Exprópiese…

Como si se tratara de un guion aprendido de antemano, cada vez que alguna autoridad habla sobre expropiaciones surgen en los sectores de derecha los mismos argumentos ridículos. En primer lugar, y de forma arbitraria, la comparación entre la autoridad que realizó el dicho y las autoridades de cualquiera que sea el país en turno que es socialmente peor visto; sea esto merecido o no. Los candidatos ideales son, en nuestras generaciones, los mismos: “Así empezó Cuba/Venezuela/Nicaragua” o bien, si son el tipo de gente que quiere pasar por ser “de izquierda” aunque sus rancias ideas estén más a la derecha que cualquiera “Como está pasando en Israel/El Salvador/Estados Unidos”.

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Poco importa que la comparación sea totalmente gratuita y especialmente, que quien habla no tenga la menor idea de los procesos sociales y económicos de esos países -que, tenemos que aclararlo, no lo saben nunca-. El argumento ahí no es un argumento lógico de comparación, sino emotivo: “no me gustan que se hable de expropiar y no me gusta Cuba, por lo tanto, son lo mismo”.  

Una explicación profunda y casuística de las diferencias sociales, culturales y económicas sobre los procesos de expropiación no les interesan por la sencilla razón de que ellos han tomado ya su decisión sobre que “son iguales” y por lo tanto, cualquier argumento les sonará a “excusas”. Es más, entre los más inteligentes de ellos, lo saben perfectamente, pero usan esa idea para evitar ser confrontados con una verdad compleja que les problematiza su narrativa. Como bien dicen mis amigos, ellos jamás dejarían que algo tan superfluo como la verdad se entrometa en una buena historia.

En otros casos, especialmente cuando encontramos casos de personas que tratan con gente que no acepta ese nivel de análisis político, vemos un giro argumentativo, dirigido a mantener la misma idea, pero de forma más “fina” -que no lo es en absoluto-, hablando sobre el “estado de derecho”, el “respeto a las leyes” y el “derecho a la propiedad” como si se tratara de un derecho absoluto. Baste recordar a estas personas que el respeto a la ley y el estado de derecho pasa por reconocer y aceptar todas las leyes y no sólo aquellas que les gustan a ellos. Y que la expropiación es un mecanismo legal, legítimo y existente en nuestro sistema jurídico. No es algo ilegal, ni una violación al procedimiento o al estado de derecho, ni mucho menos a ningún tipo de legitimidad del estado. Es más, bastaría con recordarles que ningún derecho es, jurídicamente, un derecho absoluto, y que el derecho de propiedad tiene limitaciones claras a nivel jurídico. Si un derecho no las tuviera, no sería entonces un derecho en sentido jurídico, sino un derecho moral -y para eso, ya tenemos las misas de domingo en las Ánimas-; los derechos jurídicos están limitados de origen porque para existir dentro del sistema jurídico, deben estarlo. Y más aún, que los derechos patrimoniales, que son lo que normalmente llaman “derecho de propiedad” no son un derecho humano, sino de otro tipo (por ello yo no puedo llegar con el estado y exigirle tener una propiedad privada, sino tan sólo pedirle que respete los límites patrimoniales de lo que poseemos jurídicamente).

Finalmente, el argumento se dirige a cuestiones sociales y de clase disfrazadas como verdades evidentes. Se habla de disminuciones de valor en propiedades aledañas, se habla de problemas de agua o de estacionamiento/transporte, se habla de seguridad o de como una expropiación dificultaría la vida de toda la gente. Estos argumentos, todos, son siempre hipócritas, por la sencilla razón de que parten de que como el estado de cosas actual no son problemáticas para la gente que los articula, entonces no existen problemas. Si otros tienen problemas, aún cuando sean incluso más graves que aquellos que indican los quejosos, esos no son verdaderos problemas… porque no les afectan.

Este último argumento puede encontrarse fácilmente en la pugna ahora existente entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Grupo Proyecta. Claramente, la gente que vive en las cercanías de las zonas donde se realizarán las donaciones que fueron solicitadas con la advertencia de una posible expropiación en caso de ser rechazadas, sienten que su patrimonio podría tener -nótese el uso del condicional- una disminución en su valor, o mejor dicho, en su valor futuro. Un valor, que, tenemos que decir, no fue pagado previamente, sino esperado para el futuro. Millones de cosas podrían cambiar o eliminar esa posibilidad: inundaciones, cambio climático, movimientos tectónicos, conflictos sociales, movimientos de los mercados, harían que eso no se concretara nunca y por ello, no son reconocidos como daños patrimoniales directos de esos procesos. Pero al mismo tiempo, esas personas no se molestan de vivir en terrenos que previamente fueron expropiados para después ser vendidos a ellos: Angelópolis, La Vista, Lomas de Angelópolis, son resultado de procesos expropiatorios realizados en el pasado, tan cercanas que yo todavía las recuerdo perfectamente. ¿Por qué esas expropiaciones fueron buenas para permitirles a ellos tener una casa, pero las actuales no porque les darían casas a otros? ¿Por qué les parece que tener de vecinos a policías o trabajadores del estado implica un peligro, pero se alegraban de saber que sus vecinos eran los grandes narcotraficantes del país o sus hijos?

El Gobernador de nuestro estado ha osado, hablar sobre expropiaciones en esta encrucijada. Lo hace con una razón que considero adecuada: el problema que tenemos en el mundo -y en el país, y en la ciudad- para tener habitación adecuada, digna y accesible para las y los trabajadores. No podemos decir que existen responsables directos y personales, claro, pero los procesos que han llevado a este problema son fácilmente rastreables a una manera de articular las relaciones en las ciudades, de entender las relaciones de trabajo y de cómo se organizan los servicios, bienes y actividades en nuestros territorios. Y en eso, si podemos encontrar a personas -sean ellas particulares o de gobierno, sean ellas individuales o de grupo- que tienen una mayor responsabilidad que otros. Desde Anel Nochebuena usando los recursos públicos para su propio beneficio y el de sus amigos para centralizar los servicios de cultura en la ciudad, hasta los grandes especuladores inmobiliarios de nuestro estado que se benefician con que la gente tenga problemas para encontrar casas o las empresas privadas usando nuestros recursos para ganar sin dar nada a cambio.

La solución a ello, es no sólo legal, sino también relativamente simple. Por el lado de funcionarios públicos, separarlos del cargo. En el caso de privados -especialmente en aquellos que se han beneficiado con expropiaciones en el pasado, pero que no han dirigido sus intereses al bien público- a la expropiación legal y legítima por parte del estado.  Por respeto a la legalidad, al estado de derecho, y al derecho de propiedad de todas y todos los poblanos.

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