El tapón a las demandas sociales y el camino a la consagración de la DC en el MINEDUC

Tras la declaración de presupuesto; las negativas y malas jugadas del gobierno que van cerrando las puertas a la gratuidad e imposibilitan un acuerdo entre ministerio y actores sociales.

Hemos entrado en el desenlace de una parte fundamental de la reforma educacional que fuera portaestandarte de la triunfante llegada de la Nueva Mayoría, pero como es sabido, el aire de promesas se fue disipando y dando paso a un año marcado por el oscurantismo de un gobierno que bajo secretos y corrupción mostró la cara de la vieja Concertación.

Era de esperar que durante el 2015 la discusión educacional había de generar un escenario de disputa, y que aun con los ánimos y discursos que abogan por el “gran acuerdo nacional” (definición que convoca al conservadurismo y la derecha para zanjar en la cocina y a puertas cerradas los términos de una reforma), las fichas habrían de moverse en el tablero empujando hacia un cambio educacional estructural en el cual se construyera un nuevo Sistema de Educación Pública, gratuita y democrática, o bien se mantuviera y perfeccionará el actual sistema de mercado bajo la lógica del subsidio de becas y créditos, negando el derecho fundamental que la sociedad chilena hoy demanda. Así, la llegada del actual gobierno, habiendo pisado tierra, clavando la bandera de la educación gratuita, hoy, con secretos e incongruencias dibuja un panorama donde se abren espacios a tecnócratas y empresarios para que hagan nuevamente con la educación lo que han hecho con el país.   

El escenario aún brumoso y sin claridades ni posturas firmes desde el MINEDUC, cuando ya debería estar definido vía glosa presupuestaria las fórmulas y términos de la gratuidad para el 2016, y con las presiones constantes de una Democracia Cristiana que llama a la renuncia de las transformaciones en educación (cuestión que parece ir teniendo efectos aun en las “voces de cambio” del Ejecutivo), debe abrirnos cuestionamientos para el presente escenario: ¿cuáles son los reales intereses de un gobierno que carente de unidad va distorsionando el contenido de la futura reforma? ¿Cuál será la medida de éxito para la misma? ¿Qué postura y medidas deben tomar los actores sociales y el movimiento estudiantil? Con todo ello sabemos que la reforma será la que consagre en su forma y fondo las demandas de los movimientos sociales, o será una modificación superficial hecha a la medida de los defensores del mercado.

Las interrogantes anteriores pueden ir tomando forma en su respuesta si consideramos los pasos de uno u otro agente en el contexto general de proceso pre legislativo antes de que sea ingresado el proyecto para la gratuidad 2016 vía Ley de Presupuesto. Encontrándonos en un proceso de diálogo con el MINEDUC hemos salido al paso de una carrera en la cual nos han obstaculizado la pista, en lo que hemos entendido como CONFECH que en ello reside la oportunidad que los actores sociales le hemos dado al Ejecutivo de expiar las notorias culpas, un escenario aún de disputa, donde hemos llegado a instalar demandas sobre la mesa, haciendo ver la apuesta histórica del movimiento estudiantil, y no por tanto a transar o negociar puntos que son de pleno acuerdo en el mundo social al cual los agentes de gobierno deberían representar. Así, una cosa es clara;

en este proceso no se pueden acordar puntos renunciando a otros, tal como no existe un equilibrio entre el mercado y la educación pública.

La experiencia del 2014, en el cual un fallido Plan de Participación demostraba la falta de compromiso del ministerio con los estudiantes de Chile (donde no se aseguraba el nivel de incidencia que dicho proceso trajera en una futura reforma), decantando en la desordenada reforma de Educación Escolar. Se suma el inicio de año empantanado por la corrupción afectando a figuras de gobierno y la coalición, quienes libres de polvo y paja legislarán sobre la futura reforma, el conflicto que enfrentó al profesorado buscando el retiro de un proyecto deficiente respecto del devenir de la carrera docente y la vasta recopilación de cambios y carriles del ministerio y la Presidenta sobre lo que ocurrirá en materia educacional. Las declaraciones iniciales de una gratuidad vía impuesto a los titulados, la falta de transparencia y claridad sobre los criterios que justificaron la entrega de recurso a las IES, la entrada de las universidades privadas a la gratuidad, la salida de las mismas, nuevamente su entrada, y los blandos criterios que actualmente se mantienen aún en proceso de diálogo. Todos estos elementos configuran los avances y la relación que se ha mantenido este año con el Ministerio de Educación.

Sabiendo la suma de agravantes que acumula nuestra contraparte en el debate, las mesas de diálogo van midiendo también su peso a medida que la crisis política del actual gobierno tiene su réplica en lo educacional; la negativa del ejecutivo a modificar los criterios para la gratuidad (criterios que coquetean con el lucro, niegan la democracia y perpetúan la desregulación de las universidades privadas), la construcción de figuras como el Consejo Consultivo comandado por Sergio Bitar como el estigma del problema educacional en Chile y las voluntades declaradas de la democracia cristiana por mantener el sistema de becas, son los “nuevos errores” que se cometen en un punto donde debería ya estar clara la película, y que en su defecto nos ha de mantener en suma alerta sobre las posibilidades reales de acuerdo.

Terminada la primera parte de las mesas de trabajo entre actores sociales y gobierno, el resultado es más que peligroso y en vez de abrir la puerta para que las demandas sentidas por la población tengan asidero en la futura reforma, el gobierno ha mostrado señales desesperadas de buscar en dicho espacio la aprobación social faltante que ha caracterizado a las anteriores reformas, y no así consagrar de manera efectiva la educación gratuita, pública y democrática.

En algo no se equivocan, solo la aprobación de la ciudadanía y los movimientos sociales definirá el nivel de éxito de la reforma entrante, aun con ello, la legitimidad no es algo que se regala, y el tiempo se acaba para que la Nueva Mayoría responda a la deuda que tiene con Chile. Es más, pareciera ser que todo indica lo contrario si hincamos el diente en las primeras semanas de este diálogo en las cuales se negó la consolidación de un Sistema de Educación sometido a una Estrategia Nacional de Desarrollo, se mantuvo el lucro en instituciones que no accedan a convenio, se negó la democratización de las universidades, y la gratuidad será determinada según Ley de Presupuesto, cuestión que ha sido altamente criticada por diversos actores que apuestan por el fortalecimiento de la Educación Pública y que además la declaración del presupuesto público para el 2016 mantuvo aún en secreto la fórmula para financiar la gratuidad para el año entrante. ¿Que oculta entonces el ejecutivo que no debe ser visto por los movimientos sociales? Como por ahí dicen, el silencio otorga, y con las únicas posturas fuertes levantadas desde el ala

de la Democracia Cristiana hemos de intuir que el financiamiento por medio de becas será la forma en que el gobierno sepulte la demanda que desde el 2011 exige la educación gratuita con aportes directos a las instituciones.   

Bajo estas condiciones, el futuro de la educación en Chile no puede quedar en las manos de un gobierno que no ofrece certezas y reniega de fortalecer la Educación Pública y restringir la agencia del mercado en las universidades, por contraparte, seremos los estudiantes y comunidades educativas quienes han de construir un proceso vinculante y democrático donde se mida la profundidad de los proyectos y puedan generarse métodos para hacer frente a los conflictos que la improvisada reforma traerá en nuestras localidades. Somos enfáticos al reforzar lo que en la calle miles han dicho; entre el mercado, el endeudamiento, el lucro,  y los derechos sociales, un sistema público accesible y gratuito, no hay posibilidad de acuerdo ni consenso alguno, o bien se cambia de raíz el actual sistema educacional fortaleciendo la educación pública y poniendo freno al libertinaje de las universidades privadas, o bien se perfecciona el actual modelo haciendo vista gorda a las voces de miles de chilenos que exigen un cambio.

Quedando las últimas sesiones de trabajo y viendo que al parecer dicho espacio opera como muro de contención de nuestras apuestas, y se abrazan los términos de conservadores y empresarios, va pareciendo más una performance que una verdadera voluntad de diálogo por parte del ministerio, así, no podremos llegar a ningún acuerdo si es que además no sabemos cómo se va a financiar la educación. Los estudiantes de Chile en conjunto a otros actores hemos de ir marcando posturas de cara al debate que acompañará durante los próximos meses la discusión parlamentaria del proyecto, y junto con ello preparar el escenario para un 2016 donde los futuros procesos integrantes de la reforma general a la educación no contarán con tanta holgura y marcha blanca por parte de los movimientos sociales.

Marta Matamala, Presidenta federación estudiantes Universidad de Santiago

Sebastián Reyes, Presidente federación estudiantes Universidad de Concepción