La reciente muerte del Peñi Jaime Facundo Mendoza Collío, por acción directa de un funcionario de Carabineros, puso una espina más a la corona de injusticias que históricamente ha sufrido el pueblo mapuche.
Jaime ha sido rápidamente ascendido a la categoría de guerrero-héroe por su pueblo, mientras La Araucanía continúa fuertemente militarizada.
Esta situación de violencia endémica podría haberse evitado hace años si el Estado chileno hubiere aceptado que este pueblo posee su propia lógica para planificar su destino.
Esta falta de entendimiento lleva a muchos a comprender la violencia solo cuando se dañan bienes de privados influyentes. En cambio, se omiten los allanamientos a los hogares, detención ilegal de niños y ancianos, montajes policiales y judiciales, ataques reiterados de comandos paramilitares y los asesinatos por la espalda a algún comunero.
He escuchado con alarmante preocupación cómo desde la misma Sala del Senado se les llama «terroristas» a quienes luchan por su tierra y piden se aplique la ley respectiva, sin ponderar la estigmatización que ello implica. Eso jamás va a aplacar el clamor de la sociedad mapuche. Solo va a confirmar que el Estado de Chile sigue respondiendo a esas demandas con balas, jueces y cárceles.
Hay que dar comienzo a la negociación justa, sin perder nunca de vista que las demandas son por tierras usurpadas por el Estado chileno a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX.
El desafío sigue vigente para el Estado y la sociedad chilena. No estamos ante una situación generalizada y menos de terrorismo. Lo que hay es la desesperación ante un Estado sordo y ciego que reduce la magnitud del conflicto a expresiones como «grupúsculo de radicalizados», «agitadores extranjeros» o «terroristas».
No menos peyorativo es entenderlo como un tema de «pobreza» que se resuelve mágicamente con «subsidios» y «becas».
Reclaman nuestros pueblos originarios que están imbricados con una historia, instituciones propias, ritos, autoridades políticas y religiosas. Por ende, con derechos que van más allá de un forzado reconocimiento.
Aceptar la actual política de devolución de tierras tal como está es legitimar la ocupación militar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que nos gusta llamar «Pacificación de La Araucanía». No asumir esto es no entender la historia Chile ni la historia mapuche, ni siquiera reciente de ambos. Es no querer dar una solución real al problema y perpetuar la violencia.
Solo cambiando este enfoque podremos avanzar en las medidas que hay que tomar de manera urgente:
1.- Acelerar la justicia en los crímenes cometidos por carabineros contra las víctimas mapuches de estos últimos años y revisar los procedimientos con que actúan en las comunidades.
2.- Adecuar minuciosamente toda la legislación chilena al Convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional.
3.- Hacer una revisión de la CONADI, dotándola de los funcionarios adecuados y erradicar las malas prácticas.
4.- Revisar la legislación y los procedimientos actuales para la adquisición de tierras por parte de la CONADI.
5.- Ampliar considerablemente el presupuesto para la compra de tierras indígenas en la próxima Ley de Presupuestos.
6.- No aplicar más la Ley Antiterrorista ni la de Seguridad Interior del Estado cuando de reivindicaciones étnicas territoriales se trate.
7.- Revisar los paradigmas abordados para establecer un diálogo sincero donde se reconozca a las autoridades tradicionales mapuches como tales, se escuchen sus planteamientos y se recoja la historicidad y el contexto del conflicto.
La sangre derramada exige la responsabilidad histórica de escuchar a loncos, werkenes, ñempines y machis; a aprender de sus sueños, para que estos vuelvan después de siglos a revolotear libremente por Collipulli, Lumaco, Neltume, Liquiñe, Lle-lleu, Cullinco, Tirúa.
Y también se necesita claridad respecto a los criterios que dominan las fuerzas especiales de Carabineros cada vez que intervienen en comunidades de nuestros pueblos originarios.
Envío mis condolencias a la familia y a la comunidad de Jaime Mendoza Collío….
Por Nelson Ávila
Senador de la República
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