“Educación pública, gratuita y de calidad” Con esas tres consignas en el 2011 se ponía en marcha uno de los movimientos sociales más exitosos de la historia de Chile, pues logró instalar en el debate público ideas para un nuevo paradigma educativo, una mirada sistémica enfocada en la educación como un bien social en lugar de un bien de consumo. Sin desmerecer las otras dos demandas, hoy se hace necesario reflexionar sobre la gratuidad universal.
Han pasado 6 años desde entonces y muchas cosas son diferentes; las conducciones, el gobierno, los ministros, dirigencias e incluso son otros los estudiantes. Pero hay un argumento en particular, esgrimido por la derecha, que no ha cambiado. Un argumento que escucho cada vez que he debatido sobre la reforma: “La gratuidad es injusta porque le estaríamos pagando la educación a quienes sí pueden pagar”. Si bien el argumento parece ser intuitivamente cierto, el argumento es, a mi juicio, rebatible desde tres puntos de vista.
En primer lugar hay una diferencia valórica, discursiva, de lo que comprendemos por educación. Para la derecha la educación es un bien individual, una inversión, que permite acceder a un mejor futuro dado que un título posee valor en el mercado laboral. Para mi, y tantos otros, la educación es un bien social. Educar a toda la población significa desarrollo, le sirve al país y permite que el conocimiento llegue a más personas. La gratuidad democratiza la educación, hace que pueda ser accesible para todos, no distingue por bolsillo y transforma un privilegio en un derecho. Pagarle a quienes pueden pagar es insignificante comparado con la posibilidad de que se eduquen quienes históricamente han quedado marginados del sistema educativo, puedan educarse en igualdad de condiciones respecto a quienes siempre han podido hacerlo.
En segundo lugar, el argumento parece olvidar la existencia de los impuestos como forma de redistribución. Para que la gratuidad universal sea justa debe ir acompañada de una tributación más fuerte, más ambiciosa, que sea capaz de exigirle a quienes tienen más que paguen más. Pero que eso no signifique una educación desigual, que los que tienen menos no puedan acceder a educarse, implica poder acceder a la misma calidad educativa. Sin duda pienso que es justo que la gente pague de manera diferente, pero no siento que eso signifique recibir una calidad diferente, al menos cuando se trata de educación. Cuándo la derecha no quiere que los que tienen mucho dejen de pagar, están defendiendo el derecho de pagar por algo mejor, de pagar por algo diferente, de dejar afuera a los que no pueden pagarlo, de pagar por segregar. La gratuidad universal elimina la segregación por capacidad de pago al impedir el pago por segregación por parte de quienes tienen más.
Finalmente, el argumento de la derecha esconde la afirmación de que la Gratuidad universal sería una política regresiva, es decir, que aumenta la desigualdad. Más allá de la ironía de que el modelo económico impulsado por la derecha es responsable de los altos índices de desigualdad en el país, cabe decir que aún sin una reforma tributaria que mejore la redistribución de los ingresos en el país, la gratuidad universal puede ser una política pública progresiva, o al menos neutra. Si una política pública es progresiva o regresiva depende del resultado de la desigualdad posterior a ésta. Y dado que el gasto en educación para quienes tienen menos es, en proporción al ingreso, sustantivamente mayor al de los que tienen más, el resultado final es que al pagarle la educación a todos no se traduce en un aumento de la desigualdad, es decir, el coeficiente de Gini no aumentaría si la gratuidad universal fuere instalada hoy. Esto no quita que sea necesaria una reforma tributaria y más mecanismos para asegurar el cobro de los impuestos, pero desmiente que la gratuidad universal sea una política regresiva.
Dados los argumentos anteriores, podemos concluir que la gratuidad universal no es en ningún sentido injusta, regresiva, ni mucho menos una demanda de los privilegiados, porque los privilegiados muchas veces prefieren pagar su educación. Es en realidad una necesidad colectiva imperante si queremos construir un mejor futuro, si queremos vivir en un país educado y justo, en lugar de vivir en el país más desigual de la OCDE.
Mauricio Moreno
Estudiante de Psicología UC