Cerca de la media noche del domingo 17 de abril, se escuchó: “5, 4, 3, 2, 1, 0“. Estallaron los aplausos en el lado derecho del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. La reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios y fue desechada.
Para comprender la importancia de la votación del día de ayer, resulta necesario hacer un poco de historia. Recordar que en diciembre de 2013, hace nueve años, el Congreso aprobó una reforma constitucional por la cual entregó el sector energético nacional, petróleo y electricidad, al capital privado y a los intereses extranjeros.
La reforma energética de 2013 fracasó. Ninguno de los beneficios que prometieron se cumplió. No hubo ni más empleos, ni combustibles baratos, ni más inversiones. Intentaron desaparecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, no lo lograron. Solo un puñado de empresas y unos cuantos políticos corruptos, fueron beneficiados.
En 2018, la mayoría de la sociedad votó por el cambio. Eligió un nuevo rumbo. El 1º de octubre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador envío su iniciativa de reforma eléctrica y litio. Una propuesta por medio de la cual el Estado mexicano recuperaría la soberanía y el control sobre estos importantes sectores, para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar de la sociedad.
¿Cómo hubiera beneficiado la aprobación de esta reforma a las personas y a las familias? Entre otras cosas, la energía eléctrica dejaría de ser una mercancía para convertirse en un servicio público, como una precondición para que la inmensa mayoría de la población ejerza su derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y a la seguridad.
Los dos mil 446 ayuntamientos del país y las más de 134 mil asociaciones agrícolas que aglutinan a más de 5 millones de campesinos de todo el país pagarían menos de luz, porque bajarían las tarifas de alumbrado público y riego agrícola.
También más de tres millones de pequeños negocios y empresas serían beneficiadas, y se rescataría a mil 300 organismos operadores de agua que actualmente se ahogan en deudas.
Se garantizaría una transición hacia energías limpias planeada y ordenada con la participación del sector público, privado y social; así como se establecería la soberanía sobre el litio.
A los empresarios se les respetarían sus inversiones y se les apoyaría para que siguieran haciendo negocios, pero de manera honesta, sin abusos, sin saqueo y como ya lo declaró la Suprema Corte en libre competencia, con certeza jurídica, sin moches y sin comisiones para líderes partidarios que se convirtieron en cabilderos y comisionistas.
La competencia entre productores privados de electricidad sería controlada por una CRE con mejores reglas, para que no haya trampas.
Muy pocas veces la historia ofrece la oportunidad de la corrección. El PRI tuvo esa oportunidad frente a sus ojos, la dejaron ir. Prevalecieron los cálculos electorales y los compromisos económicos.
Su minoría se mantuvo y la reforma no paso. Hubo festejos en las empresas extranjeras. Estallaron los aplausos y se descorcharon botellas en las oficinas de Iberdrola, de EnEl, de Energy y de otras empresas.
¿Por qué AMLO sabiendo lo que iba a pasar y paso, dejo que sus diputados votarán su reforma? Quién responda que por soberbia, se equivoca. La respuesta la conoceremos muy pronto.
La política es de bronce.
@onelortíz
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