Hacia la reforma que queremos

Hace unos días el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en conjunto con Ricardo Paredes, rector del DUOC, publicaban una columna manifestando su profunda preocupación ante la postergación de los estudiantes de ETP, por parte del gobierno en la reforma a la ES. Presentando ante los lectores el hecho de que la reforma propuesta alcanza solo al 20% de los 500.000 estudiantes de este tipo de instituciones. El diagnóstico presentado por ambos es correcto, la reforma a la ES presentada por el gobierno de Michelle Bachelet se queda más que corta en todas las temáticas a las que apunta el Movimiento Estudiantil y deja muy de lado a la gran mayoría de los estudiantes más vulnerables del país.

Ahora, se debe hacer una gran diferencia con respecto hacia dónde deben apuntar los cambios; para los rectores, se debe apuntar hacia el financiamiento de las instituciones, en el cual el estado debe tomar para ellos más participación. Pero, ¿es un problema que se solucione solo mediante la inyección de recursos?, a nuestro parecer el verdadero problema se manifiesta en la falta de una dirección por parte del gobierno, por lo que nos preguntamos: ¿hacia dónde está apuntando para mejorar nuestra educación?.

La falta de un sistema nacional de educación pública se hace más evidente aún en la ETP; han sido los poco regulados emprendimientos privados aquellos que han llevado la voz cantante en este tipo de instituciones, dando privilegio a sus propios intereses antes que a educar, respondiendo a su propio modelo de negocios, y no a las necesidades reales de nuestro país. No se ha mostrado, como dirían los rectores “un gran impacto en el nivel de crecimiento y cohesión social del país, ya que posibilita la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de una sociedad” sino más bien un sistema de defensa de intereses y negocios bien armados, con estudiantes tratados como clientes con menos derechos. Y es aquí donde tanto la UC como el DUOC llevan la verdadera vanguardia del sistema educativo, tanto la UC como DUOC, son emblemas de la liberalización de la educación en nuestro país, un sistema privado que, mediante fundaciones y empresas ligadas a las instituciones -como inmobiliarias, redes de salud, financieras de créditos, entre otras que componen la Red UC- hacen de quienes buscan la profundización de sus conocimientos, un bien de consumo de acceso restringido y limitado.

Hoy, contrarios a la posición que planteaba por ejemplo Ricardo Paredes en una entrevista a La Tercera en Julio de este año y los planteamientos dados –también- por Ignacio Sanchez donde se muestran ambos reticentes a la gratuidad universal como método posible de acceso a la educación, los estudiantes nos manifestamos porque el acceso a ésta, tanto a la educación técnico profesional como universitaria, debe ser entendido como un derecho social, fundamental y universal que debe ser garantizado por el Estado, haciéndose parte de nosotros el deber de exigirlo. Así mismo, debemos ser enfáticos en que el marco democrático exigido por el ejecutivo para establecer los organismos internos de democracia universitaria, deben ser de común acuerdo, entre estudiantes, docentes y los mismos trabajadores de los planteles, eliminando así los consejos directivos de las universidades e institutos profesionales, otorgando mayor autonomía tanto en la dirección como en la administración y reinversión de los fondos dentro del mismo plantel.