En Canadá, los profesores de Ontario y Alberta, no imaginan las dimensiones del delito cometido por la empresa de la cual son propietarios; ellos han confiado en que sus fondos de pensiones, invertidos legalmente en Chile y patrocinados por los tratados internacionales, están ayudando a favorecer nuestro desarrollo económico, cultural y social, al mismo tiempo que crece la rentabilidad de los 800 millones de dólares invertidos en la compra de la empresa Saesa.
Hay una grieta moral enorme entre los propios trabajadores sindicalizados de esta empresa, con sus directivos que no cumplen con los principios valóricos que caracterizan al profesorado canadiense. Los fondos de pensiones invertidos en Chile, se basan en no dañar el medio ambiente, así como tampoco dañar el patrimonio cultural y social, del país donde se busca aportarlos para obtener las utilidades que garanticen los ingresos para sus jubilaciones.
La cuestión ética es primordial para los canadienses, por ello han establecido requisitos a los trabajadores sindicalizados, la totalidad de los cuales son cumplidos con mucha conciencia y tesón. Sin embargo, los niveles gerenciales y directivos de Saesa, han hecho evidente un comportamiento que está totalmente divorciado de las políticas internacionales de las empresas propietarias y que apuntan en una dirección opuesta al tratamiento que han dado al conflicto con la comunidad del primer tramo de la Carretera Austral.
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El delito cometido de manera reiterada, consiste en excavar sitios arqueológicos para instalar sobre estos, postes de cemento para el eventual transporte de electricidad de media tensión. Habiendo antecedentes de la existencia ancestral de sitios ceremoniales, de espacios de recalada de pueblos canoeros a lo largo del borde costero, de hallazgos frecuentes cada medio kilómetro de distancia, de nada sirvieron estos estudios ante la supremacía de la inmoralidad de una empresa abusadora.
Corresponde ahora que la justicia actúe a la luz de los hechos, para esclarecer cómo se ha realizado la tramitación de los permisos, responsabilidad que le compete a la Dirección de Vialidad, en tanto la desligitimidad moral que se instala al interior de la empresa Saesa, será materia de evaluación por parte de sus propietarios: los profesores canadienses, lo cual expone una fisura en la credibilidad que Chile difunde internacionalmente.
Se agrega a lo anterior, además del atropello a la memoria ancestral, pues las excavaciones revisten características de profanación de lugares sagrados para nuestros pueblos originarios, tampoco considerar que la modernización de nuestra sociedad, implica que la ciudadanía está más informada de sus derechos, especialmente los relacionados a la protección de su entorno y a la participación en las decisiones que involucran la sustentabilidad del desarrollo, todo lo cual no ha sido considerado por una empresa que tiene como principio la ética para invertir, en el caso del país de origen de sus capitales, pero que está muy mal traducida y peor implementada por sus empleados criollos.
Por Tomás Pizarro Meniconi