La Concertación debe explicaciones (XV)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué en sus veinte años de gobierno mantuvo la atomización social de los sectores populares y medios impuesta por la dictadura. Así, podemos constatar en 2010 la misma irrelevancia que tenían en 1990 los sindicatos, las juntas de vecinos, los colegios profesionales, las federaciones de estudiantes, el movimiento cooperativo y, en general, el conjunto de organizaciones representativas de los segmentos mayoritarios de la población.

En relación al movimiento sindical, este fenómeno ya se pudo apreciar en la década de los 90 en que la tasa de sindicalización descendió de 19,8% en 1990 a 16,3% en 1997; y en que la negociación colectiva bajó de una tasa de 13,1% en 1990, a 10,5% de la fuerza de trabajo asalariada en 1998. (Ver Helia Henríquez – Las relaciones laborales en «Chile ¿Un sistema colectivo o un amplio espacio para la dispersión?»; en Paul Drake e Iván Jaksic (Compiladores)- El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa; Edic. Lom, 1999; pp. 120-1)

Ambos descensos constituyeron el resultado natural de la mantención del Plan Laboral efectuada por la Concertación, que vimos anteriormente (XII). Y, por cierto, las huelgas continuaron siendo ínfimas, dada la preservación de las disposiciones –como la posibilidad de “reemplazar” a los huelguistas desde el primer día y el establecimiento de un límite del período de la “huelga”- que en la práctica conculcan dicho derecho. Todo ello configuró en palabras de Patricio Frías, ya en 1997, “un sindicalismo en crisis, sin protagonismo, sin proyecto sindical, sin presencia en los grandes debates nacionales, sin participar en la definición de las líneas políticas que orientan y dinamizan los procesos económicos y sociales”. (Gonzalo de la Maza – «Los movimientos sociales en la democratización de Chile»; en Drake y Jaksic, op. cit.; p. 388)

Respecto de las juntas de vecinos, ellas tampoco fueron estimuladas por los gobiernos concertacionistas, de tal modo que su democratización posterior a la dictadura “no se tradujo en una dinámica continua… no integraron en su seno las diferentes expresiones (organizacionales) surgidas en el período anterior, ni se constituyeron en un interlocutor relevante en la toma de decisiones a nivel local. Así, a mediados de 1991, se comenzó a diagnosticar un severo problema de falta de participación social en las bases populares” (De la Maza; p. 390) Y, peor aún, en 1996 se aprobó una ley “que permite la formación de múltiples juntas de vecinos en el mismo territorio (unidad vecinal), lo que ha permitido constituir organizaciones de menor tamaño y eventual mayor eficiencia, pero también politizarlas produciendo divisiones en la población, y no contempla mecanismos de participación en las decisiones locales”. (De la Maza; p. 391) De este modo, dichas organizaciones perdieron toda relevancia hasta el día de hoy…

Asimismo, los colegios profesionales han continuado como los dejó la dictadura, despojados de sus facultades más relevantes y sin la colegiación obligatoria. Y de allí que los únicos que han preservado cierta influencia social han sido los de médicos y profesores, ya que estos se ven excepcionalmente favorecidos porque el grueso de sus miembros trabajan en el sistema público, constituyéndose de hecho en una suerte de inmenso y poderoso sindicato.

A su vez, las federaciones estudiantiles, que se habían revigorizado a fines de la dictadura bajo liderazgos concertacionistas, experimentaron en los 90 una rápida y total decadencia. A tal punto que ¡la Fech desapareció en 1993-94! (Ver De la Maza; p. 396) Posteriormente han resurgido bajo liderazgos de izquierda pero sin mucha significación, en lo que influye -además de la profunda anomia nacional- la preservación básica de las estructuras universitarias impuestas por la dictadura, en el sentido de negarles a los estudiantes una participación en el gobierno universitario.

Y respecto del movimiento cooperativo, que tanto habían promovido los gobiernos de Frei y Allende, en función de valores de solidaridad y justicia social (con una legislación que las estimulaba; y con entidades financieras y educativas que les brindaban un apoyo logístico fundamental); los sucesivos gobiernos concertacionistas no hicieron prácticamente nada…

En términos de participación popular, los gobiernos concertacionistas se limitaron a promover la realización de “proyectos concursables”, los que por definición son limitados en el tiempo y están acotados a materias específicas, todo lo cual por muy útil que sea no genera estructuras organizacionales sólidas que integren efectivamente a la población y que la potencien para una participación relevante en el devenir social. (Ver De la Maza; p. 393) O en la promoción en sectores muy pobres de “talleres de autoestima para las mujeres y emprendimiento para los varones; en el mejoramiento urbanístico de los ‘barrios’; en ‘encuentros para la rehabilitación de la juventud drogadicta o delictiva;… en talleres de memoria e identidad locales”, con lo que “la política social se convierte, de este modo, en una lluvia caleidoscópica de instancias minúsculas de participación ciudadana, donde ninguna tiene real rango político”. (Gabriel Salazar – «Ricardo Lagos, 2000-2005: Perfil histórico, trasfondo popular»; en Hugo Fazio y otros – Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edit. Lom, 2005; p. 93)

En este contexto de cerca de 40 años de atomización no es extraño que se haya impuesto el ideal tan bien formulado por Eugenio Tironi en 1999 –que vimos precedentemente en IV- de que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido”.

Por Felipe Portales

2 de noviembre de 2010

Fuente: www.elclarin.cl