Inicio de año escolar en Valparaíso: la precariedad del Sistema de Educación Pública y del Programa de Integración Escolar

Por Silvana Sáez, directora del área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso

Esta semana se inicia el año escolar en Valparaíso con una condición distinta, porque es el año en que se traspasará la educación pública municipal al nuevo servicio local de educación.

Si bien vemos con claridad la radiografía de la precariedad del sistema de educación que tenemos en Valparaíso y en Chile, en este inicio de año escolar las grandes preocupaciones son al menos dos cosas: una es la mantención de escuelas que tienen un promedio de 60 estudiantes, algo que frente a la política de financiamiento que tiene la educación pública puede parecer insostenible. Sin embargo, ante nuestra convicción de que donde haya un estudiante debe darse el servicio educativo porque la educación pública es un derecho, no nos deja de preocupar el que no pongamos esto en el centro de la discusión para este año, para efectos de no solo cambiar la Constitución, sino que cambiar la forma de mirar la educación pública, donde debe garantizarse el derecho a cualquiera a tener acceso a ella.

Y la segunda preocupación tiene que ver con el Programa de Integración Escolar (PIE), que es complementario al servicio educativo, pero que sin duda padece la misma precariedad, producto que está sometido al mismo sistema de financiamiento. Esto significa que solo nuestros estudiantes que pueden ser financiados son los que pueden acceder a tener equipos complementarios de profesionales para poder avanzar en sus dificultades y complejidades de aprendizaje, pero en aquellos lugares donde existe un número muy inferior de estudiantes con necesidades educativas especiales, los equipos no son susceptibles de ser mantenidos con los recursos suficientes para prolongar sus contrataciones. Eso implica que el Programa de Integración Escolar (PIE), si bien es una estrategia de inclusión como sistema público, no garantiza esa política, toda vez que el financiamiento no pone al centro la necesidad real de sus estudiantes.

Es así como en Valparaíso el PIE ha tenido por años un déficit operacional de más de $110 millones mensuales, que son solo para efectos de pago de funcionarios. En promedio Valparaíso tiene alrededor de un 20% de su matrícula considerada con necesidades educativas especiales y la complicación de eso es que esas matrículas están repartidas en 50 escuelas, dejando de manifiesto que la precariedad tiene que ver con la falta de suficiente número de estudiantes por curso que garantice el financiamiento para proveer equipos complementarios y atención especializada.

Por supuesto que creemos que la mantención del servicio que entrega el PIE, independiente de si se financia o no, es una decisión política, pero ad portas de la desmunicipalización que tendrá lugar en Valparaíso, y entendiendo que la normativa solo obliga a la presencia de educadores diferenciales, kinesiólogos (en el caso de las dificultades motoras) y fonoaudiólogos (en el caso de trastornos del lenguaje), no es obligación mantener al resto de los profesionales de apoyo.

Esto es una situación que otra vez redobla la necesidad de que no solo nosotros -como parte del sistema- pongamos en evidencia esta precariedad absoluta del sistema de educación pública en la ciudad y en el país, sino que discutamos cómo vamos a organizar esta resistencia a propósito de la posibilidad de cambiar la Constitución, que implique la organización de todos aquellos que estamos en la educación pública para empujar los cambios que -no solo la ciudad de Valparaíso, sino que Chile- necesita para tener mayor justicia social para nuestras niñas y niños de nuestras escuelas públicas.