¿Hay Derecho o no hay Derecho?

Esta semana el Observatorio de Políticas Culturales publicó una serie de datos pertenecientes al Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), en el que se detalla la extrema desigualdad de fondos y gastos que representa la Cultura para los distintos gobiernos locales en el Gran Santiago. Entre los datos y de manera casi caricaturesca, se indican los $3.765 millones de pesos que gastó la Municipalidad de Las Condes, versus $0 pesos que gastó Renca. La diversidad de datos que presenta el informe del SINIM, también revela que la asistencia al cine, la lectura de libros, tanto como el acceso de la ciudadanía a instituciones que presten de manera gratuita y libre estos y otros posibles servicios culturales, también se encuentran en un alto grado de desproporción.

En el fondo, los antecedentes nos develan cómo las condiciones económicas y sociales de cada comuna y sus comunidades, también se traducen en el débil acceso a los bienes culturales, a los espacios que se generan o inclusive, en los programas que cada municipio ejecuta en pro de la cultura. Lo que se evidencia es el reconocimiento o la ausencia de nuestra identidad y cultura nacional, la que descansa y se fortalece por cada uno de los gobiernos locales.

Visto de otra manera, la incidencia del gasto o eventual, nos habla acerca de cómo la ausencia o el énfasis de la existencia de programas, espacios e instancias de cultura, también nos cuenta sobre el impacto que puede o podría generar el factor cultural en los ámbitos de desarrollo social, como la educación. Mientras la inversión de cada municipio dependa de la voluntad del alcalde de turno, todo seguirá de iguales o peores maneras y que en el fondo, demuestra más acerca de las marcadas diferencias que tenemos y somos. ¿Hay o no voluntad política? Incluir en los planes de desarrollo comunal (PLADECO) un porcentaje que se destine a la gestión y participación ciudadana a la cultura, es algo de base, pero que por ahora no se encuentra debidamente garantizado.

El CNCA ha intentado garantizar esta inversión, en términos de presupuestos reales, al tiempo que existan encargados de cultura locales debidamente instruidos y no simples funcionarios de carrera municipal que les “tinca la cultura”, o que crean que puedan hacerlo. Sólo existen mecanismos formales y normativos, pero no legales o productos del sistema estatal que medien y consigan una real inclusión de las artes y la cultura en su más amplia expresión, como forma de garantizar no sólo su acceso, sino también a permitirle a esta formar, educar: sensibilizar a su población local, enseñar nuevas realidades, mundos y vidas.

Una arista importante en el caso de los gobiernos locales y la ausencia o existencia de reales presupuestos en materia de cultura, se trasluce en la duplicidad de instituciones que se dedican a la gestión cultural. La desregulación y la creación de Corporaciones Culturales Municipales en ocasiones se transforma en la piedra de tope de muchos municipios. Si bien estas nacieron con el interés de apalancar recursos de una manera expedita, la realidad evidencia que muchas veces estas sólo funcionan a partir de las donaciones que el mismo municipio promueve. Esa duplicidad genera pérdida humana y económica, al existir dos instituciones dentro de una misma comuna con funcionarios y cargos similares intentando generar programas o acciones, tanto como dinero y presupuesto que se malgasta en términos de lo mismo. Esto solo empeora de momento que ambas conversan en un diálogo de sordos sin control, entre funcionarios municipales, contrata, honorarios y la eventual responsabilidad administrativa. Tanto los Departamentos de Cultura, como sus Bibliotecas Públicas Municipales, a veces ven en desmedro cómo los ya escasos aportes del CNCA se pierden entre las acciones que las corporaciones ejecutan, ante los escasos aportes que la Dibam consigue. La duplicidad sólo empeora y no muestra una forma de nivelar o mejorar los niveles de acceso, formación y difusión de la cultura y las artes, de momento que los gastos que realizan los municipios o sus Corporaciones, en cuanto a generación de actividades, fiestas, galas musicales, etc., quintuplican a los gastos que tienen los programas de formación o difusión cultural, tales como clubes de lectura, cineclub, talleres,  los que eventualmente y ante el aumento de recursos podrían renovar su material, iniciar actividades de itinerancia o ampliación de sus círculos por toda la comuna. De esa forma realmente podrían mejorarse los índices de acceso y formación, consiguiendo realmente sensibilizar en términos culturales a quienes no han podido.

El papel aguanta, y lo aguanta todo. En nuestra Constitución y en las diferentes misiones y visiones de los distintos estamentos e instituciones de cultura se manifiestan los principios y se garantizan derechos, acceso a la cultura, así como el resguardo del Patrimonio cultural. Entonces ¿hay derecho o no hay derecho garantizado? Pareciera ser una pregunta de forma, sin embargo el debate que se atisba y que existe es mucho más de fondo. Mientras se ausenten bajadas concretas, sostenidas, no débiles y cambiantes acorde al gobierno de turno local y estatal, el derecho seguirá siendo la utopía de muchos al alcance de unos pocos.

Hugo Ramos Tapia

Licenciado en Historia

Estudiante Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural