El secreto bancario en Chile: Un obstáculo en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos

Por Cristian Vargas

En un mundo donde la transparencia financiera se ha convertido en una herramienta crucial para combatir la corrupción y los delitos económicos, Chile se enfrenta a un desafío significativo: el secreto bancario. A pesar de los avances globales hacia una mayor apertura y cooperación fiscal, el secreto bancario en Chile sigue siendo un obstáculo importante que impide una fiscalización efectiva y permite que delincuentes económicos operen con impunidad.

La doble cara del secreto bancario

El secreto bancario en Chile, si bien protege la privacidad financiera, representa un obstáculo significativo en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. La opacidad del sistema financiero favorece a los delincuentes y erosiona la confianza pública en las instituciones. El secreto bancario en Chile se ha convertido en un refugio para aquellos que buscan evadir impuestos y lavar dinero. Aunque la protección de la privacidad financiera es un derecho legítimo, en Chile esta normativa ha sido utilizada como una barrera que dificulta el trabajo de las autoridades tributarias y judiciales.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), enfrenta restricciones significativas cuando intenta acceder a la información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva. La necesidad de obtener una orden judicial para acceder a convierte las investigaciones tributarias en procesos largos y complejos, favoreciendo a los evasores y criminales.

Comparación internacional: Un sistema rezagado

En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile se encuentra rezagado en términos de transparencia fiscal. Los más avanzados, países como Noruega, Suecia y Dinamarca, permiten el acceso público a la información sobre ingresos y cuentas bancarias, lo que fomenta la rendición de cuentas y reduce las oportunidades de evasión fiscal. En estos países, las autoridades tributarias tienen amplias facultades para acceder a la información bancaria sin la necesidad de engorrosos procesos judiciales, facilitando así la detección y prevención de delitos financieros.

Tal vez Chile no necesita aspirar a niveles tan altos como los de Noruega, pero sí a un sistema razonable y alcanzable que permita el acceso a la información necesaria para combatir la corrupción y la actividad delictual. Un enfoque intermedio, donde se equilibren los derechos de privacidad con la necesidad de transparencia, podría fortalecer significativamente la capacidad del país para prevenir y sancionar el fraude fiscal y otros delitos económicos. Implementar políticas que promuevan la apertura de datos y la transparencia gubernamental será fundamental para cerrar esta brecha y avanzar hacia una mayor justicia y equidad en nuestra sociedad.

Las consecuencias de la opacidad

La falta de transparencia en Chile no solo dificulta la lucha contra la evasión tributaria, sino que también tiene un impacto directo en la corrupción y el lavado de dinero. La opacidad del sistema financiero chileno ha sido explotada por criminales que utilizan cuentas bancarias locales para ocultar fondos ilícitos. Esto no solo erosiona la base tributaria del país, sino que también socava la confianza pública en las instituciones.

Un ejemplo claro de las consecuencias de este sistema es la dificultad que enfrentan las autoridades para rastrear y recuperar activos vinculados a casos de corrupción. Sin acceso rápido y directo a la información bancaria, los esfuerzos para recuperar fondos malversados y llevar a los culpables ante la justicia se ven severamente limitados.

Necesidad urgente de reformas

Para alinearse con los estándares internacionales y mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, Chile necesita implementar reformas profundas en su marco legal. Estas reformas incluyen:

1. Ampliación de las facultades del SII y de otras autoridades de control: Es imperativo otorgar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y otras autoridades de control la capacidad de acceder a la información de operaciones bancarias de personas determinadas, cuando estas estén sometidas a secreto o reserva, en casos de sospecha razonable de delitos tributarios y económicos. Esto debe realizarse mediante un procedimiento simple y ágil. Además, es necesario asegurar una verdadera autonomía de los organismos fiscalizadores respecto a los gobiernos, incrementar el control externo de la legalidad de sus actos, y mejorar su profesionalismo y responsabilidad (accountability).

2. Dotar de capacidades de inteligencia: Es esencial proporcionar al SII y a otros organismos competentes capacidades de inteligencia que les permitan ser eficaces en la detección temprana de fraudes y actividades ilícitas que comprometan la integridad del patrimonio fiscal.

3. Fortalecimiento de la cooperación internacional: Mejorar la implementación de acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal, asegurando una cooperación efectiva en la lucha contra la evasión y el lavado de dinero.

Por Cristian Vargas

Abogado