@onelortiz
El peligro para la democracia y las elecciones en México no es que una esposa ayude a su marido desde sus redes sociales, sino que el narco interfiera en las elecciones y que convierta a la política en una más de las actividades del crimen organizado.
No hablo de pasar por alto la violación de la veda electoral que hicieron un centenar de influencers a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o de dejar impune la intervención de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Hablo de priorizar y atender los verdaderos riesgos a las elecciones y a la democracia, como son los hechos sustentados en datos y testimonios que llegaron desde varios municipios de Sinaloa y otras regiones del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya sancionó la injerencia de influencers en las elecciones del 6 de junio. Fue correcto; aunque creo que la vara con que midió al PVEM y a Movimiento Ciudadano (MC) fue diferente a la que utilizó para sancionar a Morena. A los primeros los multó, al Verde le quitó además un año de tiempos oficiales, pero a Morena le canceló dos candidaturas a gobernador, la de Guerrero y la de Michoacán.
Falta que el INE sancione la injerencia del narco en las elecciones. Hasta donde se sabe, por lo menos varios municipios y distritos de Sinaloa y Michoacán están impugnados por la supuesta injerencia de grupos de narcotraficantes en el proceso electoral. Se escribió que los candidatos perdedores no iban a presentar quejas por temor a represalias, pero los partidos impugnaron. Si hay recursos en el INE, éste debe actuar y aplicar la sanción más severa. Lo que no puede aceptarse es que el Instituto permanezca como un observador ante estos hechos, como si no hubiera denuncias en los medios de comunicación, por parte de candidatos y partidos.
El INE es patrimonio de la ciudadanía, es una de las instituciones claves de la democracia mexicana, lejos de desaparecerlo debe fortalecerse. Destiérrese la idea que está al servicio de los conservadores y de los adversarios del actual gobierno, pero también puede equivocarse. Una de sus pruebas de fuego, donde no puede fallar, es precisamente en su actuación ante la injerencia del narco en las elecciones.
Bárbara De Regil y la legión de influencers que han hecho de la frívolidad y la estupidez en las redes sociales una forma de ganar dinero, complementar sus ingresos o simplemente promocionarse están en su derecho. Nadie obliga a nadie a seguirlos. El problema es que se piense que tener miles de seguidores, en algunos casos millones, los hace especiales. ¿Qué tan vulnerable, ignorante o carente de información debe ser una persona para considerar que los influencers contratados por el PVEM son ejemplos de éxito?
La injerencia de los cárteles del narcotráfico es un problema del Estado mexicano que el INE debe atender en el ámbito que le toca, pero que las autoridades federales y estatales no pueden pasar por alto. Por supuesto que las instituciones federales deben actuar, pero también los gobiernos estatales como los de Michoacán y Sinaloa. Eso pienso yo. ¿Usted que opina?