La Constitución, una senadora y la ciudadanía

Por Alejandro Navarro Brain

Este domingo 7 de junio, dos reconocidos hombres del ámbito de la política y la academia concentraron su lengua y su pluma en la Presidenta del Senado Adriana Muñoz, separados por tan solo 7 páginas del Cuerpo D de El Mercurio. La tildan de apasionada e irresponsable.

Calificando Carlos Peña sus declaraciones “como una de las cosas más graves del último tiempo” y exaltándola a explicar o renunciar, y el otro, recién nombrado Ministro, llamándola a la “plena conciencia de su rol y cargo”.

El ministro Alvarado, fiel a su rol conciliador, elude la definición de este debate, a pesar de que la constitucionalidad se resuelve con la sola discrecionalidad que posee el Presidente Piñera, o sea, su jefe.

La salida de esta contradicción no está del todo en el Ministro, quién carece de autonomía para decidir. El solo responde a una persona, el Presidente. A diferencia de la Senadora, quien responde a sus electores, a sus pares, y al país.

Solo decide quien puede escoger. Y en su rol como Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, decidida y valiente, escogió por la ciudadanía que cuestionó y exigió una Nueva Constitución. La legitimidad, como la honorabilidad, no la da el cargo, sino que se juega en este tipo de decisiones.

¿Cuáles fueron las palabras pronunciadas por la Presidenta del Senado que ameritaron esta ráfaga fulminante de emplazamiento público en el diario decano de la prensa chilena?.

La Senadora señaló, en torno al proyecto de ley que busca extender el Postnatal a las Madres trabajadoras ante el cierre de las salas cunas y jardines infantiles, que prefería “cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente que tienen las madres y padres hoy”.

Esto ante el llamado creciente y duro del gobierno y los empresarios a una nueva normalidad y el retorno seguro al trabajo, en medio de los peores momentos de la Pandemia del Covid-19 en Chile, con cifras que ya superan a China en número de contagios, y el colapso inminente del sistema de salud pública denunciado a diario por trabajadores de la salud y el Colegio Médico.

¿No fue acaso el Presidente Sebastian Piñera quien junto a la Primera dama Cecilia Morel le dijo al país: “Los niños están primero”?; el mismo Presidente que señaló que el gobierno estaba preparado desde el 3 de Enero para enfrentar esta Pandemia porque se habían tomado todas las medidas para que no faltaran ventiladores mecánicos, camas críticas, o no se colapsara el sistema hospitalario.

¿No fue el propio ministro Mañalich el que señaló hace pocos días que “Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”

Estas frases, desaciertos y errores, nos recuerdan las afirmaciones de los ministros de Piñera previo al 18 de octubre; la idea de levantarse más temprano frente al alza del metro, el llamado a “aprovechar de comprar flores” frente al alza del costo de la vida, la invitación a  “rezar para que se solucione la guerra comercial”, o plantear que la gente iba al consultorio temprano para hacer vida social.

Pero en el contexto de la crisis del Covid-19, las fallidas, temerarias e inexcusables afirmaciones de las dos principales autoridades de esta crisis, tienen un distingo, en donde los “errores” cuestan vidas, y que en tiempos de normalidad son negligencias que pueden ser perseguidas en la justicia criminal y civil.

¿Y cuál es el error apasionado e institucional de la Senadora Adriana Muñoz por el cual debiera incluso renunciar?. Poner en debate, tal como lo obliga el Reglamento del Senado, el proyecto de origen parlamentario, que llega aprobado desde la Cámara de Diputadas y Diputados, para seguir con su trámite legislativo en el Senado, que además ha acordado por la unanimidad de todos los comités -de gobierno y oposición- priorizar la tabla de debate con proyectos que apunten a afrontar y resolver la crisis creada por la pandemia.

Ante la evidente diferencia en la calificación de admisibilidad entre los Senadores y Senadoras, y para evitar que este proyecto aprobado ya por la Cámara no se discuta, la Presidenta del Senado propuso que la Comisión de Trabajo y de Constitución lo revisen y entreguen a la Sala su opinión antes de votar dicha admisibilidad. Es decir, una salomónica decisión totalmente dentro de sus facultades, y utilizada en múltiples ocasiones ante proyectos complejos en su tramitación y contenido.

No debemos perder de vista que estamos frente un proyecto de ley que ya fue APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS, de manera absoluta y transversal, con 93 votos a favor, con la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

No es acaso la prescindencia de los intereses ciudadanos y la sideral distancia que la política tiene en su actuar por dar respuesta al interés ciudadano lo que tiene mascando el polvo a la clase política y toda la institucionalidad democrática que ha sido cuestionada en su esencia a partir del 18 de octubre del 2019 y puesta a prueba en su sobrevivencia en la adecuada y exitosa en la protección de la vida de las personas en esta pandemia.

Lo que ha hecho la presidenta del Senado es precisamente aquello, recobrar la cercanía con la ciudadanía, acoger en las formas imperfectas que tiene una Constitución ilegítima y anti-democrática, las demandas que dicha constitución en su concepción y elaboración dejó premeditadamente fuera de la misma, es decir, Adriana Muñoz enfrenta la difícil tarea de intentar contribuir a la gobernabilidad desde la ilegitimidad de la carta fundamental.

Esto frente a la incertidumbre diaria que refleja la principal autoridad política de la nación al informar reiterados cambios de cifras y estrategias para enfrentar los peores miedos de la gente; el hambre, la pobreza, la cesantía, la soledad y la muerte, lo que ha destruido la credibilidad ya debilitada de todas las autoridades del país.

Lo que precisamente hay que atender, si queremos mantener el respeto a la democracia y evitar populismos irresponsables que arrastren al caos permanente de un país sin líderes morales ni políticos.

Más allá de la consideración de tiempos normales o anormales, estamos en tiempos reales que señalan que el Senado tiene una aprobación del 3%, que la batalla contra el coronavirus la va perdiendo el gobierno, y que los costos se pagan en vidas de personas, cuyas autoridades se niegan a escucharlas y les impiden participar, porque eso no está escrito en una Constitución que ellos jamás discutieron ,jamás votaron, y que nunca conocieron.

Se equivoca Carlos Peña. El primer deber de una política o un político en democracia es escuchar a la ciudadanía, y buscar el bien común, más en tiempos de pandemia, con una autoridad que ha fracasado y que miente en cadena nacional a personas que están aterrorizadas dentro de sus casas; sin comida, sin saber qué pasa con aquellos a quienes eligió para representar sus intereses, y en sus 40 m² compartidos con 6 o 7 personas más, escucha el llamado y la exigencia indolente al distanciamiento social, a no salir a la calle, y ve cómo mueren sus abuelos, sus vecinos, sin que esa autoridad que juró o prometió defender sus vidas logre comprender lo que a ellos les sucede.

Peña se para en la historia de Chile de los 90´s y 2000, su análisis no da cuenta de la crisis política y social acumulada en 30 años y no en 30 pesos, y el cuestionamiento a la Constitución, la Nueva Constitución va a ser discutida y elaborada por la ciudadanía, hay plebiscito, hay una fecha fija para cambiar la Constitución. Por ello las exigencias de respeto irrestricto y absoluto a esta Constitución en tiempos de Estado de Excepción Constitucional y de una crisis en pleno desarrollo, no dan cuenta del realismo necesario para evitar que la crisis destruya el Estado.

Si hay una opción responsable en medio de esta crisis es, por cierto, la de Adriana Muñoz y no la de Piñera y Mañalich. Al parecer, la senadora, quién es la segunda autoridad de la nación, es la única que ha podido aquilatar lo que hoy pasa en Chile, y con su actitud, se convierte en la principal defensora de la estabilidad, pues si se profundiza el desequilibrio y la distancia entre autoridad y ciudadanía, lo que viene es la negación del Estado.

Lejos entonces de pasional o irresponsable es una actitud de sumo compromiso institucional, una acción de extrema responsabilidad.

Peña alega que “los más altos cargos del estado no son dignidades que ponen a quienes los ejercen en posición de decir cualquier cosa o se les perdone cualquier exabrupto. Estos imponen servidumbres, deberes de racionalidad y sobriedad intelectual que desgraciadamente en esta ocasión la senadora abandonó”

Lo anterior es total y absolutamente aplicable a Mañalich y a Piñera, juntos o separados. No por sus dichos, sino por los hechos, por su mal hacer, como lo indican los números y las estadísticas. A pesar de que nos dijeron que estábamos mejor preparados que China y que cualquier país del mundo.

Sin embargo, el Presidente y el Ministro, con abandono real y no discursivo de sus deberes institucionales, no son objeto de artículos donde se les exija corrijo u renunciar. Es evidente que abandonaron sus deberes, mintieron o se equivocaron. Fallaron. No cumplieron con los preceptos constitucionales del derecho a la vida. El Estado no protegió la vida de los contagiados y de los muertos. Ellos NO cumplieron.

Nuestra Presidenta del Senado, a pesar de que le puede costar el cargo, asume una convicción valórica, es sincera, es valiente, es sensible y es respetuosa de esa inmoral Constitución, es decir, clara la “dignidad del cargo”.

Intelectualizar las crisis políticas y las pandemias es una forma de negar la crisis. Racionalizar no implica despersonalizar. Cuando una autoridad actúe sólo por la mera racionalidad habrá perdido por completo dicha autoridad, entregada, por los ciudadanos y ciudadanas, a los cuales toda autoridad democrática siempre y mucho más en pandemia se debe.

Por cierto, los niños no votan y siguen esperando que su madre regrese del trabajo a amamantar, encomendada a la divinidad para no haber contraído el virus, dado que la autoridad que ella eligió se preocupó más de la constitucionalidad que de la mortalidad.

Por Alejandro Navarro Brain

Senador de la República