El resultado del plebiscito sobre la nueva constitución en Chile[1] es un mandato social y político que las élites chilenas intentan eludir para no molestar –aún más- a las tres comunas depredadoras[2]. Este mandato político exige la disolución del gobierno Piñera, la liberación de todas las personas en prisión política por ser imputadas como participantes de la revuelta social iniciada en octubre del año pasado, la conformación de un gobierno que dé garantías de respeto a los derechos humanos -especialmente del derecho a la vida (puesto en jaque por un manejo gubernamental darwinista de la pandemia ), del derecho a la alimentación (por la misma razón), del derecho a la manifestación y a la expresión, el fin del toque de queda, la persecución fiscal a los agentes del Estado que han torturado, asesinado, mutilado, violado a personas e infiltrado organizaciones sociales con el objetivo de encarcelar luchadores armando montajes para ello- así como garantías para un proceso constituyente en el cual el Gobierno no desvíe fondos e influencias para financiar campañas electorales.
El mandato social exige la continuidad de la revuelta, el fin estricto de las AFPs[3], una televisión plural, el fin del uso político de la fe para inducir a la gente a votar por el rechazo u oponerse a los cambios por órdenes de curas y pastores, la desvinculación total entre las iglesias y el Estado, la eliminación de los sobreprecios en salud, transporte, cultura y educación, deportes y recreación sostenidos por una serie de colusiones fomentadas por el Estado, la finalización de los privilegios de militares, pacos y demás entes represores, incluyendo aduanas y SAG. Exige además el fin del enfoque depredador respecto al medio ambiente en general, incluyendo el medio ambiente urbano azotado de extractivismo del paisaje, el transporte de personas y la vivienda. Una demanda principal es el fortalecimiento de la lucha de las mujeres contra la opresión patriarcal sostenida por el Estado y de la lucha de los pueblos indígenas, afrodescendiente y Rom contra un Estado que les margina negándoles el derecho a autodeterminarse y federarse con los otros pueblos, culturas y territorios que caen bajo el Estado chileno.
Estos mandatos no están siendo escuchados por las élites o, con suerte, escuchan solo aquellos aspectos que les son convenientes en su permanente apelación a la vuelta a la normalidad, cuando el resultado del plebiscito es un mandato a no volver a la normalidad pre-revuelta social. El regreso a la normalidad que construyen incluye el retorno a la normalidad electoral. Este calendario normalizador que empieza con las municipales, pretende instalar un “aquí no ha pasado nada”, “todo está bien”, y que las municipalidades sigan siendo feudo de partidos políticos, es decir, de legalizadores del saqueo inmobiliario, de la depredación medioambiental y del desvío de fondos a los bolsillos de las dirigencias políticas. Eso es la vuelta a la normalidad por la vía de la rutina electoral, con su mediatización de candidaturas, consignas y farándula política para superficializar y elitizar nuevamente las profundidades que ha alcanzado el diálogo social político en Chile.
En la situación actual la oposición parlamentaria juega a sostener un gobierno que por salud pública debiese haber dejado de funcionar hace un año[4]. Con esa actitud reafirman la conciencia social de que toda (o al menos la inmensa mayoría) la representación parlamentaria forma parte del problema y no aporta nada a la solución. La oposición parlamentaria no parece haberse enterado de que casi el 80% de quienes votaron (y la mayoría revolucionaria de quienes no votaron) dijeron no a la constitución de Pinochet, a sus implicancias y a quienes la sostienen.
En el Congreso se abstienen de seguir esa decisión social inmensamente mayoritaria, no actuando en consecuencia porque esa actitud timorata de la oposición parlamentaria se basa en el respeto absoluto a los poderes fácticos y fascistoides que siguen operando en favor de toda la derecha en Chile. Estos poderes fácticos (el empresarial, el militar-policial, el eclesial, el académico y el narco-delincuencial) son el meollo de los problemas sociales y políticos en Chile. Todos ellos operan para volver a la normalidad, cortar la revuelta social, reencausar a la gente en procesos electorales domesticados, en los cuales, mediante la influencia monetaria y moral, pueden cooptar para sus intereses tanto a quienes se postulan como a las personas que resulten electas.
Solo los pueblos que hacen a Chile se han opuesto con eficiencia y resultados a estos poderes fácticos, mediante una lucha también fáctica, es decir de hechos, tales como la misma revuelta social, las acciones contra las depredaciones mineras, forestales, pesqueras, agrícolas, inmobiliarias, hídricas de las siete familias[5] que manejan cada sector y sus socios extranjeros. Lucha fáctica, de hechos: saliendo a la calle, protestando, con barricadas y sin ellas, con acciones directas noviolentas como es saltar un torniquete del Metro, han logrado lo que 30 años de legislaciones tardías y permisivas no han logrado.
La lucha da resultados cuando se ha vuelto fáctica, de acción directa, y no da resultados o da resultados tardíos y frustrantes cuando solo se queda en lo representativo (Congreso, Ejecutivo, Municipalidades, Concejos, Cores, etc.) y en lo electoral. Un ejemplo: desde 2007 la lucha contra el Transantiago (mediante el boicot, la evasión y otras acciones) fue instalando la constatación de que el sistema de transporte público urbano había adquirido las características extractivistas de casi todos los grandes negocios en Chile: se depredaba el bolsillo de las personas trabajadoras mediante un multipolio organizado por el Estado para nutrir el sistema financiero, eje de todo el extractivismo[6] en boga. Esa lucha, criminalizada, produjo un aprendizaje social que fue puesto en práctica en octubre de 2019, y con ello fácticamente se puso en jaque a este sistema de explotación mediante el transporte.
Otro ejemplo: el fin del estado de emergencia y la salida de los militares de las calles se logró saliendo a las calles, exigiendo a los militares en sus caras que volvieran a los regimientos, parando tanquetas en las calles, haciendo retroceder los camiones militares[7]. No sólo eso, más de 20 años de lucha antimilitarista en Chile encontró eco y expresión durante la revuelta y se hizo tanta objeción de conciencia fáctica que el reclutamiento de conscriptos fue suspendido desde fines de 2019 y recién ahora empiezan, sin publicidad, a intentar retomarlo.
La revuelta social se manifiesta de distintos modos y uno de ellos fue el plebiscito que dejó un claro mandato que implica, entre otras cosas: en lo social, forzar el rompimiento de los poderes fácticos o al menos contrastar su influencia con la acción de los pueblos desconfiados del sistema en Chile porque de la oposición parlamentaria (y en general de los partidos) no cabe esperar mucha iniciativa en cumplir algún rol significativo en esta revuelta social.
La experiencia social chilena sabe que crear y fortalecer sindicatos, ferias y negocios locales pequeños, ollas comunes y comprando juntos, producción artesanal y casera, así como boicotear las cadenas comerciales, a las empresas que fabrican en el exterior lo que pueden fabricar localmente, denunciar toda colusión y depredación, contribuyen en los hechos a disminuir el poder fáctico empresarial. Igualmente el negarse a pagar las deudas, actuar solidariamente contra los desahucios y los secuestros de los bienes por deudas, exigir (más que un 10 o 20%) la totalidad de los fondos en AFPs, pone en entredicho el poder fáctico financiero.
Objetar socialmente, desertar e insubordinar del servicio militar y de toda orden represora, exigir el fin de los privilegios militares, incluyendo los previsionales, de salud e inmobiliarios, negarse a ser parte de la militarización y propiciar iniciativas culturales, laborales y de estudios para que el atractivo perverso que las FFAA representan para quienes son obligados a vivir en la frustración económica y de futuro no siga existiendo, son acciones que contribuyen a frenar el peso del poder fáctico militar y policial, que maneja los hilos de la estrategia represiva desde la doctrina de guerra de baja intensidad.
Frente al proceso constituyente lanzado en noviembre como un eco y solución a la revuelta social chilena, los pueblos de Chile llevan adelante un proceso instituyente[8] (no institucional) que está construyendo una sociedad distinta a la que había hasta esa segunda semana de octubre de 2019. Se está construyendo una sociedad amable con las mujeres, con las niñas y los niños, con las personas ancianas, con los pueblos, comunidades y territorios hasta ahora depredados y marginados y con quienes trabajan y no mandan. Este proceso instituyente tiene mucha más profundidad y significación que el proceso constituyente, el cual es apenas un débil reflejo del primero. Ese proceso instituyente sucede en las calles, en las conversaciones entre vecinos y vecinas, en las cuadras, en las plazas, entre trabajadoras y trabajadores, en los lugares en los cuales se excluye la pantalla, en el encuentro entre vecinas, por supuesto en las asambleas territoriales autónomas y no jerárquicas, en los cabildos de iguales características, en las ollas comunes y está, revolucionariamente, refundando lo social en Chile, recreando aquellas cosas que la memoria rescata e inventando cosas nuevas apropiadas a lo que se quiere lograr: solidaridad y autonomía, respeto y cariño, valer por ser y no por tener.
Lo instituyente y lo constituyente suceden al mismo tiempo y se influencian y distancian al mismo tiempo. El impulso revolucionario de la revuelta social en Chile continúa pese a todos los intentos de normalizar la situación, incluso más: continúa surfeando esos intentos y tiene capacidad para desdomesticarlos. Por ello es que los intentos de normalizar están teñidos de anormalidad, de desesperación sistémica, porque la revuelta social en Chile ha puesto en escena trayectorias sociales de décadas: resistencias, boicots, oposiciones al status quo e inventivas y creaciones de cómo se quiere vivir y sentir el mundo.
Por Pelao Carvallo
5 de noviembre de 2020
[1] http://www.servelelecciones.cl/
[2] https://lavozdelosquesobran.cl/no-fueron-30-fueron-tres-comunas-las-burbujas-del-rechazo/
[3] Administradoras de Fondos de Pensiones; empresas extractivistas financieras.
[4] https://www.elciudadano.com/columnas/derrocar-a-pinera/07/19/
[7] http://ramalc.org/2020/08/06/sacamos-a-los-milicos-de-la-plaza/
[8] http://reflexionesdesdeanarres.blogspot.com/2014/01/el-imaginario-revolucionariouna.html sobre lo instituyente en Eduardo Colombo.
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