cuando afirma que la Asamblea Constituyente “Significa recurrir a la facultad suprema de la soberanía, aquella que la autoriza para dictar una nueva Constitución despercudida de todos sus límites positivos. No habría quórum, artículo, compromiso, sentencia firme o derecho adquirido que pueda limitar a esta feroz explosión de poder jurídico y fáctico llamado poder constituyente originario.” Hasta ahí todo bien.
Sólo que Fernandois ve la Asamblea Constituyente, máxima expresión de los derechos ciudadanos como “una feroz explosión de poder jurídico”. ¿Por qué feroz? Nadie osa afirmar que existe algún poder de veto por sobre la Soberanía del pueblo (Fernandois no lo hace), y no existe razón ninguna para pensar que recurrir al expediente democrático por excelencia sea portador de alguna violencia. Muy por el contrario.
La Asamblea Constituyente, expresión que nace del sufragio universal libre y sin trabas, es invocada ahora mismo en diferentes países de Europa para evitar llegar a confrontaciones que nadie desea. André Bellon, ex diputado socialista francés que fue asesor constitucionalista del presidente François Mitterrand, escribe: “Nuestro país afronta una crisis excepcional: su gobierno ha perdido toda autonomía de acción y justifica como inevitables políticas que tienen consecuencias económicas y sociales catastróficas; paralelamente el pueblo es privado de su poder político mediante el continuo desconocimiento de los instrumentos normales de la democracia. Tal situación podría parecer insoluble y conducir al fatalismo, a cuestionamientos violentos o a derivas extremistas. Sin embargo existe una solución pacífica: la elección de una Asamblea Constituyente para terminar, -bajo el control del sufragio universal-, con instituciones sin raíz alguna y refundar la vida política sobre las cuestiones de fondo que preocupan a los franceses.”
Si Bellon reconoce que Francia (y Europa) está sumida en una “crisis excepcional”, Fernandois no niega que Chile confronta una crisis institucional grave. Su argumentación contra la Asamblea Constituyente sigue otros derroteros. Quienes niegan la crisis institucional no tienen ni la lucidez ni la inteligencia de Fernandois: Ricardo Lagos, Camilo Escalona, José Miguel Insulza y otros concertacionistas, niegan que exista algún problema institucional, y Lagos va hasta afirmar que la actual Constitución “pasa el test democrático” (sic).
Fernandois no es tan burdo, e insinúa que la Asamblea Constituyente pudiese atentar contra… ¡los derechos esenciales de la persona humana! Curioso, cuando de lo que se trata es precisamente de devolverle al pueblo de Chile un Derecho Humano irrenunciable, inalienable e imprescriptible, del cual fue privado por la dictadura sin que ningún “demócrata” se haya inquietado mayormente hasta hoy.
De modo que Fernandois, en un esquive que se pretende ladino, sugiere lo mismo que un tal Jaime Gazmuri: que no se le confíe al pueblo de Chile la responsabilidad de dotarse de las leyes que quiera, en uso legítimo de sus derechos más esenciales, sino que sea la propia institucionalidad ilegítima la que le agregue más parches a los 242 que él mismo cita.
Al respecto no cabe sino citar, una vez más, al constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle: “La verdad es que lo curioso es que la Constitución que tenemos es la más cambiada de la historia de Chile. Por eso nosotros la llamamos la Constitución gatopardo. Ninguna de las constituciones anteriores tuvo tantos cambios, pero la verdad es que se cambia de una forma que no necesariamente se le democratiza, se le abre, se la hace más compatible con los ideales de la libertad y la igualdad, y sobre todo no se cambia la sustancia dogmática”.
A pesar de lo que precede, Arturo Fernandois se interroga: “¿Por qué preferir una asamblea constituyente y no una reforma de la Constitución vigente?” La respuesta es sencilla: porque no se le puede confiar la lucha contra el SIDA al virus HIV.
Jaime Gazmuri miente cuando afirma que “El poder constituyente lo detenta hoy día el Congreso Nacional…”. El Congreso Nacional, como toda la institucionalidad heredada de la dictadura y consolidada durante 22 años por el cogobierno Alianza-Concertación, es parte del problema. No goza de representatividad ninguna.
Los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, las reivindicaciones regionales, las luchas sindicales de clase, y el sinnúmero de combates cotidianos contra los efectos de la “democracia tutelada” y el modelo económico depredador lo demuestran cada día.
No señor Fernandois, no dejaremos que los culpables de lo que ocurre sigan usurpando un poder que nadie les dio, ni que continúen secuestrando los derechos que son nuestros. Porque desde Jean-Jacques Rousseau y el Contrato Social, zócalo de la democracia, sabemos que “La fuerza no constituye derecho, y el hombre sólo está obligado a obedecer a los poderes legítimos”.
Por Luis Casado
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