Por Amanda Durán
A 50 años del golpe militar de Chile, en un país en que no se habla de golpe militar, la encuesta Barómetro de la Política CERC, que realiza MORI desde 1987, instala el debate sobre la democracia en la discusión pública, un tema que aunque asumamos es trascendente en un país que ha experimentado una tiranía, hasta hoy no tuvo ningún momento de discusión, repercusión en los medios de comunicación locales, ni mucho menos debates serios en el congreso que decide sus leyes.
Los datos pueden ser desoladores: más de 1/3 de los ciudadanos encuestados aprueba «el legado» de Augusto Pinochet. Hablamos del nivel de apoyo más alto a la dictadura desde el retorno a la democracia:
Sobre una muestra de 1000 personas, el 36% de los chilenos y chilenas consultadas piensan que los militares tenían razón para dar el golpe de Estado de 1973 y que Pinochet liberó a Chile del marxismo. Mientras un 60% lo considera un dictador.
Las declaraciones del constituyente Luis Silva quien días antes ostentara su admiración al general Augusto Pinochet -a quien calificó como «Estadista»- junto al peso de los datos expuestos por MORI tuvo inmediata repercusión en los medios internacionales, contexto que deriva en el Congreso, donde por primera vez se impulsa una ley que podría castigar el negacionismo de los delitos de lesa humanidad de la dictadura de Chile.
La encuesta Barómetro además indica que gran parte de los encuestados desconoce los hechos, por los que es importante detallarlos:
El 11 de septiembre del año 1973, las Fuerzas Armadas de Chile lideradas por el General Augusto Pinochet derrocaron al gobierno democrático y constitucional del presidente socialista Salvador Allende. La dictadura se extendió por 17 años y dejó más de 3200 víctimas mortales según datos oficiales. Sin embargo, la generalidad de las estimaciones hace ascender a más de 30.000 los muertos. El embajador norteamericano en Santiago en la fecha del golpe, don Nathaniel David, escribió al respecto: «Las estimaciones acerca del número de gente muerta durante o inmediatamente después del golpe varían desde menos de 2.500 a más de 80.000. Una lista de 3.000 a 10.000 muertos cubre las estimaciones más fiables.»
Esta dictadura que además cuenta con una decena de miles de torturados, exiliados y perseguidos, vive el mejor momento de su imagen desde su fin en 1990. Esto no solo es el resultado de una suma de crisis, es también la fotografía de un país en el que existe una extraña falacia retrospectiva, y que censurando o cuestionando actos de justicia y reparación, mira con nostalgia la promesa orden y seguridad de un sistema autoritario, y propaga el mito del fantasioso crecimiento económico de un gobierno dictatorial que dejó un saldo de más de un 60% de pobreza.
Chile no solo sufre de nostalgia por un pasado que nunca existió, sino que al hacerlo deja ver una implícita, pero no menos preocupante, negación de la democracia.
Si nos basamos en los datos históricos no puede ser cierto afirmar que «el golpe tiene que haber sucedido» ni asegurar que «es bueno que haya sucedido porque liberó a Chile del marxismo». Que esas afirmaciones no nos sorprendan o estén considerada respetables, solo habla del fracaso cultural y político de los gobiernos actuales de Chile en la instalación de la democracia.
La memoria histórica de un país no debería ser politizada, sino más bien estudiada, pero este no es el caso y eso tiene consecuencias.
A pesar de estos datos según la encuesta Latinobarometro, también a cargo de la consultora MORI, Chile es uno de los países de América latina que mantiene una mayor estabilidad en la demanda de sus ciudadanos por la democracia, esto es alrededor del 60% de la población. Mismo dato que indica la encuesta reciente. No es cierto entonces que haya un abandono total de la democracia, pero sí un país que está dividido en 60%, que la abrazan y otro 35, 40% que no lo hacen, algo que como mínimo debiera llamarnos la atención.
El Presidente de la república de Chile Gabriel Boric Font reaccionó por sus redes con un mensaje tajante y riguroso con el dictador. Esta dureza hacia la imagen de Augusto Pinochet no solo no la habíamos visto desde que empezó a ser candidato, sino que es la primera vez desde la transición democrática que un presidente en Chile deja claro lo que significa ser un dictador. No es un hecho aislado, tras 17 años de una de las más brutales dictaduras del mundo, en este país -hasta hoy- no se hablaba de dictadura y es muy probable que sin esta encuesta viviera la conmemoración de los 50 años de un brutal Golpe de Estado sin que haya existido ni esté planteada aun ninguna discusión sobre este tema.
Sin embargo el escenario hoy es distinto, y se instala por primera vez en los medios oficiales y desde el poder político, una verdad histórica. Chile al fin le da nombre a lo que hasta hace poco era indecible o censurado, y ese nombre no solo es dictadura, también es Augusto Pinochet, de quién según la encuesta inferimos que los más jóvenes no saben nada. No es que esos jóvenes hayan olvidado, Marta Lagos -quién está a cargo de este estudio- hace una reflexión que puede ser acertada y es que «no se puede olvidar lo que no se conoce». No era cierto que Chile no tuviera memoria: carecía de un nombre para el horror, una palabra que desde el relato oficial diera cuenta de lo irrepetible, un compromiso hacia la democracia que pareciera inclaudicable y que quedara por escrito en sus libros. Hacía falta la palabra y su contexto. Si realmente la idea de sancionar al negacionismo se instala en el debate público, hablaríamos de un momento histórico, que por las cifras actuales no gozaría de gran popularidad, pero marcaría quizás el hito más concreto para este país en su lento retorno a la democracia.
En el escenario que arroja la encuesta MORI da a entender que la posibilidad de un segundo mandato de la izquierda es más que improbable, sin embargo un escenario posible sería asumir políticamente un debate serio sobre la democracia, podría convertirse en el «legado» histórico que el gobierno de Gabriel Boric ansía, mientras trabaje en aumentar la autonomía de las gobernaciones regionales y enfoque la fuerza en los gobiernos territoriales para intentar mantener las bases políticas los años que vienen.
El desencanto de los votantes de Chile es palpable en un sistema electoral que se sustenta ya no en valores morales o de militancia, sino en las más extremas emociones. Hablamos de un voto cargado de una rabia que no solo va dirigida a gobernantes o políticos, también pareciera tener un tinte masoquista de auo-castigo que difícilmente menguará a corto plazo. Quizás una mínima señal ética desde la oficialidad, podría aportar a que esta cúspide de relativismo moral si es que no se normaliza, al menos no siga aumentando.
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