El nuevo Fiscal Nacional y la crisis política desatada

Chile atraviesa por una grave Crisis político-institucional que pareciera no tener solución a corto plazo.

Esta Crisis, afectaría esencialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Llegándose a sostener por muchos, la ilegitimidad de su representación.

Conforme la tendencia que se observa, aparentemente no habría fórmulas adecuadas para superarlas en breve tiempo. Y sin embargo, existe un Camino cierto y confiable de Solución, que estaría a nuestro alcance , en la medida que se restablezca responsablemente la aplicación del cardinal Principio de la División de Poderes del Estado.

¿Y por qué?

Precisamente, porque en nuestro País durante un largo período el Poder Judicial ha sido de hecho avasallado por el Poder Ejecutivo y aún, a veces, por el propio Poder Legislativo. El primero se tornó muy gravitante en su accionar, bajo el Gobierno Castrense, pero éstas presiones aún se hacen sentir. Se ha visto igualmente agravado por la circunstancia penosa y vergonzante, de haber proliferado en su seno la corrupción. Produciéndose así un giro radical en su imagen y prestigio.

La propia Corte Suprema, al llamado “Retorno de la Democracia” ha formulado públicas protestas en contra de presiones de que ha sido víctima. Y por otra parte, no constituyen excepción las quejas de ciudadanos acerca de que cada vez más en Chile, se tiende a favorecer a quienes poseen mayores recursos económicos. Quienes no raro practican el cohecho, inclusive en las más altas instancias. Lo que provoca en la ciudadanía desesperanza, frustración y rebeldía. Más aún, si mirando hacia atrás se recuerda el alto prestigio en toda América de que gozaba nuestro Poder Judicial.

Y sucede que el Ministerio Público, representado por los Fiscales, actúan para investigar en estrecha relación con el Poder Judicial. Lo que deben hacer en los términos más eficaces y ciertamente, con la mayor Independencia. Este es, un hecho crucial. Sin que puedan ni deban ser presionados por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ningún otro Centro de Poder político o económico. Unica manera de posibilitar el descubrimiento de la verdad, sobre cuya base será factible hacer verdadera Justicia.

En esta perspectiva, el hecho jurídico y político más importante está representado por la vigencia y actualidad de un Principio aplicado en todo el mundo y que fuera enunciado ya en 1748 por Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu.

Y he aquí, lo más importante: en virtud de este imperativo Principio de División de Poderes del Estado, es efectivamente posible que cada uno de los tres Poderes se ejerza equilibradamente en relación con los otros. Ya que justamente, tan solamente de ese modo será posible que se frenen los abusos o injusticias que cometa otro Poder. Destacando un hecho   -ya consignado en el propio Mensaje del antiguo Código de Procedimiento Penal- en el sentido de que “las desorbitaciones” de los otros Poderes del Estado   -Ejecutivo o Legislativo- “pueden hasta pasar inadvertidas”, pero que tal no puede ni debe acontecer respecto del Poder Judicial.

Pues bien, como justamente el fundamento esencial del desprestigio   -o aún, la ilegitimidad de su representación- radica en los “abusos”, “corrupción” o “mentiras” de que sería acusado el Poder Ejecutivo principalmente -pero también el Poder Legislativo-,   es incuestionable que le corresponde al Poder Judicial, corregir esas lacras.

Es entonces fundamentalísima la importancia de las funciones del Ministerio público y su Jefe Nacional, en colaboración con el Poder Judicial, al tener en sus manos   -porque está legalmente facultado-   la investigación y descubrimiento de los crímenes y delitos realmente cometidos, cuanto la consecuente aplicación de las normas legales que los regulan, para hacer efectivamente Justicia. Sin dejarse en caso alguno dirigir o presionar por cualquiera de los otros dos Poderes del Estado. Así como de ningún Centro de Poder político o económico. Según en el último tiempo la prensa nacional ha dado a conocer públicamente en los casos Penta, SQM, Farmacias, Caval u otros, ante la creciente desconfianza y crítica de la opinión pública nacional.

Es más: el propio Montesquieu en su célebre “Espíritu de las Leyes” formula   -entre otros- un alcance principal e importantísimo: siendo tres los regímenes políticos existentes: Republicano, Monárquico o Dictatorial, el primero de ellos, el Republicano -seríamos nosotros una Democracia Republicana- necesita ¡por sobre todo! otro elemento concurrente: ¡la Virtud! Y como debe saberse, no son signos de Virtud justamente, ocultar la verdad, falsearla abiertamente o mostrar tan sólo una parte de ella…, según está aconteciendo hoy en nuestro País. Y por eso, el gran repudio a la Autoridad.

En consecuencia, para que así sea, es decir, para regularizar u ordenar la confusa situación actual, el nuevo Fiscal Nacional no debiera en caso alguno ser militante de ningún Partido Político -en su caso, renunciando lealmente a él-,  poseer suficientes conocimientos y, por sobre todo, ser capaz de resistir insobornablemente esas presiones que, como debe saberse existen y se practican en nuestro País hace ya mucho tiempo, e impunemente. Sumado a ello, deberá aplicar efectiva cuanto ejemplarmente la Ley, sea quien fuere el afectado (a), para que con ese buen ejemplo de las Autoridades, la ciudadanía recupere su confianza en nuestro Sistema Republicano. Cobrando especial dimensión y significado las célebres palabras de Rousseau: los pueblos alcanzan aquello que sus Gobernantes les permiten alcanzar, especialmente, con su buen ejemplo.

Consultor-Abogado