El día 25 de febrero de 2018, en la sección Negocios de la versión digital del diario La Tercera se publicó un reportaje titulado “Puerto Príncipe-Santiago: el viaje sin retorno”. La autora, Nidia Millahueique, reporta la llegada de cientos y miles de haitianos a Chile.
A partir del evidente flujo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel, el texto propone dar respuesta a dos preguntas. Primero, ¿Quiénes traen a los haitianos? Segundo, ¿Cómo es que estas personas financian los boletos? Después de una visita al aeropuerto y una revisión estadística, la autora logra responder claramente las preguntas que pone en la base del texto y que originan su breve investigación.
La pregunta “¿quiénes los traen…?”, se responde a un nivel aparentemente mecánico. Quien los “trae” es la aerolínea LAW (Latin American Wings), reconocida por sus vuelos a Puerto Príncipe, por sus bajos precios y, en el último tiempo, por sus vuelos retrasados. A ella se suman Copa Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Avianca -aunque indirectamente, y el posible ingreso de Sunrise Airways, empresa de capitales haitianos. La primera (LAW), es una empresa chilena que apareció como sospechosa de tráfico de personas en una querella interpuesta por el Ministerio del Interior, a inicios de 2017. Dicha sospecha se debió al balance de ingresos/salidas de quienes ingresaron a Chile como turistas viajando en esa aerolínea y resultaron quedándose sin lograr regularizar su residencia.
La pregunta “¿…cómo financian los boletos?”, se responde solo para el caso de que los boletos sean financiados por familiares ya establecidos en Santiago, obviando a quienes se hayan financiado a sí mismos. Estos familiares se estarían endeudando con prestamistas que encuentran “en los alrededores de la Plaza de Armas”. Que alguien preste dinero para acceder a un bien o un servicio en el mercado, ¿es un tema relevante para alguien? Creo que es válido coincidir en que, en los términos simplificados y tendenciosos en que lo planteo, no los es. En ese sentido, por qué se considera importante “¿quiénes los traen y cómo financian los boletos?”
En el último tiempo, personas naturales y organizaciones que luchan abiertamente por los derechos humanos, sociales y laborales de población migrante -así como también quienes defienden el derecho a migrar- han estado recibiendo mensajes en distintas redes sociales. Mensajes cargados de ignorancia, miedo, odio y xenofobia. Algunos enviados por neo-fascistas y ultra-nacionalistas organizados, ya sea desde cuentas falsas o personales. Otros, enviados por ciudadanos preocupados, con opiniones válidas, aunque poco informadas, que parecen obviar las implicancias de sus discursos. Gente que blande los términos patria, identidad y raza nacional como si sus sustentos falaces no hubiesen estimulado genocidios a nivel mundial.
En estos mensajes -públicos y privados- muchas de las acusaciones recientes apuntan precisamente a responder las preguntas planteadas por la autora de la columna referida, ¿quién trae a los haitianos y cómo financian esos costosos viajes? Como es de esperarse, son preguntas retóricas para las que los agresores ya tienen respuesta. La más común de ellas es que los financia el Partido Comunista o alguna otra sombra monstruosa del comunismo OeNeGero progre mundial. Esto sería parte de una estrategia para hacerse de una clientela empobrecida y manipulable que resulte convirtiéndose en una base de votantes.
No hay motivos para pensar que la autora entra en diálogo directo con grupos chilenos de extrema derecha, pero sí es posible rescatar la forma en que apela a la percepción de la migración haitiana como compuesta por entes carentes de agencia. Una suerte de zombies de la pobreza.
Es necesario resaltar que el reportaje pone sobre la mesa un (por lo pronto aparente) hallazgo muy grave: los préstamos para traer a los familiares se efectúan a cambio de trabajo. Algo similar a lo que, en el esclavismo indígena en la Amazonía estimulado por las industrias extractivas de los siglos XIX y XX, se llamaba “enganche”. Generar una deuda imprecisa que obligue al deudor a pagar con trabajo por un tiempo indefinido, quizás indefinible.
No soy experto en hechos noticiosos, pero sí en investigación. El texto muestra pistas de la existencia de una red de prestamistas “alrededor de la Plaza de Armas” cuyos sistemas de enganche están prácticamente esclavizando a una población específica y, aun así, concluye que son pocos los haitianos que están “legalmente” en Chile. Si la preocupación central del texto está en la ilegalidad, no es necesario apuntalar el estigma existente sobre una condición administrativa irregular. Existiendo redes de estafadores y prestamistas que a todas luces estarían actuando en contra de la ley, no hace falta forzar ilegalidad en otra parte.
La normativa vigente admite llegar al país como turista y regularizar la residencia estando ya en territorio nacional. En ese marco, el migrante entra a la trampa del contrato. Decidir pasar por alto incluir en el texto la imposibilidad de conseguir un visado de residencia sin un contrato, induce a una percepción parcial del fenómeno: una suerte de irregularidad voluntaria. Más aún, habiendo recogido testimonios de personas que trabajan con “contratos de palabra”.
Emigrar suele ser un acto de valentía. Nadie trae haitianos. Estas personas están pagando por un servicio de transporte. En caso de reconocer vulneraciones concretas, es menester ser riguroso y explorarlas a fondo. Las haitianas y haitianos no son víctimas per se.
Eduardo Alejandro Osterling Dankers
Referencias:
http://www.latercera.com/negocios/noticia/puerto-principe-santiago-viaje-sin-retorno/79144/#