La opinión pública tiene pleno conocimiento de la querella criminal interpuesta por la presidenta Michelle Bachelet en contra de la revista “Qué Pasa”, acción judicial que, tal como lo expresáramos en pasada columna divulgada en este medio digital, apoyamos en todos sus términos porque la libertad de expresión no es un vehículo para que los medios de prensa, por mucho que busquen el escándalo político, dañen la honra de nadie, menos de la persona que ejerce la primera magistratura de la nación.
El lenguaraz Juan Díaz, operador político de la UDI y experto en negocios de especulación inmobiliaria, conversaba telefónicamente con alguien hasta ahora desconocido y esa plática fue interceptada legalmente por Carabineros, grabación que está en poder de la Fiscalía de la Sexta Región del Libertador Bernardo O¨Higgins, la que desde hace un buen tiempo está examinando los diferentes tipos de negocios de Caval de propiedad de la multifacética dupla de sagaces emprendedores Compagnon-Valero.
Se armó la tremenda bulla porque Díaz, muy suelto de cuerpo, le decía a su interlocutor que en la operación del cambio de uso de suelo de los terrenos rurales de la comuna de Machalí, en donde él intervenía como “experto”, predios que compraría Caval para revenderlos a un tercero, su mandante Compagnon militante en aquella época del Partido Socialista, le había asegurado que mil millones de pesos de la utilidad del interesante negocio iban a la cuenta corriente de su querida suegra.
Ahora bien, un empresario de Rancagua de apellido Vial salió al ruedo informando que fue estafado por una importante suma de dinero y que, por ese motivo, presentó una querella en contra de aquellos que resulten responsables pues unos estudios e informes técnicos asociados a la minería, comprados por él a Caval, eran plagiados mediante el utilizado sistema copy & paste. Es más, aseguró que esa valiosa documentación comunicada en internet provenía mayoritariamente de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y otros tantos emanaban de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Avala lo anterior, lo expresado recientemente por un ingeniero experto en cobre, titulado en la Universidad Técnica Santa María, quien se había desempeñado profesionalmente en Cochilco. En efecto, esta persona también denunció a Caval pues algunos de sus trabajos especializados habían sido pirateados por dicha empresa y por ello debiéramos suponer que, por estar protegidos sus informes por el derecho de propiedad intelectual, tomará las decisiones correspondientes ante esa insana práctica de copiar sin autorización.
Ante la grave acusación de Juan Díaz, ni Compagnon ni sus abogados la han desmentido hasta ahora y por ello, si fuera una falsedad el asunto de los mil millones, es indispensable que ella se querelle a la brevedad en contra de quien le atribuyó esa mentira y serán los tribunales quienes resolverán si Díaz procedió como delator o como un simple embustero motivado por un irrefrenable deseo que perjudicar a Bachelet.
Pero también cabe la remota posibilidad de que, para apresurar la materialización del lucrativo negocio, la aventurera Compagnon, creyendo en aquel entonces que sus amigables tratos con Díaz eran confidenciales, audazmente le dijo con el propósito de motivarlo, que su suegra estaba involucrada en esa maniobra mercantil acotando su participación en esos mil millones, los que son una fracción de la utilidad total. Si así hubiese sido, estaríamos ante un trama muy embarazosa, no solo para los intervinientes directos, sino también para el propio gobierno y ello significaría el inmediato rompimiento de la relación parental entre ambas y probablemente el divorcio con Dávalos.
Finalmente todo se sabrá porque la Justicia deberá hablar sin tapujos y estamos seguros que Bachelet, en este luctuoso episodio, es una víctima de intrigas de personajes que consideran necesaria cualquier fórmula, por corrupta que sea, para ganar mucho dinero con facilidad. Los lectores saben que los que así actúan, si no los detectan, son considerados por el establishment como símbolos del sistema neoliberal individualista y materialista que nos rige, sistema por lo demás promocionado hasta ahora por todos los agentes públicos que nos han gobernado a partir del golpe militar.