Muchos meses antes de la última elección presidencial, la derecha esgrimió como una suerte de caballito de batalla el tema de la “seguridad ciudadana”, que también formó parte de la agenda de los gobiernos concertacionistas aunque con mayor énfasis en lo social, la rehabilitación y estudios más profundos respecto de las causas del incremento de la delincuencia, sin que por ello se hayan concretado medidas eficaces.
En marzo, en segunda vuelta y tras medio siglo sin ganar una elección presidencial, las huestes piñeristas, de la mano de la UDI, sostén político de la dictadura, conquistaron La Moneda, asumiendo el poder que les faltaba: el político.
Erradicar la delincuencia, además de “reconstruir” el país tras el terremoto de febrero, fueron las prioridades; luego vinieron la reforma a la educación, la salud, mejoramiento del transporte público y un sinnúmero de promesas, muchas de las cuales incumplidas, en proyecto o, lisa y llanamente, que han quedado en el discurso.
Desde la génesis de la campaña de Sebastián Piñera, el Instituto Libertad y Desarrollo, estrechamente vinculado a la derecha política y económica, así como a las policías e instituciones militares, fue la fuente inspiradora y guía de las políticas adoptadas por los inquilinos de Palacio.
Por su parte, el presidente de la República, en una suerte de “copiar y pegar”, fundió ideas, propuestas y proyectos tanto de gobiernos anteriores como de políticos europeos y norteamericanos; y su propaganda acerca de la inseguridad ciudadana se basó en lo que en Nueva York se conoció como “Tolerancia Cero”; es decir, combatir el desorden, infracciones e incumplimiento a las leyes cualquiera fuese su naturaleza. Como en la vitrina aquella del tango, se mezclaron hurtos simples, homicidios y violaciones a menores y, como suele ser, los más pobres se convirtieron en asiduos visitantes de cárceles y comisarías.
CÓDIGO DE JUSTICIA DEL SIGLO 19
“¡Se les acabó la fiesta a los delincuentes”!, rezaba uno de los afiches de propaganda de Piñera, y políticos de Renovación Nacional, de la UDI y de otras tiendas, se sumaban al concierto que exigía “mano dura”, fin de la llamada “puerta giratoria” y “castigos ejemplares, encerrando a los antisociales tras las rejas tirando las llaves”.
Eso fue precisamente lo que sucedió ayer miércoles, cuando el país fue testigo de la mayor tragedia carcelaria en la historia de Chile: más de 81 reos perecieron abrazados por las llamas o asfixiados por el humo durante un incendio en una de las torres del presidio de San Miguel.
Presurosos, ministros, diputados, senadores y representantes del actual gobierno, apoyados por las frases de obispos y curas y, ciertamente, por medios de comunicación liderados por el duopolio Mercurio-Copesa y de la televisión, se apresuraron en ofrecer el pésame a las familias de los fallecidos, prometiendo esclarecer las circunstancias del siniestro que acabó con la vida de los reos y adoptando medidas para evitar una repetición de tan macabro hecho.
Lejos estaban las voces airadas que pedían más mano dura; más recintos penitenciarios y penas más prolongadas para los infractores: lo políticamente correcto debe primar, en particular cuando las policías, el Ministerio del Interior, parte importante de la prensa y el propio Gobierno ha metido la pata desde que asumió las riendas del país, con casos emblemáticos, como el de Saif Khan, los jóvenes del “caso bombas”, comuneros mapuche liberados luego de meses en prisión debido a la inexistencia de pruebas, la represión contra habitantes de Rapa Nui y un largo etcétera.
Hoy, mientras muchas familias lloran a sus muertos y un olor agridulce inunda la zona más cercana a la cárcel de la tragedia, se hace mención a la precariedad de infraestructura del sistema penitenciario; a la falta de recursos financieros, materiales y humanos, al hacinamiento. Las cárceles concesionadas vuelven a la palestra mientras empresas nacionales y españolas se frotan las manos, pues son un buen negocio, de alta rentabilidad, pero de rehabilitación ni una palabra.
“Creceremos al seis o siete por ciento”, pregonan el Presidente y su ministro de Hacienda, aunque en verdad, ese ritmo de crecimiento se da sólo en la población penal, con más de 55 mil ciudadanos y ciudadanas tras las rejas; el doble de hace 15 años. Una de las más altas de América Latina.
La cacareada Reforma Procesal Penal hizo su trabajo, replicando normativas que datan del siglo 19, donde beber en la calle u oficiar de vendedor ambulante, sin autorización, para sobrevivir a la cesantía, se castiga con el encierro. Aquí hubo casos donde no se respetaron penas alternativas o remisión de la misma a quienes hubiesen sido condenados a menos de 5 años: un joven de 20 años, arrestado por beber en la vía pública, otro que vendía CD:s “pirateados” y uno más que fue detenido por infracciones menores pagaron con su vida o resultaron gravemente heridos.
La política de gobierno en torno a la seguridad ciudadana, la televisada, se muestra por las pantallas de Mega, TVN y Chilevisión, en series donde la emocionalidad y el sensacionalismo son el principal ingrediente, y los más pobres, los actores.
El siniestro de la Torre 15 quedará grabado en la memoria de una sociedad que clama muchas veces más por revancha que por justicia, porque si de justicia se tratara, apellidos de alcurnia, empresarios, civiles connotados, militares, policías y curas, hubiesen sido también alcanzados por las llamas.
Por Enrique Fernández Moreno
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