El acuerdo propuesto por Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), a los trabajadores portuarios de Valparaíso, no es más que una Transacción Comercial, en ese marco se ha pretendido entregar un supuesto beneficio que se entregará a los trabajadores, si es que se entrega a un supuesto licitante el frente de atraque Nº 2, que en términos más conocidos sería el Espigón de Valparaíso.
Los datos que obran en nuestro poder, nos da para concluir que la EPV, está desarrollando acciones que atentan contra los derechos de los trabajadores portuarios de Valparaíso. Sin considerar la resolución que emanara de la unanimidad de los senadores de la República de Chile, en votación del primero de marzo, del presente año.
En las cartas con que la EPV, determina y ha comunicado quiénes han sido elegidos, para recibir ciertos beneficios de mitigación, por la supuesta licitación, contiene puntos desde mi mirada, coercitivos con amenazas explícitas y vedadas a los supuestamente beneficiarios, ya que quien no firme o alegue será condenado a no recibir nada, de lo ofertado.
Otra joyita es el documento de aceptación del beneficio o mitigación, por el cual cada beneficiario y en forma personal, “renuncia” a cualquier acción civil, en contra de EPV y el Estado de Chile, es más, cada firmante renuncia, a exigir jubilaciones, pensiones, capacitaciones o cualquier tipo de beneficio, que sea paliativo de una actividad laboral desprovista de regulación legal, como es la industria portuaria, es más el acuerdo firmado por los “dirigentes” sindicales y sus organizaciones, se obligan a defender y cooperarán en contra de aquellos que osen levantarse contra este acuerdo.
Una de las gracias de este acuerdo, es que ha logrado aceptar por parte de los beneficiarios eventuales, su discriminación hacia los compañeros de labores que hoy gozan de contratos permanentes, pues han sido castigado por su condición, a solo recibir un 13,3 % de lo que recibiría un eventual en el tramo mayor.
La eventualidad, o precariedad del empleo en nuestra industria, es una responsabilidad de la falta de servicio de parte del Estado de Chile y sus poderes (Legislativo y Judicial) que no ha sido capaz de proponer, una reglamentación para nuestra industria siendo ésta estratégica en la cadena de producción de servicios, del comercio internacional, como tampoco en la idea de regular la libre competencia, cuestión que muchos todavía cacarean en discursos destemplados y extemporáneos.
Así las cosas, desde una mirada más ajena, también nos encontramos con algunas situaciones que a lo menos llaman la atención, es el caso de los negociantes y firmantes del acuerdo, que en definitiva, uno podría atreverse a plantear como poco ética, por decir lo menos. Es el caso de Jorge Peña abogado de voz fina, personaje oscuro que nadie sabe para quién trabaja, digo lo anterior, pues es uno de los participantes de anteriores acuerdos representando a los trabajadores, como el del año 2000 y posteriores, hoy curiosamente otra vez aparece en el ruedo, este joven profesional, apegado a la Concertación y parte del desaguisado de la pérdida o poco justificada desaparición de 2.500 millones de pesos en el proceso de desvinculación anterior, tenía la curiosa duplicidad de funciones cuando el nepotismo campeaba, ser asesor de los trabajadores y luego aparecer firmando documentos como parte del Gobierno, junto con el actual encargado de puertos en el Ministerio de Transporte, Andrés Rengifo, en el puerto de Iquique, documentos que decían cómo burlar al organismo contralor, dicho documento, obra en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en Contraloría General de la República y en el archivado proceso que levantamos hace más de 10 años en contra de la pérdida de tanto dinero de todos los chilenos.
Lo que trato de decir es que a lo menos aparece como un despropósito, por parte del poder Ejecutivo de nuestro país, es que tanto discurso que alentaba la decisión de no seguir avalando actos de dudosa rigurosidad ética, hoy los mismos personajes sean parte del organismos del estado y sean ocupados por el mismo, como actores relevantes en cuestiones tan delicadas.
Volviendo a los documentos de conocimiento público, como son las cartas de EPV, a los supuestos beneficiarios. Uno se podría preguntar si la cosa a licitar es el Espigón de Valparaíso, y por lo tanto los trabajadores más susceptibles a perder su empleo, producto de la licitación, son precisamente los trabajadores del Espigón, esa pequeña reflexión, no es parte del acuerdo. Discriminando en particular a los con contrato permanente.
Uno podría preguntarse por qué los trabajadores debiesen renunciar a pensiones y otros beneficios si en definitiva quien pagará estas supuestas mitigaciones es el nuevo concesionario y no el Estado de Chile.
Por qué en San Antonio, otro puerto en la carrera de licitación sí se toma en cuenta a los trabajadores contratados indefinidos que trabajan en el Espigón y en el caso de Valparaíso, se les discrimina.
Por qué en San Antonio, se toma como elemento central para poder acceder a ser beneficiario, la antigüedad desde el 2007 en adelante, acá en Valparaíso se pide antigüedad desde el 2004.
Bueno la EPV podrá argumentar que este acuerdo fue tomado con las organizaciones más representativas, pero lo concreto, es que este acuerdo carece del respaldo democrático de los trabajadores y sus asambleas. Y mañosamente la EPV y su abogado el Sr. Peña han abusado de la desesperación económica de los trabajadores, que en definitiva se han asegurado, yo diría que tomando en cuenta “más vale pájaro en la mano que cien volando” o en definitiva “a caballo regalado no se le miran los dientes”, cuestión que a lo menos a los dirigentes de ocho sindicatos, nos parece reprochable y nos asiste la convicción que somos representantes de todos los trabajadores no importando su relación contractual hoy existente.
Sin duda es acertado lo que los senadores de la República, han planteado, al Presidente de Chile y al Ministro de Transporte: “Esta inquietud surge, fundamentalmente, por la experiencia de los últimos procesos de concesión, puesto que fruto de ellos se ha desvinculado muchas veces por parte de las empresas concesionarias a un alto porcentaje de los trabajadores, sin que se haya garantizado ni resguardado por parte del Estado una desvinculación justa”, es más proponen al Ejecutivo: “Que dentro de las materias que deben incluirse dentro del proceso están la implementación de un sistema de seguridad social y el establecimiento de una pensión de gracia que remedie el daño previsional que afecta a la mayoría de los trabajadores portuarios”.
Parece que el Presidente, debe cambiar a todo el directorio de la EPV y su gerencia, por incompetentes.
Por Jorge Bustos
Presidente Congemar
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