¿En qué espejo nos miramos?

El homenaje a Pinochet al que adhirió un puñado de fanáticos, militares en retiro y ex agentes de la Dina y la CNI, encarcelados y en libertad, me retrotrajo a las conversaciones que a la hora del té tenía a comienzos de los 90 con el destacado penalista Manuel Guzmán Vial, cuando yo tomaba apuntes para El Libro Negro de la Justicia Chilena. Era yo una reportera de convicciones imbatibles, defensora a raja tabla del principio rector de esta profesión, la libertad de expresión. El caso New York Times versus Sullivan y otras referencias que aún acarreaba frescas de mis tiempos de estudiante universitaria, daban marco teórico a mis alegatos. La experiencia personal, todavía fresca, de la dictadura y la censura en sus más diversas formas, formaban parte del bagaje emocional de mis argumentos.

Guzmán Vial, quien fue uno de los asesores de Patricio Aylwin en esos primeros años de transición democrática y que con frecuencia se mencionaba como candidato a Ministro de Justicia, con mucha más experiencia y lectura en el cuerpo, intentaba sin mucha suerte, que yo aceptara otras interpretaciones y límites a ese principio. La defensa de la democracia, por ejemplo.

Para mí que, como miles de mi generación, conviví en mi época universitaria con el Artículo Octavo de la Constitución, “defensa de la democracia” sonaba a prohibición de partidos políticos, a pensamientos castrados y a verdades oficiales irrefutables, y yo no quería que nadie me prohibiera, ni a otros, pensar. Mis creencias se acentuaron más tarde cuando una Ley vetusta declaró prohibido El Libro Negro de la Justicia Chilena, y desde entonces me siento particularmente más inclinada a apoyar la doctrina desarrollada por la Corte Suprema estadounidense en torno a la Primera Enmienda, que a la doctrina alemana que después de la experiencia nazi declaró proscritos tanto al Partido Nacionalsocialista como al Partido Comunista.

Más allá de las razones filosóficas para estar de acuerdo con un principio de libertad de expresión extenso que proteja aún los modos de pensar que más repulsión social nos causan, me ha parecido siempre que hay argumentos de eficacia política. Prohibir la expresión de cierto tipo de pensamiento -por ejemplo, el negacionismo del holocausto o la ideología antimarxista que encarnaron los militares y civiles que participaron en la dictadura de Pinochet- no elimina su existencia en la sociedad. En lo personal, me siento más segura sabiendo el domicilio y rostros de quienes adhieren al ideario pinochetista que a tenerlos reuniéndose clandestinamente y destilando en secreto su odio, sin que podamos refutarlos en el tribunal de la opinión pública.

Sin embargo, el homenaje a Pinochet y los argumentos esgrimidos por los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos me han hecho reflexionar sobre las argumentaciones de mi viejo y sabio amigo. ¿Debemos los chilenos tolerar que un grupo, por pequeño y poco influyente que sea, se atreva a negar lo innegable, a ensalzar al ejecutor de una política sistemática de Estado de violaciones a los derechos humanos, en respeto de la más irrestricta libertad de expresión? ¿O debemos considerar, como dice la Constitución alemana, que quien para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, abuse de la libertad de expresión y de opinión, particularmente de la libertad de prensa; de la libertad de enseñanza; de reunión; de asociación; del secreto de las comunicaciones postales y de las telecomunicaciones; así como del derecho de propiedad, y del de asilo pierde estos derechos fundamentales? ¿Es ingenuidad suicida permitir que ciertos pensamientos se expresen?

Hoy creo que la respuesta no es fácil, unívoca, ni dogmática. Los estadounidenses tomaron un camino, y los alemanes y europeos, otro. Más allá de los convencimientos filosóficos, parece haber sido la experiencia de esos pueblos, haber vivido o no las prácticas de exterminio de manos de sus propios compatriotas, lo que ha motivado su adscripción a una doctrina u otra.

Los chilenos no hemos tenido, ciertamente, la posibilidad real, seria y amplia de debatir estos temas. Nos vemos impelidos a tomar posturas forzados por los hechos, pues ni la Constitución ni muchas de nuestras leyes fundamentales fueron fraguadas en el debate democrático y soberano.

Estas no debieran ser definiciones tomadas por periodistas y opinólogos, ni por nuestras poco representativas elites. Tal vez este sería éste un buen momento para tomar este toro por sus astas. Que la democracia nos alcanzara para debatir sobre qué educación queremos, qué tipo de desarrollo nos acomoda, qué tipo de economía nos satisface y ciertamente, comenzando por qué tipo de Constitución nos representa y se hace cargo de nuestros traumas y nuestros dolores.

Por Alejandra Matus

Periodista y Académica Universidad Diego Portales/Master en Administración Pública Universidad de Harvard.

El Ciudadano Nº127, segunda quincena junio 2012