Por Marcelo Cardenas A.
La economía por sobre la dignidad
El Gobierno de Sebastián Piñera viene demostrando hace varias semanas su ansiedad por capitanear un retorno al ritmo de actividades económicas y laborales previo al Covid-19. Su motivación tiene como eje el detener pérdidas que ha sufrido la economía, preocupación prioritaria, que ha marcado su gestión de la emergencia, desplazando constantemente la seguridad de enormes segmentos de la población y cargando sobre los hombros de la clase media los costos financieros de la emergencia. Esto, en la misma línea de Brasil y EE.UU., que desde un comienzo han privilegiado la estabilidad de la economía en el diseño y las estrategias que desarrollan contra el virus.
Pero, a diferencia de sus colegas Bolsonaro y Trump, para Piñera la Pandemia ha significado un alivio de la presión que se volcaba sobre la Moneda a causa del estallido social en Chile, sosegado momentáneamente como consecuencia del avance del virus, que incluso ha servido de excusa para promover medidas excepcionales del uso de la fuerza, quitar el foco de los crímenes cometidos por carabineros, y, recientemente, comenzar una imprudente campaña para evitar la realización del plebiscito de entrada este 25 de octubre, que inaugura el ciclo de elecciones más importantes en las últimas décadas en nuestros país, durante el cual elegiremos alcaldes, gobernadores regionales, miembros de la Convención Constitucional, parlamentarios y Presidente de la República, todo en apenas en poco más de un año y medio.
En este punto queremos llamar la atención de la comunidad, pues si bien la amenaza patente de la enfermedad merece ser tomada muy en serio, también lo merece el calendario de votaciones, cuyos resultados definirán no solo el futuro de las administraciones territoriales, sino también la forma y el fondo de los cambios a la actual Constitución y el contenido de los mismos, cuyo impacto se hará visible en cuestiones clave para nuestras vidas, como fondos de pensiones, acceso al agua y a la educación pública, entre tantas otras. También merecen ser tomados en serio los escándalos de corrupción, que gracias a que atravesamos por inesperado estado de excepción, han pasado casi desapercibidos por la opinión pública. Volveremos sobre esto más abajo.
El único escoyo potencial para que el calendario de votaciones no se materialice es que el virus siga fuera de control durante los siguientes 6 meses, cuestión que significaría un verdadero desastre humanitario y, obviamente, un fracaso rotundo de las proyecciones oficiales. Por eso, mientras tanto debemos operar bajo el supuesto generalizado que adelanta que, para esas fechas, el virus estará bajo relativo control, lo que permitiría realizar el plebiscito de entrada sin mayores inconvenientes, salvo las precauciones que determinen las autoridades sanitarias.
El horizonte después del Covid-19
Ahora bien, el horizonte global de la pandemia, después de varios meses bajo asedio, pareciera despejarse, dando lugar a la posibilidad de un sobrio optimismo. Países como China y Francia, que comenzaron a sufrir los efectos del virus antes que el continente americano, comienzan lentamente y con mucha cautela, a retomar algunas actividades comerciales y a abrir colegios, con la esperanza de que lo peor haya pasado, mientras se sigue avanzando en las investigaciones que prometen contar con una vacuna para humanos antes de fin de año. Si esta tendencia a la disminución de contagios se estabiliza y se reproduce en nuestro país, habremos librado de la zona de riesgo inmediato. Si esto sucede, se reactivarán los asuntos que se congelaron en marzo. Incómodo para algunos, motivador para otros, pero para nadie simple ni fácil: como sea, volveremos tarde o temprano a preocuparnos de los asuntos de la república, de la lucha que venimos dando desde el 18 de octubre (sino desde antes). Es que el virus no ha dañado nuestra memoria ni ha solucionado las inequidades de nuestro actual sistema político-económico. Al contrario, las ha profundizado.
Debemos retomar el proceso constituyente, pero también debemos encargarnos de higienizar nuestro sistema político a la hora de elegir a los que serán nuestros líderes durante los dos años clave que se vienen encima. Con eso, claro, será inevitable asumir un ejercicio que aborde el diagnóstico crítico de la administración Piñera, por un lado, y de los liderazgos regionales y locales, por otro. Debemos partir entonces con algunas observaciones relevantes sobre el desempeño y estilo que ha desplegado Piñera durante la pandemia, para luego pasar al territorio local, donde los últimos acontecimientos gatillados por las malas prácticas municipales en las concesiones de renovación de luminaria led que han remecido el escenario político de Ñuble, arrojando consecuencias para el futuro político de la región que vale la pena analizar.
Breve diagnóstico del Gobierno
Antes de la llegada del Covid-19 a nuestro país, el Gobierno enfrentaba serias acusaciones cuya gravedad iba desde el uso excesivo de la violencia hastala violación masiva y sistemática de DD.HH. Desde la Moneda se argumentaba contar una estrategia -también cuestionada- de seguridad interna, la que a su vez se basaba en la criminalización de las protestas. Con esto, todos los ciudadanos y ciudadanas que nos manifestamos en las calles somos considerados delincuentes, sin importar si participamos en desmanes o simplemente cargamos una pancarta. Con tales justificaciones, carabineros ha actuado como si de una guerra se tratara, distribuyendo un castigo físico gratuito de forma enajenada. Eso lo recordamos perfectamente: las violaciones a los derechos humanos de los chilenos resultaron francamente imperdonables. Pero, como decíamos, con la llegada del virus, cambiaron las prioridades y la agenda de medios, con lo que la baja popularidad del Presidente y sus sistemáticos atropellos a la dignidad de la ciudadanía, así como su constante pulsión a hacer negocios en medio de las tragedias de nuestro pueblo, fueron relegadas al olvido gracias al pánico provocado por la emergencia sanitaria. Lo mismo ocurrió con Carabineros, que ahora actúan como nada hubiese pasado.
Durante el mes de abril, el Ministerio de energía dictaminó medidas para amortiguar el impacto de la crisis en su sector en beneficio directo de los grandes productores energéticos. Los beneficiarios fueron Aguas Andinas, Enel y Gasco. Además, mientras por un lado nos repiten constantemente que la única manera por completo segura de evitar el contagio es limitando a cero la exposición, arrojan con sus decisiones a millones de trabajadores a las calles pues la mayoría de las personas no pueden dejar de trabajar. Han facilitado también el camino para las empresas, permitiendo que estas dejen de pagar a los trabajadores sin tener que despedirlos, dejando a estos abandonados a su suerte, sin más garantía que los seguros de desempleo, que son un derecho propio de los trabajadores y en ningún caso representan una “política de emergencia”.
Son muchas las acciones por parte del Gobierno donde aprovechan la ventaja de la crisis en beneficio de grandes empresas y en desmedro directo de la ciudadanía. Y es que la razón no es ningún misterio: la rotación de personas que pasan de ocupar cargos en el Estado a trabajar en cargos directivos de grandes empresas en alarmante, el mismo Sebastián Piñera es el mejor ejemplo de ellos. En el fondo, son las mismas personas, que actúan siempre buscando su propio beneficio. En la misma línea, recientemente, el ex Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, asumió como director de Cencosud, que controla la familia Paulmann. En este cargo compartirá un puesto en el directorio con ejecutivos propuestos por AFP Capital. Los ejemplos son muchos y nos los enumeraremos ahora, pero pueden revisar el reportaje aparecido en La Tercera el 6 de mayo, donde revela como ex ministros y ex subsecretarios, entre otros ex personeros, se posicionan en altos cargos ejecutivos.
En lo que respecta exclusivamente a la gestión de la emergencia por parte de la administración Piñera, las conclusiones tampoco son muy alegres. El Ministro Mañalich, se enfrenta con regularidad a los alcaldes de todos los sectores, que están sometidos constantemente a presiones que los sobrepasan, pues deben resolver cómo tener a media comuna en las calles trabajando y reducir al mismo tiempo las tasas de contagio.
Hay enérgicas críticas que vienen de la misma derecha, que piden al Ministro dedicarse a la gestión de la crisis en lugar de sobre-mediatizar su figura en busca de rendimiento político. Esto, pues el Gobierno no puede sostenerse en la debilitada figura de Piñera y han visto en Mañalich una alternativa, que, gracias a su exposición pública por motivo de la pandemia, podría entregar fortaleza a la imagen del Gobierno. Lo hemos visto mentir descaradamente con regularidad semanal en las cifras, que lo enfrentan sin remedio al Colegio Médico, el cual ha sido desplazado del equipo que hace contención del virus, por resultar políticamente incómodo ya que exige conocer los datos que el Ministro no entrega a la prensa.
¿Qué podemos hacer para enfrentar este escenario?
En éste contexto cabría preguntarnos ¿Qué tipo de liderazgo necesita nuestra región? ¿Qué cambios son urgentes en nuestras comunas? ¿Cuáles son las necesidades y potenciales de mi comunidad? Y, entonces, ¿Qué clase de líderes debemos elegir para conducir a la región por ese camino? Personalmente, creo que podemos reunir nuestras fuerzas y voluntades en torno al objetivo común que nos convocó en octubre el año pasado, el de hacer un país más justo e inclusivo, garantizar un modelo de redistribución de la riqueza con el foco en las personas y no en la economía.
Qué podemos hacer; unir nuestras fuerzas, sellar una alianza que nos asegure poder generar un cambio profundo en la manera de hacer política en Chile. El tiempo es aquí y ahora.
Por Marcelo Cardenas A.
Lic. Ciencias de la comunicación
©magíster en ciencia política y pensamiento contemporáneo.
Vicepresidente nacional Partido Progresista de Chile.