El nuevo ministerio y los temas pendientes en materia indígena

Dicho ministerio tendrá como objetivo colaborar con el (la) Presidente (a) de Chile, “en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social y cultural”.

Este proyecto de ley crea, junto con el ministerio, una Subsecretaría y las Seremis respectivas, en las 15 regiones del país, además del Servicio Nacional de Pueblos Indígenas (Senapi), que reemplazará a la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que ha tenido, desde su creación, no sólo funciones de diseño y coordinación, si no, además, de ejecución de la política del Estado en materia indígena.

Las debilidades de la Conadi se han hecho evidentes durante los últimos años, pese a algunos intentos de fortalecerla (y que han terminado debilitándola aún más) con instancias como la Coordinación Nacional de Políticas Indígenas, radicada en su momento en la Subsecretaría de MIDEPLAN (hoy Ministerio de Desarrollo Social), o el Delegado Presidencial para Asuntos Indígenas, fórmula aplicada durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet.

Sin embargo, el mencionado Proyecto de ley no busca crear un organismo que supere las deficiencias consignadas del organismo antecesor (Conadi) y, por el contrario, la nueva institución (Senapi) mantendría la estructura, ¡y las mismas debilidades! de la actual Conadi. En efecto, y a juzgar por el proyecto de ley analizado, la Senapi no tendrá presencia en 5 regiones del país (tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima) Esta cuestión es particularmente importante, entre otras razones, porque durante estos años no ha existido una política definida hacia los indígenas que viven en sectores urbanos; población indígena mayoritaria en el país.

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La desatención de esta realidad viene a ser refrendada por la inexistencia de una institucionalidad pública importante en la región del país con la segunda mayor población indígena: la Región Metropolitana de Santiago. En este sentido, el proyecto de ley enviado al Congreso mantiene en la capital una oficina de rango menor, sin la capacidad presupuestaria y de recursos humanos para atender una población multiétnica en permanente crecimiento.

En consecuencia, parece abandonada la idea de crear una Subdirección Centro, que pueda operar a través de direcciones y programas en las regiones que mencionamos más arriba, sobre todo en la Quinta y Cuarta que, además de su importancia demográfica, presentan un alto nivel de organización de su población indígena.

Otra cuestión que no considera el proyecto de ley, es el traslado de algunas sedes de Conadi (que será reemplazada por la Senapi) a las capitales de regiones, pudiendo así influir en la toma de decisiones y particularmente en los gobiernos regionales. Sabido es que la actual estructura ha provocado una excesiva concentración de la inversión social en determinadas zonas y localidades, dejando a las demás sin el apoyo necesario. Tal es el caso de las direcciones regionales ubicadas en Cañete (Región del Bío Bío) y Osorno (Región de Los Lagos).

Finalmente, y a nuestro juicio este es el mayor error, el proyecto de ley no traslada la Dirección Nacional de la actual Conadi a la capital de Chile, cuestión que, entre otras razones, ha debilitado su capacidad operativa y constreñido su visión necesariamente nacional de la cuestión indígena. Resulta excesiva desde todo punto de vista, la instalación de la Seremi del nuevo ministerio, junto a la Dirección Nacional y la Subdirección Sur de la Senapi, todas ellas en la ciudad de Temuco.

Si bien la iniciativa de creación de un ministerio representa un avance en cuanto a la importancia que el Estado asigna a los pueblos indígenas, el proyecto no entrega a este nuevo órgano las atribuciones exclusivas que si tienen otras carteras en las materias que les corresponde atender. Es el caso del Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas, que resolverá “las solicitudes de procedencia de consulta previa indígena”, atribución que debería ser exclusiva del futuro ministerio. De más está indicar los conflictos a que se verá expuesto el futuro ministerio cada vez que el Comité resuelva sobre la pertinencia de una consulta a una comunidad o comunidades afectadas por algún megaproyecto.

Con todo, la nueva institucionalidad pública, con los cambios que proponemos, sin duda será un avance en el campo de las políticas públicas dirigidas al mundo indígena.

Sin perjuicio de lo anterior será necesario avanzar, también, y de manera urgente, en las otras iniciativas comprometidas por el actual gobierno. Una de ellas es la creación de una comisión de personalidades de la sociedad chilena e indígena que deberá estudiar los casos judiciales producto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, investigando “las denuncias de violencia y abuso policial contra comunidades indígenas, particularmente mapuche y rapa nui y sobre todo respecto de los niños y niñas mapuches; y dará especial atención a las familias indígenas y a los pequeños parceleros afectados por las situaciones de tensión vividas en la Región de la Araucanía”.

Las recomendaciones de esta comisión debieron estar listas los primeros 6 meses del actual gobierno. Sin embargo, a poco más de dos años de gestión, aún no se ha abordado este compromiso.

Esta iniciativa debe ser implementada a la brevedad para dejar atrás las actuales relaciones del Estado con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche, inspiradas más por un objetivo de contención, represión incluida, que ha caracterizado largos períodos de la política gubernamental dirigida a los pueblos indígenas de nuestro país.