El mensaje de las decapitaciones

¿Cómo informar sin caer en el sensacionalismo, pero sin ocultar la realidad?

Onel Ortiz

14/10/2024 7:57pm

El reciente asesinato y decapitación de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, ha estremecido a México, no solo por la brutalidad del acto, sino por su simbolismo. Este hecho, ocurrido apenas una semana después de que Arcos asumiera el cargo, expone nuevamente el frágil estado de la seguridad en una de las regiones más golpeadas por la violencia del crimen organizado. Guerrero, una de las entidades más complicadas en términos de seguridad, se enfrenta una vez más al embate de grupos criminales que desafían al Estado con métodos bárbaros que buscan, más allá del simple homicidio, enviar un mensaje de terror.

La decapitación de un presidente municipal no es solo un crimen individual; es un ataque directo a la estructura del Estado en sus niveles más básicos, aquellos que conectan al gobierno con la ciudadanía. Este tipo de violencia no solo busca eliminar a un actor político, sino también sembrar miedo y desmoralizar a la población y a las autoridades que intentan gobernar en un entorno donde la ley parece carecer de fuerza frente al poder de las armas y la impunidad.

Nadie duda que este cruel asesinato lleva un mensaje para el gobierno estatal de Evelyn Salgado y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, quien recién asumió la presidencia de México. Sin embargo, lo que está en debate es la naturaleza de dicho mensaje. ¿Se trata de una advertencia para aquellos que pretendan imponer el orden en una zona que históricamente ha sido territorio de grupos delictivos? ¿O es una demostración de poder por parte de organizaciones criminales que buscan dejar en claro quién controla realmente las regiones más violentas del país?

El contexto en el que se produce este asesinato es fundamental para entender su significado. En Guerrero, la presencia de grupos del crimen organizado ha estado marcada por su capacidad de infiltrar y desafiar a las autoridades locales. La elección de la decapitación como método de ejecución no es fortuita; es una técnica utilizada para infundir terror, no solo en la población, sino también en aquellos que ejercen el poder. En este caso, la decapitación tiene un doble propósito: demostrar la crueldad de los perpetradores y exhibir la vulnerabilidad de las autoridades.

Algunos voceros de la Cuarta Transformación han criticado a los medios de comunicación por utilizar abiertamente la palabra «decapitación», argumentando que esto alimenta el terror y hace el juego a los criminales. Este debate pone de relieve una tensión constante en la cobertura de la violencia en México: ¿cómo informar sin caer en el sensacionalismo, pero sin ocultar la realidad? Si bien es cierto que no se debe caer en el amarillismo, el público tiene derecho a conocer las circunstancias exactas de los hechos. La decapitación de un funcionario público es un acto que trasciende el simple crimen; es un fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto y, por ende, debe ser abordado de manera transparente.

Ignorar o minimizar la brutalidad del acto sería un error. En la historia de México, la decapitación ha sido utilizada como un método para enviar mensajes de poder y control. Recordemos cómo, durante la Guerra de Independencia, los líderes insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron decapitados, y sus cabezas expuestas en la Alhóndiga de Granaditas durante años como una advertencia para aquellos que osaran desafiar al gobierno virreinal. Hoy, en pleno siglo XXI, la decapitación sigue siendo un instrumento de terror, ahora en manos de grupos criminales que buscan desestabilizar el Estado mexicano.

La decapitación no es un fenómeno exclusivo de México. En las guerras santas, los extremistas musulmanes han utilizado este método como una forma de enviar mensajes a sus enemigos, principalmente Israel y Estados Unidos. Videos de decapitaciones han sido difundidos por grupos terroristas como el Estado Islámico, no solo para infligir daño físico, sino para provocar un impacto psicológico profundo tanto en las víctimas como en el público internacional. Los grupos criminales en México han adoptado esta estrategia de terror como parte de su repertorio, utilizándola para enviar mensajes tanto a sus rivales como a los gobiernos.

Este tipo de ejecuciones va más allá de lo que podría considerarse «violencia común». La decapitación es una declaración de guerra en la que los criminales dejan claro que están dispuestos a utilizar cualquier medio, por más brutal que sea, para imponer su control territorial y enviar un mensaje de impunidad. Es una forma de exhibir la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus funcionarios, desafiando abiertamente su autoridad.

El asesinato de Alejandro Arcos Catalán prende una alarma que no puede ser ignorada. Claudia Sheinbaum, en su reciente llegada a la presidencia, enfrenta uno de los mayores retos de su administración: restaurar el orden en un país donde la violencia se ha convertido en una constante. La brutalidad de este crimen no solo afecta a Guerrero, sino que tiene implicaciones a nivel nacional, planteando preguntas urgentes sobre la capacidad del nuevo gobierno para enfrentar el crimen organizado y la violencia que azota a varias regiones del país.

El reto no solo consiste en capturar a los responsables de este y otros crímenes similares, sino también en desarrollar una estrategia integral que ataque las raíces de la violencia. Las decapitaciones y otros actos de terror no son simples episodios aislados, sino síntomas de un problema mucho más profundo que involucra corrupción, desigualdad social y falta de oportunidades. El nuevo gobierno debe diseñar una política de seguridad que combine fuerza y prevención, atacando tanto a los criminales como a las condiciones que permiten su proliferación.

La decapitación de un funcionario público en pleno siglo XXI es un recordatorio doloroso de que la violencia en México no solo es persistente, sino que ha alcanzado niveles de crueldad inusitados. El asesinato de Alejandro Arcos Catalán es un desafío directo para los gobiernos estatal y federal, que deben responder con acciones contundentes para restablecer el orden y enviar un mensaje claro: el Estado no será doblegado por el terror. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz