Elecciones presidenciales en Venezuela: EE.UU. y sus cómplices se quedan a la deriva

Preparativos para el intento de golpe de Estado liderado por EE.UU.

El pueblo de Venezuela ha derrotado un golpe de Estado de alta tecnología liderado por EE.UU. La autoridad electoral de la nación no solo pudo celebrar las elecciones el día 31, sino que, a pesar de enfrentar un ataque colosal contra el sistema electoral computarizado de la nación, pudo anunciar los resultados de las elecciones del 28 de julio que mostraron que el pueblo de Venezuela, al reelegir al presidente Maduro para el período 2025-2031, resultó victorioso contra otro desagradable impulso de «cambio de régimen» dirigido por Estados Unidos.

El complot golpista implicó una campaña masiva y sostenida de meses en los medios de comunicación corporativos mundiales, arrojando un mensaje inusualmente homogéneo de que el presidente Maduro sería derrotado electoralmente, citando «encuestas» que daban al candidato de extrema derecha apoyado por Estados Unidos, Edmundo González (presentado por la coalición Plataforma Unitaria, PUD), el 80% de los votos. Así, por ejemplo, el 20 de julio el FT publicó ¿Se acabó el juego para el partido gobernante de Venezuela después de 25 años?, afirmando que «la mayoría de las encuestas de opinión sugieren que la oposición aplastaría a Maduro por un margen de 20 a 30 puntos». Los principales medios de comunicación citaron repetidamente a María Corina Machado «esperando» que «Nicolás Maduro acepte un proceso de negociación que permita una transición ordenada y sostenible«, con la intención de persuadir a los lectores de la inexorabilidad de la victoria de González.

La línea adoptada por los medios corporativos mundiales (incluidos, entre muchos otros, The Guardian, El País, NYT, Washington Post, Le Monde, France 24, BBC, Corriere de la Sera, y así sucesivamente hasta la saciedad) fue prácticamente idéntica en la predicción de la victoria de González. ¿Sabían algo que nosotros no sabíamos? Solo hay un centro de poder en el mundo con el poder de comandar la obediencia ciega de los medios corporativos mundiales, y está en Washington DC.

Además, durante varios meses antes de las elecciones, Venezuela fue objeto de una serie de ataques terroristas dirigidos contra instalaciones de almacenamiento de alimentos, pero principalmente contra el sistema eléctrico del país, con la evidente intención de dañarlo lo suficiente como para inutilizar también el sistema electoral informatizado. Es casi axiomático que, cada vez que hay elecciones en Venezuela, los ataques terroristas tienen como objetivo el sistema eléctrico del país (como ocurrió en diciembre de 2021, un mes después de que el chavismo ganara masivamente las elecciones regionales y municipales de noviembre).

Esta propaganda de los principales medios de comunicación se aderezó con una campaña de miedo (que comenzó ya en abril de 2024) que sostenía que en el «improbable caso» de que el presidente Maduro ganara (contendiente, solo posible mediante el fraude electoral), una mayor proporción de la población abandonaría el país, citando «encuestas» que afirmaban que hasta el 40% de los venezolanos, es decir, unos 12 millones de personas, se iría.

Los ingredientes clave del intento de golpe

El bombardeo terrorista de los medios de comunicación corporativos mundiales fue «complementado» por una campaña mediática de extrema derecha de odio despiadado y amenazas no solo contra los chavistas, sino también contra otros candidatos presidenciales de la oposición y sus familias. Para esta elección presidencial, la violencia verbal de la extrema derecha en las redes sociales ya estaba en pleno apogeo meses antes del día de las elecciones y, dando numerosos casos de violencia verbal y física previa por parte de ellos. Un artículo de mayo de 2024 profetizó que:

Este escenario de violencia, exacerbado por la polarización política y la propaganda de odio, crea un caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad social. La posibilidad de un escenario en el que grupos violentos intenten sabotear el proceso electoral e imponer su agenda por la fuerza es una amenaza latente que requiere de medidas contundentes para proteger la paz del país.

En Venezuela, la violencia verbal digital de la oposición, siempre en torno a las elecciones que pierden, ha llevado en los últimos 25 años inevitablemente a la violencia física gratuita, incluida la quema de personas vivas y el asesinato de muchos: alrededor de 20 en su fallido golpe de Estado de 2002; 11 en 2013; 43 en 2014, y 28 en 2017; todos eventos que produjeron cientos de personas heridas, traumatizadas, con muchos lisiados de por vida. Más sobre esto, más adelante.

Todo lo anterior se complementó con otra novedad, la guinda del pastel: un monumental ciberataque el día de las elecciones, principalmente al sistema electoral informatizado del CNE pero también a otros servicios estatales. Fue uno de los peores ataques de este tipo contra Venezuela.

Según la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, la primera fase del ciberataque tuvo como objetivo a CANTV (el principal proveedor de servicios de Internet de Venezuela) a partir de las 18:00 horas, justo cuando los centros de votación comenzaban a cerrar. El ataque retrasó severamente la transmisión de los resultados de los centros de votación al centro totalizador del CNE, de ahí las varias horas que se tardaron en anunciar los resultados. Los servicios de CANTV están contratados con la empresa estadounidense Columbus que informó a su cliente, CANTV, de la demora cibernética deliberada de las transmisiones.

Técnicamente, el retraso se produjo por el colosal aumento de los ciberataques dirigidos al CNE; Jiménez afirmó que fueron 30 millones por minuto, sobre los cuales pregunta, ¿quién tiene la infraestructura técnica y la experiencia (algoritmos, etc.), equipos, fuentes de energía y recursos, para desatar tal volumen de ataques por minuto y sostenerlo hasta por 20 horas ininterrumpidas? Jiménez también informó que la Bolsa de Valores de Caracas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros ministerios, el Banco Central, el Servicio de Identificación y Migración, la Agencia Tributaria y otros servicios públicos, es decir, equipos críticos para el funcionamiento del Estado, fueron atacados. Así, por ejemplo, no se puede procesar ningún pago digital (entregas, compras de artículos cotidianos como alimentos, medicinas o pago de facturas de teléfonos móviles, y mucho más) y no se pueden recaudar impuestos debido a los ciberataques.

Los ciberataques también han implicado el robo de datos de instituciones públicas y su publicación, haciendo públicos los nombres y datos completos de los pensionistas, e incluso el domicilio de militares con el lema «¡A por ellos!». En resumen, los ataques cibernéticos son ataques terroristas. Jiménez también explicó que la fuente son cuentas con IPS disfrazadas, pero que la mayoría, aunque no todas (como era de esperar), son de Estados Unidos (ver entrevista completa con el ministro Jiménez aquí, minutos 16:10 a 29:18 y ver aquí lista de instituciones afectadas por los ciberataques).

Los ataques cibernéticos pretendían no solo destruir el sistema electoral informatizado de transmisión de los resultados electorales para impedir totalmente que el CNE anunciara ningún resultado, sino también inutilizar otros tantos servicios esenciales para las actividades cotidianas destinadas a crear un caos generalizado y un pandemónium máximo.

El otro componente clave del intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos fue la ola de violencia bien preparada que se lanzó tras su derrota electoral. María Corina Machado y su combo desataron a miles de matones a sueldo que se lanzaron a la masacre el 29 de julio, atacando todo lo que oliera a propiedad pública con el odio más intenso dirigido a los símbolos del chavismo (estatuas de Hugo Chávez, de Coromoto, un emblemático cacique indígena del siglo XVII, y todo lo que estaba a su alcance; ver detalles aquí), y, también, chavistas de carne y hueso, que provocaron la muerte de 25 personas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, al informar al cuerpo diplomático acreditado (23 de agosto de 2024), les dijo que había pruebas claras de que la extrema derecha venezolana, «respaldada por el gobierno de Estados Unidos… habían contratado a las bandas de delincuencia organizada Tren de Aragua y Tren del Llano para iniciar el golpe de Estado» y desplegarlas «para generar violencia postelectoral». Estas bandas se habían dedicado a la «compra de votos a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia en zonas con fuerte presencia territorial y política del chavismo». Entonces, «¿cómo es que unos delincuentes que te cobran una cuota te ofrecen votar por una determinada opción a cambio de 50, 100 o 200 dólares?» (ver la evidencia de estos vínculos aquí, y detalles de las bandas criminales involucradas).

Los estrategas golpistas esperaban que la ola de violencia gratuita en muchas ciudades clave, tras el caos y la confusión causados por los ciberataques generalizados, obligaría a las autoridades, como de hecho sucedió, a desplegar la guardia nacional en los numerosos puntos de violencia creados por la oposición como maniobra de distracción para facilitar el ataque al palacio presidencial. Esta última fase fue concebida como una guerra relámpago letal contra el palacio presidencial. Una turba armada atacó con un «baño de balas» a 60 observadores internacionales que se encontraban en la sede del CNE en Caracas. El presidente Maduro informó a la nación que el 29 de julio se habían producido dos intentos de asalto al palacio (presidencial) de Miraflores por parte de turbas armadas.

Yvan Gil también explicó que el modelo golpista había sido «diseñado por la CIA y Estados Unidos» (A este respecto, ver La conferencia del embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al respecto, que caracterizó como una nueva modalidad de golpe de Estado de Estados Unidos, cuyos detalles dan escalofríos). Hasta el 14 de agosto de 2024, 30 miembros de dichos grupos habían sido detenidos con un arsenal que incluía «13 armas de fuego (cuatro de las cuales son rifles), 302 cartuchos, una granada, dos miras telescópicas, ocho transmisores de radio, diez linternas, siete cargadores, 35 cócteles molotov, 12 teléfonos celulares y seis motocicletas». Se trata de profesionales que, aprovechando el tumulto creado, se encargaron de asaltar el palacio presidencial, en preparación de la fase final del golpe, una «marcha masiva sobre el palacio», proclama de Edmundo González como presidente y probablemente solicitud de ayuda internacional (militar) inmediata.

La solución constitucional de Maduro

El fracaso del ciberataque del 28 de julio para destruir el sistema digital del CNE (y el de casi todas las demás instituciones públicas) sí retrasó los resultados de la transmisión de las mesas electorales, lo que llevó a que el primer boletín del CNE se emitiera casi a la medianoche con el 80% de los resultados, que, en una tendencia irreversible, le dio la victoria al presidente Maduro (51,2% contra 44,2% de Edmundo González; resultado confirmado con el segundo boletín del CNE con el 97% de los votos). Maduro obtuvo el 51,95% frente al 43,18% de González. Literalmente, segundos después del primer boletín del CNE, María Corina Machado apareció en televisión rechazando los resultados, alegando fraude y proclamando ganador a Edmundo González. Esta afirmación, en un coro asombrosamente homogéneo, fue, casi de inmediato, repetida por los medios corporativos mundiales. Machado et al han afirmado haber tenido el 40%, luego el 73%, el 80% e incluso el 100% de los registros de votación, a los que siguieron publicando, en un sitio web ilegal, resultados falsos que daban a González el 67% frente al 30% del presidente Maduro.

Aunque la publicación de los resultados por parte del CNE el 28 de julio había dislocado sustancialmente un componente clave del golpe de Estado, la extrema derecha lanzó la ola de violencia planeada de todos modos. Ante una operación tan letal liderada por Estados Unidos, el 31 de julio el presidente Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que se convoque a todos los candidatos y representantes de todos los partidos «a cotejar todas las pruebas y certificar los resultados del 28 de julio a través de una evaluación técnica». El mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, literalmente momentos después del llamado de Maduro, declaró que «dada la abrumadora evidencia (…) que Edmundo González Urrutia fue el que más votos obtuvo«, extendió el reconocimiento de Estados Unidos a González como ganador. Sin embargo, unos días después, Blinken dio marcha atrás y retiró tal reconocimiento. Esto no tiene precedentes, EE.UU. nunca ha dado marcha atrás en una decisión tan importante, especialmente considerando la fijación obsesiva de EE.UU. con Venezuela durante décadas.

El Tribunal Supremo de Justicia llevó a cabo una investigación y análisis técnico-pericial de las elecciones, tal como lo solicitó el presidente Maduro, y citó a todos los candidatos y a los 38 partidos políticos participantes en las elecciones del 28 de julio, para que presentaran toda la información electoral que tenían. La mayoría de los candidatos cumplieron, excepto Edmundo González. Peor aún, los partidos del PUD que apoyaron a González como candidato no presentaron ningún material o evidencia electoral, «argumentando que no tienen documentación [es decir] que no tienen registros de testigos de los centros de votación«. Fueron los únicos partidos que no presentaron nada; los otros 33 lo hicieron.

El CNE entregó todo el material electoral que tenía en su poder, es decir, el 100 por ciento de todo. Además, Edmundo González ha incumplido tres veces la citación de la Corte Suprema. Y la ‘combativa’ María Corina Machado, cómica-fashion, ha fingido haber caído en la clandestinidad. Así, el pasado 22 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los boletines emitidos por el CNE estaban respaldados por las actas de votación transmitidas por cada una de las máquinas de votación y concuerdan plenamente con los datos proporcionados por los centros nacionales de agregación, por lo tanto, «Certificamos, de manera inobjetable, el material electoral examinado y validamos los resultados emitidos por el CNE que indican que Nicolás Maduro Moros fue electo».

La razón es el burdo fraude electoral perpetrado por Machado y otros miembros de la coalición de extrema derecha que apoya la candidatura de Edmundo González. La información electoral que publicaron en un sitio web ilegal y fraudulento incluye 9.472 imágenes de registros electorales que representan el 30% del total de registros electorales (de más de 30.000 centros de votación). Peor aún, el 83% de ellos no tienen metadatos, lo que significa que pasaron por un software de edición, es decir, «no son una copia fiel del original«. Lo llamativo de las afirmaciones de Machado-González sobre la victoria electoral es el nivel de manipulación de los falsos resultados publicados en el sitio web ilegal cuyo dominio fue creado el 27 de julio. Esto nos lleva a la pregunta muy pertinente: «Si María Corina Machado y Edmundo González ganaron las elecciones y tienen los registros que lo demuestran, ¿por qué van a publicar estos registros falsos?».

No es de extrañar que Blinken haya dado marcha atrás y que ningún gobierno en el mundo haya reconocido a Edmundo González como «presidente electo». Sin embargo, desde la Casa Blanca hasta el Comando Sur, el jardinero de la UE Josep Borrel, los gobiernos de derecha en América Latina -así como Boric, el infame Almagro y la OEA, el Centro Carter, el Panel de Expertos de la ONU, y todos los demás a lo largo de la cadena alimentaria política mundial, incluidos, por supuesto, los medios corporativos mundiales, que, como era de esperarse, han cuestionado la validez de la reelección del presidente Maduro.

Algunos intelectuales de izquierda

Por último, pero definitivamente menos importante, esta cadena alimenticia incluye a intelectuales y académicos de izquierda como Alejandro Velasco, Gabriel Hetland y Mike Phipps (hay algunos otros, pero estos tres, por la similitud en sus mensajes, son quizás una muestra emblemática).

Los tres, sin prueba alguna, escribieron artículos que concluían definitivamente que González había ganado y Maduro había perdido. Parecen haber sido persuadidos por los «datos» publicados en el sitio web ilegal creado por María Corina Machado y compañía, que han sido refutados desde todos los ángulos imaginables. Velasco declaró sin rodeos: «El 28 de julio, Maduro perdió». (La Nación, 8 de agosto de 2024). Hetland es peor, el título de su diatriba es ¿Fraude predicho? (Sidecar, 21 de agosto de 2024), en él concluye con optimismo que «los socialistas, de cualquier signo, no deberían dar cobertura a un gobierno que arregla las elecciones y luego se aferra al poder castigando brutalmente a sus ciudadanos más pobres cuando protestan». El artículo de Phipps (Labour Hub, 21 de agosto de 2024) afirma que la respuesta del gobierno de Venezuela a la crisis causada por las sanciones estadounidenses fue «represión y fraude electoral». Probablemente, en su afán por condenar al gobierno bolivariano, los tres se apresuran a describir a los matones a sueldo desatados por Machado y compañía como una rebelión de la clase trabajadora contra el gobierno.

Los tres cuestionaron los ataques cibernéticos, describiéndolos como una especie de artimaña para justificar el fraude, argumentando que el presunto hackeo no impidió que el CNE contara los votos entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Sin embargo, saben que el CNE informó en detalle que el hackeo no había detenido el conteo, sino que había retrasado drásticamente la transmisión de los resultados. Todavía el 19 de agosto, el ministro de Ciencia y Tecnología informó que el CNE y 120 sitios estatales venezolanos estaban sufriendo ataques cibernéticos, que han continuado. A esto le siguió un atentado terrorista contra el blanco favorito de la extrema derecha, el sistema eléctrico, el 30 de agosto, que afectó a 21 estados, entre ellos «Táchira, Mérida, Barinas, Zulia, Falcón, Nueva Esparta y parcialmente sectores de La Guaira, Miranda y Caracas». Luego, el 2 de septiembre, la estación ferroviaria Terminal Libertador Simón Bolívar sufrió un sabotaje intencional por incendio en su sala eléctrica. En diciembre de 2021 se habían registrado ataques similares que afectaron a diversas partes de 19 estados por el apagón, y que, a su vez, habían sido precedidos por otro en marzo de 2019 que afectó al 80% del país. Los ataques cibernéticos y terroristas fueron y son reales, no importa lo que estos tres puedan decir.

Los tres describen al gobierno del presidente Maduro como neoliberal o implementando políticas neoliberales, afirmando que su administración representa una ruptura con el legado revolucionario de Hugo Chávez y los tres culpan al gobierno como la causa clave de la miseria que millones de venezolanos han soportado. Y aunque los tres adornan sus argumentos lamentando las sanciones de EE.UU. y reprendiendo a la oposición por haber denunciado repetidamente el fraude en el pasado, (in)voluntariamente repiten como loros del imperialismo y los argumentos de la derecha sobre el fraude electoral. Los tres abogan por una alternativa «de izquierda» o «democrática» al chavismo, y en el caso de Hetland por dejar de «cubrir» (es decir, dejar de apoyar) al gobierno del presidente Maduro. Todos los argumentos de esta troika son, o bien distorsiones prejuiciosas de la realidad, o simplemente falsos. Al respecto, Nino Pagliccia, al referirse al llamado de Velasco por una alternativa al chavismo, dio en el clavo, al afirmar acertadamente que tal postura «no es una afirmación de los ideales de la Revolución Bolivariana, sino una capitulación ante Estados Unidos y su oposición patrocinada en Venezuela».

Lo que ha contribuido sustancialmente a confundir todo el asunto, tal vez involuntariamente añadiendo credibilidad a la extrema derecha, al imperialismo estadounidense y a la falsa propaganda de los medios corporativos mundiales sobre una narrativa de «elecciones amañadas por el CNE del 28 de julio», han sido las opiniones equívocas e injustificadas de Lula y Petro que, sin ninguna evidencia sólida, parecían haber dado por sentado que había fraude en las elecciones. El 15 de agosto, el presidente Maduro respondió diciendo que el gobierno venezolano nunca intervendrá en los asuntos internos de esos dos países. Y continuó diciendo que, al igual que en el caso de Brasil, la acusación de Bolsonaro de fraude en las elecciones de 2022 que ganó Lula, y su negativa a aceptar los resultados, fue decidida por el Poder Judicial brasileño, y «nadie de Venezuela o de nuestro gobierno se hizo público para intervenir en este asunto«.

Conclusión

Entonces, a la pregunta, ¿hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela? La respuesta es un rotundo SÍ, pero perpetrado por María Corina Machado, el candidato respaldado por Estados Unidos, Edmundo González, y agentes del PUD (como revelan las investigaciones). Claramente, el falso sitio web del PUD con los falsos resultados electorales que no soporta ni el más mínimo escrutinio, fue creado bajo la premisa de desactivar con éxito el sistema electoral del CNE, para que Estados Unidos, sus cómplices de la UE, sus lacayos latinoamericanos y la extrema derecha venezolana pudieran señalar al suyo como el único sitio con resultados de votación. Fue un punto central del complot golpista liderado por Estados Unidos. Un complot golpista que Estados Unidos podría aplicar contra cualquier gobierno en cualquier lugar (me pone nervioso pensar en Brasil y Colombia en este sentido).

El presidente Maduro, enfrentado a un golpe de Estado liderado por Estados Unidos que incluyó un gigantesco ataque cibernético destinado a inhabilitar el CNE y en la medida de lo posible los servicios estatales, además de una violencia generalizada en todo el país, incluidos dos asaltos armados contra el palacio presidencial, podría haber optado por declarar el estado de excepción y restringir los derechos civiles (Art.338 de la Constitución). En su lugar, optó por recurrir a la Sala Electoral del Tribunal Supremo para resolver la disputa electoral (art.297), cuyo resultado, como hemos examinado anteriormente, demolió el gigantesco paquete de mentiras y noticias falsas en torno a las afirmaciones de fraude electoral. Es decir, el presidente Maduro recurrió a los mecanismos democráticos del Estado de Derecho tal y como estipula la Constitución. La sentencia de la Corte Suprema contribuye a la consolidación de la democracia. Por el contrario, el PUD, María Corina Machado y Edmundo González quedan políticamente desnudos y moralmente expuestos (sobre lo cual no se requiere mucho esfuerzo), lo que explica por qué el primero cayó en la «clandestinidad» y el segundo se ausentó sin permiso.

Más importante aún, la madurez y disciplina del movimiento chavista, dirigido por el presidente Maduro, fue capaz de derrotar con éxito el golpe por medios políticos en lugar de por la fuerza, y estrictamente dentro del estado de derecho y los principios constitucionales estipulados en la Constitución Bolivariana. A medida que salen a la luz más detalles del complot golpista liderado por Estados Unidos, la fuerza y el apoyo del pueblo al proceso bolivariano se vuelven más sólidos. Por el contrario, los patéticos esfuerzos de María Corina Machado y sus mentores estadounidenses para escenificar una «gran protesta internacional» masivamente promovida que, a pesar de movilizar a un ejército de influencers y periodistas pagados en las redes sociales, lamentablemente no logró llenar ni cuatro cuadras en Caracas (en otras ciudades, fue peor).

Apenas un mes después de la victoria electoral del presidente Maduro y la posterior derrota del golpe de Estado liderado por Estados Unidos, se produjo un sabotaje terrorista masivo al Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, sumiendo a casi todo el país en la oscuridad. Fue una acción de retaguardia destinada a inhabilitar las instituciones del Estado con la esperanza de resucitar el golpe derrotado liderado por Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos, con la complicidad de las autoridades de República Dominicana, secuestró un avión venezolano. El avión es utilizado principalmente por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Se trata de uvas agrias, o simplemente de una intensificación de la agresión estadounidense que busca revertir la contundente derrota que el chavismo dio a su plan golpista? El Departamento de Justicia de EE.UU. declaró (2 de septiembre) que había «incautado una aeronave que alegamos fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches».

A diferencia de algunos intelectuales, como en la muestra de nuestro artículo, Estados Unidos, sus cómplices globales y los medios corporativos mundiales, no se preguntan qué le espera al chavismo. No lo hacen porque son parte de una maquinaria global liderada por Estados Unidos destinada a derrocar a la Revolución Bolivariana para destruir todos sus logros. La troika hace esta pregunta como si tuviera la respuesta, cuando parecen incapaces de detectar siquiera un golpe de Estado liderado por Estados Unidos, incluso mientras se desarrolla frente a nuestros propios ojos. Sin embargo, el presidente Maduro ha respondido a esa pregunta anunciando megaelecciones en 2025, en las que se elegirán 23 gobernadores, 355 alcaldes, 23 consejos legislativos y 355 consejos municipales, comicios cuyo único requisito para participar es cumplir con las leyes venezolanas.

A partir de los 31 procesos electorales anteriores (y las elecciones presidenciales del 28 de julio), sabemos que las elecciones de 2025 serán justas, pero es poco probable que estén libres de la interferencia y las sanciones de Estados Unidos. La troika de nuestra muestra, aunque reconoce las consecuencias devastadoras de las sanciones estadounidenses en los artículos citados, parece aceptarlas como un hecho de la vida («Las perspectivas de que EE.UU. levante las sanciones parecen remotas», Hetland) y notoriamente no exige su levantamiento. Quizás, para las próximas elecciones de 2025, la troika elabore piezas bien escritas para exigir que Estados Unidos no interfiera. Nosotros, en el movimiento de solidaridad, continuaremos pidiendo el levantamiento inmediato e incondicional de todas las sanciones ilegales de EE.UU. y el cese de la injerencia criminal de EE.UU. en sus asuntos internos. El presidente de Venezuela es elegido por el pueblo de Venezuela, no elegido a dedo por el Departamento de Estado de los EE. UU. ¡Manos fuera de Venezuela!

Por Francisco Domínguez

Septiembre 8 de 2024

Francisco Domínguez, ex refugiado de Chile en el Reino Unido, es director del Centro de Estudios Brasileños y Latinoamericanos de la Universidad de Middlesex, Londres, Reino Unido.

Columna publicada originalmente el 9 de septiembre de 2024 en Orinoco Tribune.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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