Hannah Arendt y el castigo penal como expresión de poder político de clase

Roberto Arlt cuenta en sus memorias que su padre le anunciaba que el día de mañana a primera hora, lo iba a castigar. Recuerda este hecho porque sentía que el castigo anunciado es la peor tortura, que dormirse esperando la mañana del castigo es, en sí mismo, una pena superlativa. Nadie como Arlt, un explotado célebre y preclaro, para sintetizar esta experiencia y patetizar uno de los rasgos más intensos del poder, el poder de castigar, de someter, de inferir sufrimiento y dolor a aquél que ha infringido una norma. No es casual ni banal, que en los alzamientos insurreccionales uno de los blancos privilegiados son las cárceles y mazmorras, porque éstas corporizan el poder político y lo simbolizan.

En la actualidad, el culto a la democracia burguesa, esa mascarada política que aspira a edulcorar la explotación capitalista, tiene como divisa distintiva la afirmación de un sistema judicial punitivo, objetivo e impersonal. Ascético, como si los tribunales al pronunciar sus condenas no estuviesen ejerciendo un acto político, sino que materializando el ideal de justicia. En Chile, la implacable persecución al movimiento de liberación nacional mapuche, con sus montajes, agentes encubiertos y testigos protegidos, constituye una clara demostración de que el accionar del llamado Poder Judicial es –ante todo- Poder Político. Paradigma de este problema es el llamado juicio de Nüremberg, que pretendió ajusticiar a los máximos responsables del genocidio del III Reich.

En efecto, cuando Hannah Arendt comenzó la publicación de los textos que luego serían su “Eichmann en Jerusalén” la quisieron quemar. Había dicho que Adolf Eichmann era un imbécil, un ser humano sin más atributos que su “incapacidad de pensar” o cuyo pensamiento se construía mediante el encadenamiento de un número limitado de topoi, de fórmulas lingüísticas, de tópicos, es decir, un idiota normal y corriente de los paridos por el siglo XX, un “hombre masa”. No era ni siquiera uno de esos bohemios en armas, un lumpen de los que había producido la Gran Guerra y que Hitler encarnó mejor que nadie. Tampoco era un jovial delincuente como Göring o un sádico pervertido como Reinhard Heydrich; sólo era un zafio oficinista que cumplía diligentemente con sus obligaciones, un hombre normal; y esto, para la jauría de los otros imbéciles, era intolerable pues el “nazi” tenía que ser un monstruo, una anomalía, una aberración, un psicópata sanguinolento.

Los sionistas que se ensañaron contra Arendt por esta afirmación, no repararon en la identidad de argumento y propósito de sus diatribas, con la forma en que Alemania -un país en el que después de 1945 nadie había sido nazi y todos decían haber sido emigrantes interiores- eludía su responsabilidad por el exterminio. Tampoco repararon en la coincidencia de lo que decían con la historiografía general sobre la Segunda Guerra Mundial, una historia que, por sistema, considera el universo concentracionario como una extravagancia en la racionalidad que la economía, el gobierno y la propia guerra, imponían en todas partes, también al tirano. Sin embargo sí hubo nazis en Alemania, sí hubo complicidad de gran parte de la comunidad con el exterminio, y el sistema concentracionario, como experimento de un modo de dominio total, no fue una anomalía inducida por un psicótico y sus secuaces, sino la manifestación central, contrarrevolucionaria (en el sentido de hecho, sin precedentes que desmenuzaba e invertía cualquier acto y relación humana) de una novísima forma de poder.

Hoy en día esto no debería estar en discusión, sobre todo después del libro de Christopher R. Browning, Ordinary Men (“Aquellos hombres grises”) o incluso, después del muy criticado texto de Daniel Goldhagen: “Los verdugos voluntarios de Hitler”, pero, por lo que se ve, lo está y la jauría de los idiotas se revela contra la posibilidad de convivir con la fría normalidad del mal absoluto, con el hecho de que en su normal idiotez exista la posibilidad del mal absoluto, con el hecho de que ese mal nazca de la opción que todos ellos tienen entre saber e ignorar y de que, ante esa elección, ellos prefieran la confortable y banal templanza en la que viven los ignorantes.

Pero lo que hizo que los detractores de Arendt dejaran de ladrar para ponerse a aullar, fue otra cosa, a saber: que órganos administrativos judíos creados por los nazis en los guetos colaboraron activamente en el exterminio. Se gritó que, en esta apoteosis de su traición de renegada, la judía Hannah Arendt equiparaba a las víctimas con los verdugos, a los hombres buenos con los monstruos, a los sometidos a una compulsión radical, con los asesinos. En realidad, culpaban a Hannah Arendt de un descubrimiento que no era suyo y que ella nunca quiso atribuirse, porque el libro es profusamente citado en el “Eichmann”. El colaboracionismo diligente de los Judenräte (Consejos Judíos) con el exterminio está detalladamente documentado en la monumental, exhaustiva e irrebatible obra de Raul Hilberg: “La destrucción de los judíos de Europa”, pero no pueden aceptar que la condición de víctima no santifique, que los canallas, los cobardes, los tontos, los serviles, los malvados, los parásitos, los ventajistas, los sinvergüenzas, los depredadores o las alimañas, también pueden ser víctimas y que en las situaciones límite en las que las condiciones más elementales de la vida se rarifican hasta el extremo, esta miseria humana emerge y envenena más que en ninguna otra situación. Sin embargo la compulsión no es bastante como para negar la existencia real, verbigracia, de un individuo como Mordechai Chaim Rumkowski, que estaba al frente del Consejo Judío del gueto de Lodz.

Es verdad que el caso de Rumkowski es extraordinario en su grotesca pompa, pero también es cierto que a los nazis nunca les faltaron “administradores” judíos, policías judíos, soplones judíos, canallas judíos. La víctima es pura en su condición de víctima, no en su condición humana, sin embargo esta distinción parece excesiva para quienes siempre es mejor negar los hechos si así su virtud prevalece.

También se escupió veneno contra Hannah Arendt a causa de las cuestiones jurídicas planteadas, cuestiones que siguen vivas en la dogmática penal y que aparecieron, por primera vez, con los procesos de Nüremberg: la posibilidad de la aplicación retroactiva de un derecho penal nuevo, la obligación de castigar hechos no tipificados en ninguna ley, porque eran hechos sin precedentes, pero de tal condición que hacían imposible la impunidad, la definición de la autoría en un contexto en el que, por sistema, esa autoría del delito se diluía en múltiples hechos, la mayoría de ellos inocuos, cometidos por distintos sujetos dentro de una cadena administrativa organizada al modo de las modernas fábricas capitalistas, la contradicción entre un delito en el que, cuanto más cerca se está de la víctima, menor es la responsabilidad del autor, el derecho de Israel a secuestrar y a ejecutar a Eichmann en tanto que Estado judío, o la causa de la que los jueces de Eichmann disponían para mandarlo a la horca, la causa de su condena.

Al plantear todas esta preguntas, todas estas cosas que estaban en cuestión, Hannah Arendt sólo resumió los problemas jurídicos a que nos sigue enfrentando el exterminio, problemas que están abiertos y siguen buscando una solución. El punto de partida, ineludible, y es aquello en lo que Arendt falla al moralizar el problema, es en dilucidar una cuestión previa: el carácter de clase del Estado y la Justicia que éste administra.

La justicia burguesa, justicia de clase para preservar los intereses y el orden social de la clase que la sustenta, puede llegar al extremo de encarcelar a Mamo Contreras de por vida o a a Corbalán o a Krassnoff. Todos, contradictoriamente, son distinguidos sirvientes del orden capitalista y no obstante ello, están tras las rejas.

El régimen y sus escribas y paniaguados, pretenden señalar que tales condenas son un signo inequívoco de la imparcialidad de los tribunales, de su objetividad y racionalidad. Como si lo que estuviese en juego fueran bienes jurídicos abstractos y que su operatoria se desarrollara en el procedimiento penal y en sus laberintos procesales de pruebas y alegaciones.

El Tribunal Oral y lo que hagan las Cortes y demás intervinientes en estos procesos, como en todo proceso penal, es la materialización –en el sentido de justicia material- de los intereses de la propia burguesía, la que persigue con esta escenificación dotar a su propio poder de un aura moral, democrática y constitucional, a lo que en realidad es su mero arbitrio.

La Justicia –con mayúscula como se dice, no sin ironía- no es otra cosa que una dimensión del poder político y el castigo es su epítome: es la advertencia que realiza el régimen, al conjunto de la nación oprimida, sobre lo ilimitado que es su propio poder. En este último sentido las condenas a los genocidas, sólo en una mínima medida constituyen conquistas democráticas. Lo que domina en ellas, políticamente, es el constituir actos de poder político, el aporte de Hannah Arendt en esta materia es de gran valor y contribuye a la desmitificación de la justicia.

En este curso de ideas se enfrentan los intereses de clase antagónicos, no se trata de la superficialidad procesal o de la dimensión del garantismo. Se trata del choque programático entre el aparato burocrático del Poder Judicial y el desafío de hacer Justicia con Tribunales Populares. Aquí no hablamos de otra cosa más que del poder.

Por Gustavo Burgos

Fundación CREA