La Concertación debe explicaciones (XIX)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué en sus veinte años de gobierno continuó con políticas económicas aplicadas en desmedro del derecho a un medioambiente libre de contaminación y de un desarrollo sustentable.

El papel subordinado de las consideraciones medioambientales fue ya reconocido implícitamente en 1997 por el máximo ideólogo de la “transición”, Edgardo Boeninger: “Es indispensable conciliar el aumento gradual de las exigencias en materia de normas medioambientales con la necesidad de que no se paralicen o retrasen significativamente proyectos de inversión de gran impacto para el desarrollo del país, como ya está sucediendo en el campo hidroeléctrico y forestal. Así, por ejemplo, las presiones ecologistas han impedido la dictación de una ley del bosque nativo, en circunstancias de que es perfectamente compatible la preservación y aumento de la masa forestal con una explotación racional del bosque”. (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; p. 510) Es más, de acuerdo a Boeninger, la política ambiental había que llevarla a cabo “de un modo que no amenace la competitividad del país y la fluidez del proceso de inversión”. (p. 510)

En concordancia con lo anterior, los gobiernos concertacionistas establecieron una institucionalidad ambiental subordinada a las consideraciones de crecimiento económico. De este modo, en lugar de crear un ministerio del medioambiente, se constituyó una Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) dependiente de la Presidencia de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Además, a dicha comisión no se le concedieron facultades -ni siquiera para ser objeto de consultas- respecto a múltiples políticas altamente relevantes para el equilibrio medioambiental como la explotación de recursos naturales, la conservación de especies protegidas, los tratados de libre comercio y la ley de pesca. Tampoco se le concedieron atribuciones ¡en relación a la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental! (Ver Gonzalo Villarino – Evaluación del programa de gobierno de Lagos: La dimensión ambiental; en Hugo Fazio y otros – Gobierno de Lagos: balance crítico, Edic. Lom, 2005; pp. 184-5) Solo, a fines del gobierno de Bachelet se creó por fin un Ministerio del Medio Ambiente.

Además, las instancias que se establecieron para la aprobación o rechazo de proyectos de inversión que podrían ser perjudiciales para el ecosistema –las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Corema) y la propia Conama, para efectos de apelaciones- se conformaron mayoritariamente por empleados públicos que debían respaldar las decisiones presidenciales, aunque los estudios técnicos de evaluación de impacto ambiental demostraran lo nocivo de los proyectos.

Todo lo anterior se ha traducido en un grave deterioro de las condiciones medioambientales del país, particularmente en relación a los efectos dañinos para el aire, suelos y aguas de las plantas termoeléctricas de generación de electricidad que proliferaron en el país en la última década. Así, mientras en 2000 solo el 34% de la generación de electricidad se originaba por termoeléctricas, en 2010 se llegó al 50%. (Ver El Mercurio; 3-1-2011) A lo anterior hay que agregar la carencia de normativas nacionales destinadas a disminuir el impacto negativo de dichas plantas; y a que muchas de ellas se instalaron hace décadas, cuando no había ninguna regulación ambiental. (Ver El Ciudadano; N° 91, noviembre de 2010)

Otro de los graves daños producidos por las ausencias de regulaciones ambientales se debió a la sobreexplotación efectuada por la pesca industrial, la que ha llevado a la disminución del 50% de la biomasa en nuestras costas y ¡al peligro de extinción de especies como el jurel, la raya y el congrio dorado! (Ver El Ciudadano; N° 92, diciembre de 2010) También hemos sido testigos de gravísimas contaminaciones producidas por grandes empresas de celulosas como Celco en Valdivia, que significó la muerte de miles de ejemplares de cisnes de cuello negro en el río Cruces; y la de Licancén en la desembocadura del río Mataquito, que se tradujo en una masiva mortandad de peces.

Asimismo, los grandes proyectos mineros han producido graves daños medioambientales por la contaminación de sus fundiciones; la apropiación de aguas que tenían usos agrícolas; y la generación de tranques de relaves que destruyen los ecosistemas y amenazan la seguridad de pueblos enteros, como el caso de Caimanes en la Cuarta Región. (Ver El Ciudadano; N° 91, noviembre de 2010)

A tanto llegó la negligencia ambiental de los gobiernos concertacionistas que -desoyendo todas las prevenciones en la materia- permitieron que se desarrollara una industria del salmón en condiciones de promiscuidad que generaron enfermedades ¡que afectaron el 70% de su producción! Peor aún, el gobierno de Bachelet logró en sus últimos meses la aprobación de una ley que les permite a las grandes empresas irresponsables hipotecar sus concesiones acuíferas generando así una virtual privatización del mar que ocupaban.

Al parecer las únicas realizaciones positivas en esta materia la constituyen el avance en el tratamiento de las aguas servidas en las ciudades; la mayor regulación de los plaguicidas; (Ver Villarino; p. 189) y la disminución de la contaminación atmosférica y acústica en la capital producto de la aplicación del Transantiago. No obstante, nuestra ciudad capital continúa disponiendo de una cantidad de áreas verdes (4 m cuadrados por persona) mucho menor al mínimo internacional recomendado (9 m). Y lo que es peor, ellas están pésimamente distribuidas. Mientras 6 comunas poseen más de 9 m y 5, entre 9 y 4; ¡23 comunas disponen de menos de 4 m cuadrados por habitante! (Ver El Mercurio; 4-5-2010)

Pero quizá la más impactante demostración del liderazgo de la Concertación en esta materia la proporcionó en 2010 su reacción negativa (particularmente del presidente del PDC, Ignacio Walker) ante el arrepentimiento del gobierno de Piñera a la autorización de la planta termoeléctrica de Punta de Choros (IV Región) que amenazaba una de las pocas reservas naturales que van quedando en nuestras costas; aduciendo que ello significaba ¡pasar a llevar la institucionalidad ambiental!

Por Felipe Portales

27 de enero de 2011

www.elclarin.cl