El “Problema” Mapuche

Entre 1503 y 1660, llegaron desde América al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, excediendo tres veces el total de las reservas europeas, sin incluir el contrabando. La riqueza arrebatada al Nuevo Mundo estimuló el desarrollo económico europeo y, hasta puede decirse, lo hicieron posible. Fueron estos los albores de la era de producción capitalista, tras el “descubrimiento”, conquista y colonización de América. Ha sido éste uno de los mayores genocidios de la historia, así como también la edad de hierro que sentó las bases de lo que vivimos actualmente. La violencia física, cultural y económica sufrida por los pueblos indígenas, así como la implantación de una extrema servidumbre, son hitos fundacionales de nuestras sociedades.

Se ha calculado en un millón de habitantes en lo que hoy es Chile a la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI. Al terminar ese siglo, no quedaban más 400 mil, en su mayoría reducidos al sur del río Bío-Bío. En 1641, el rey de España, en el Pacto de Quilín reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur de este río, lo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803. Más tarde, la naciente República de Chile, en 1825, en el Tratado de Tapihue, estableció la legitimidad de esa frontera.

Sin embargo, este compromiso fue transgredido por el Estado de Chile mediante la “Pacificación de la Araucanía”, término eufemístico para denominar la ocupación del territorio al sur del río Bío-Bío para incorporarlo a la agricultura, erradicando a los mapuche a reducciones a través de “títulos de merced”, quedando así confinados a 500 mil hectáreas, esto es, un 5% de su territorio original. El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos extranjeros y chilenos. Posteriormente, los mapuche continuaron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamientos y farsas judiciales, acrecentándose su proceso de pauperización.

Tiempo después, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y fueron restituidas 200.000 hectáreas a las comunidades mapuche. El proceso de Reforma Agraria fue interrumpido por la dictadura militar, que además persiguió y asesinó a quienes habían participado en dicho proceso, para restituir a antiguos hacendados el 65% de las tierras que habían sido recuperadas para quienes las trabajaban.

En 1978, Pinochet dictó el DL 2.568, que determinó la parcelación de las tierras comunitarias de los mapuche, estableciéndose que “las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios”. De esta manera se buscó aniquilar la cultura mapuche, a lo que se sumó la expansión forestal que reemplazó a los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas, como el pino y el eucalipto.

El Estado y los chilenos están en deuda con el pueblo mapuche. Por tanto, deben adecuarse la legislación y las políticas públicas al Derecho Internacional que establecen el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008; y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU. Ambos obligan a Chile a reconocer a los pueblos indígenas y la multiculturalidad en su Constitución Política.

En el caso específico del pueblo mapuche, entre sus derechos fundamentales y la causa de sus luchas está el de ser reconocidos como pueblo y no sólo como “etnia”; su derecho al territorio que le ha sido usurpado; a los recursos que tradicionalmente han poseído; y a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Todos los datos anteriores pueden extraerse de un simple manual escolar. No obstante, el actual gobierno autoerigido como “gobierno de los mejores” e integrado por supuestas “lumbreras intelectuales”, los desconoce. Esto se infiere de la “Cumbre de seguridad” sobre lo que se ha denominado “problema mapuche”, convocada por el Presidente de la República el martes 24 de julio. En dicha instancia se determinó aumentar la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en la zona de La Araucanía, así como el traslado de una mayor cantidad de vehículos e implementos represivos y la búsqueda fórmulas legales que reintegren la figura del “testigos sin rostro”.

Es ésta una más de las respuestas irracionales e inmorales a las legítimas demandas de devolución de tierras ancestrales usurpadas al pueblo mapuche, cuya cultura se sustenta en su especial relación con la tierra, a diferencia de la acción depredadora de las grandes empresas forestales, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, pesqueras, que destruyen la naturaleza al extraerle el mayor provecho posible, sin importarles su irremediable destrucción.

El gobierno tiene el deber de solucionar los efectos de injusticia social y no incrementarla. Y las policías y FFAA deben defender a la población y dejar de ejercer como “guardias pretorianas” del sistema económico imperante que, al igual que durante el período de la Conquista, es un sistema impuesto por la fuerza y que ha provocado más de un “problema”.

Por Hervi Lara

Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)