El miércoles 19 de marzo los representantes del paro de labores entregaron a la doctora Cedillo el Pliego Petitorio General de la Comunidad Universitaria. Aunque ya había circulado en redes sociales, ésta es considerada la forma final del documento.
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Consta de 24 puntos y destaca que el primero de ellos se titula De la Democracia Universitaria el cual incluye cinco incisos: A) De la no reelección; B) De los votos; C) De la vigilancia; D) De los procesos electorales; y E) De la destitución. Este punto abarca cuatro páginas. Dada la temática podríamos decir que este primer punto se complementa con el vigésimo, De las Reformas al Estatuto Orgánico que abarca tres páginas.
Deseo llamar su atención sobre determinados puntos del Pliego, para hacer un análisis más detallado sobre ellos. Es el caso del cuarto, De las Demandas y Erradicación de la Violencia que abarca dos páginas, del décimo tercero titulado De la Oferta Académica y Formación Profesional, así como del décimo cuarto, De la plantilla y evaluación docente. Estos dos se desarrollan en cuatro páginas y media en total.
Señalo esto porque el punto vigésimo primero, De los Deportes, abarca catorce páginas. Creo que el número de páginas no sólo denota el interés sino también lo amplio y detallado de las propuestas para resolver los problemas e implementar las acciones conducentes a lograr los objetivos propuestos.
En la introducción del Pliego se hace una aclaración respecto a lo que se debe entender como ‘funcionario universitario’: todos(as) aquellos que detentan un cargo de elección o de designación. En la legislación de la BUAP se distingue, en cambio, entre autoridades tanto personales como colegiadas, que son elegidas, y funcionarios, que son designados por las autoridades.
Es importante esta aclaración para entender lo que a continuación se señala.
El inciso A. De la no reelección, se sustenta en un principio: la alternancia democrática. El inciso B. De los votos, propone eliminar el voto sectorial e introducir el voto universal. Aquí también se introduce el llamado ‘voto blanco’ como resultado de la falta de opciones del votante, de manera que si éste constituye una mayoría, el proceso electoral debe repetirse. Y algo muy importante, se rechaza tajantemente el voto electrónico por ser altamente manipulable en más de un sentido.
Vale la pena aquí aludir al contexto histórico nacional y universitario para analizar estas posiciones.
Todos sabemos que en 1910 la revolución maderista tenía por objeto ampliar la participación política, pues las transformaciones sociales sólo vinieron después, fundamentalmente emanadas de la visión zapatista y villista del movimiento revolucionario. El período presidencial era de cuatro años y con Cárdenas se aumentó a seis, de 1934 a 1940.
En la Universidad de Puebla la entonces Ley Orgánica establecía 3 años de rectorado con la posibilidad de una reelección. Bajo esta norma fueron nombrados por el Consejo Universitario, con voto libre y no mandatado, el Químico Sergio Flores Suárez y el Ingeniero Luis Rivera Terrazas. Había triunfado el Movimiento de Reforma Universitaria pero la forma de elección y la duración del período no se modificaron. En 1981 se acordó, fuera de lo que señalaba la Ley vigente, elegir al rector mediante voto universal, directo y secreto, y así el Licenciado Alfonso Vélez Pliego fue el primero en ocupar la rectoría con esta modalidad de elección por seis años, con una reelección de por medio.
Desde el triunfo del Movimiento de Reforma Universitaria la universidad introdujo nuevas formas de gobierno: frente a los Consejos Técnicos, conformados en su mayoría por docentes y una representación estudiantil minoritaria, se establecieron los Consejos de Gobierno que eran organismos paritarios y sin representación de los trabajadores no académicos. Además, los directores(as) de escuelas pasaron a denominarse Coordinadores y eran igualmente electos por voto universal de toda su comunidad.
Sin embargo, fue hasta 1990 cuando el Consejo Constituyente elaboró una nueva Ley, la Ley de la BUAP, y el respectivo Estatuto Orgánico, Ley que el Congreso del Estado de Puebla aprobó el 19 de abril y fue promulgada el 23 del mismo mes de 1991.
Esta organización del gobierno universitario, con órganos paritarios ya experimentados por más de 20 años, fue ratificada por el consenso universitario.
Esta experiencia colectiva en el ejercicio del gobierno me hace pensar que su forma y estructura fueron el resultado de un movimiento cuya divisa era transformar la institución en una universidad democrática, crítica y popular.
Así, aunque ya teníamos organismos paritarios de gobierno en cada escuela y en la universidad como tal, se introdujo desde entonces el voto sectorial para elegir a las autoridades personales, rector(a) y directores(as); y a los respectivos representantes de estudiantes, docentes y no académicos por la comunidad sectorial de las distintas escuelas y facultades. Un principio paritario que se rompe cada vez que los directores(as) de unidad académica votan en el Consejo Universitario a pesar de que la Ley de la BUAP no los considera consejeros, sino sólo miembros del consejo y por lo tanto sólo tienen voz, pero no voto.
Pero lo que hoy demandan los estudiantes es un voto que no pase por mediaciones, que no se subsuma en el voto sectorial porque no ven reflejadas sus preferencias políticas. Sin embargo, la representación estudiantil es más compleja que la de un estudiante un voto.
La pregunta que me hago es ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué un sistema de gobierno paritario que funcionó por más de veinte años y que propició el enorme desarrollo de la Universidad de Puebla dejó de ser representativo?
Creo que la respuesta se encuentra en las políticas públicas implementadas por el gobierno federal que dieron al traste con el sentido de pertenencia a la misma comunidad, de tal manera que la feroz competencia que se estableció entre los docentes, fundamentalmente, acabó por pulverizar academias, organizaciones sindicales e incluso estudiantiles dada la cooptación de sus representantes por parte de las administraciones universitarias.
Lo que antes constituía una lucha de todos los universitarios por un subsidio suficiente, dejó de serlo para dar paso a la lucha intestina por becas y compensaciones económicas de distintas formas. Se pasó de subsidios raquíticos a jugosas partidas etiquetadas, pero de tal forma que había un gran margen del uso discrecional de los recursos públicos. La autonomía se convirtió en la panacea de las administraciones universitarias y también de los gobiernos para dejar en manos de éstas el control de los universitarios.
Desde entonces hemos vivido un sistema de control político creciente con la complacencia de los sucesivos gobiernos, pues el sistema neoliberal ha dado los frutos esperados: sometimiento de los trabajadores académicos y no académicos a la espera de los “premios” prometidos, y sometimiento de los estudiantes cooptados por la administración.
Quizá la comunidad estudiantil piensa que “a grandes males, grandes remedios”, aunque no sean equitativos, pero la historia está para enseñarnos.
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