El movimiento global para dar muerte a la pena de muerte

Anthony Porter tiene suerte de estar vivo. Faltaban dos días para su ejecución en 1998, cuando la Corte Suprema de Illinois dictó una suspensión: no para evaluar su culpabilidad, sino su aptitud mental para ser ejecutado. Durante esta suspensión, un grupo de estudiantes universitarios se hizo cargo de su caso. Con la ayuda de un investigador, no sólo demostraron la inocencia de Porter, sino que identificaron al auténtico asesino, que posteriormente confesó el crimen.

Anthony Porter había pasado más de 15 años condenado a muerte antes de ser exonerado en 1999. Su caso fue uno de los que llevaron al entonces gobernador, George Ryan, a dictar al año siguiente una suspensión de las ejecuciones. En 2003, Ryan citó el caso Porter cuando anunció su decisión de indultar a cuatro condenados a muerte y conmutar la pena de otros 167. Porter había estado “a 48 horas de ser conducido en camilla a la cámara de ejecución”, recordó; “la mayoría de nosotros ni siquiera habríamos hecho una pausa, pero resultaba que Anthony Porter era inocente del doble asesinato por el que había sido condenado a morir”.

El gobernador Ryan declaró que el sistema de aplicación de la pena capital estaba “roto”, y había avergonzado a Illinois.

En este mes en el que nos encontramos, el actual gobernador de Illinois ha terminado lo que George Ryan empezó hace más de una década. El gobernador Pat Quinn firmó la entrada en vigor de una ley de abolición de la pena capital en Illinois, y conmutó las condenas de muerte de los 15 hombres que habían sido enviados al “corredor de la muerte” desde que el gobernador Ryan lo dejó vacío en 2003. También él dijo que el sistema estaba “roto” y no tenía arreglo.

Illinois se ha convertido en el decimosexto estado de Estados Unidos que prohíbe la pena capital. Supone un auténtico avance. Sin embargo, aunque el número de condenas de muerte dictadas anualmente en Estados Unidos ha caído en la última década hasta sus niveles más bajos desde que el país reanudó los homicidios judiciales en 1977, Estados Unidos sigue siendo el único verdugo de América.

En el país se ejecutó a 46 presos en 2010, y al menos otros 110 fueron condenados a muerte. Sólo China, Irán, Corea del Norte y Yemen llevaron a cabo más ejecuciones el año pasado. Al terminar el año, los “corredores de la muerte” de todo Estados Unidos albergaban a más de 3.200 personas.

El uso de los homicidios judiciales en Estados Unidos contrasta aún más con la creciente lista de países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

En 1977, cuando Amnistía Internacional inició su campaña global contra la pena de muerte, sólo había 16 países abolicionistas. Ahora, tal como muestra el informe anual de la organización Condenas a muerte y ejecuciones en 2010 (ACT 50/001/2011), casi un centenar de países han dejado de utilizar esta pena para todos los delitos, y 139 son abolicionistas en la ley o en la práctica. Y hay otros hitos alentadores.

El año pasado, Mongolia dictó una suspensión de las ejecuciones, y Gabón abolió la pena de muerte en la ley. Incluso en los países en los que la pena de muerte sigue contando con un fuerte apoyo, como China, Kenia, Guyana y Bangladesh, se están dando pasos positivos para que su uso sea conforme con las normas de derechos humanos. Y en la ONU, más estados que nunca votaron a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones.

Pero los homicidios autorizados por el Estado continúan. En 2010 se llevaron a cabo al menos 527 ejecuciones en 22 países, sin contar a las miles de personas que, según se cree, fueron ejecutadas en China. Y se sabe que se dictaron más de 2.000 nuevas condenas de muerte, con lo que la cifra total de personas condenadas a la pena capital en el mundo ascendió a casi 18.000.

En 2010 se dio muerte a presos mediante decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal, disparos a quemarropa en la nuca o el corazón o fusilamiento. En ocasiones, las condenas se ejecutaron en público.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. Nos oponemos a ella independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente, o del método utilizado por el Estado para la ejecución. La pena de muerte es cruel, inhumana, ineficaz e injusta.

La tendencia mundial hacia la abolición está clara. Pero la lucha está lejos de acabar. Incluso cuando gran parte del mundo dice “ya basta”, algunos países prefieren no oír.

La decisión de eliminar la pena de muerte en Illinois se produce en un momento en el que en Estados Unidos existe una conciencia cada vez mayor de los costes y los riesgos de la pena de muerte, incluida la cifra de condenas erróneas en casos de pena capital.

En su decisión histórica de 2003, el ex gobernador Ryan sugirió que “un sistema tan frágil que depende de unos jóvenes estudiantes de periodismo es algo gravemente defectuoso”. Tenía razón. Y también la tenía el gobernador Quinn cuando dijo que la abolición era “un importante paso adelante en nuestra historia, ahora que Illinois se une a los otros 15 estados y numerosas naciones del mundo que han abolido la pena de muerte”.

La abolición es la única manera de reparar lo irreparable.

Por Salil Shetty

Secretario general de Amnistía Internacional