La política indígena de Bachelet: Continuidad peligrosa

Trascurridos nueve meses de iniciado el gobierno de la presidenta Bachelet,
hay antecedentes claros que indican que la política de su administración
hacia los pueblos indígenas no solo ha mantenido las indefiniciones que
fueran características de la política de su antecesor en La Moneda en la
materia, sino también, las contradicciones entre el discurso y la práctica.
Cabe recordar que siendo candidata Michele Bachelet se comprometió a que
durante su gobierno tendría presente el informe de la Comisión de Verdad
Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, así como el del Relator de
la ONU para los derechos indígenas sobre Chile, ambos de 2003. Los dos
informes habían recomendado la introducción de reformas constitucionales
que posibilitaran el reconocimiento y protección de los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como de su
derecho a la participación política y económica. También coincidían en la
necesidad de que Chile ratificase el Convenio 169 de la OIT. El informe del
Relator de la ONU, además, instaba al estado a no criminalizar la protesta
social indígena, y a poner termino al uso de la fuerza pública en contra de
los indígenas y a la aplicación de leyes especiales, como la ley
antiterrorista, para perseguir los delitos que pudiesen haber cometido.

Reiterando sus compromisos electorales la Presidenta Bachelet, con ocasión
de la celebración del año nuevo indígena, señaló en La Moneda el 23 de
junio pasado: «Queremos un país cada vez más participativo, digno y justo
para todos. Y también, por cierto, para los pueblos indígenas, para
nuestros pueblos originarios. Un país inclusivo, sin discriminaciones.»

Pues bien, lamentablemente las actuaciones de los entes públicos en
relación a los pueblos indígenas en lo que va corrido de su mandato han
estado muy lejos de orientarse por estos lineamientos. Por el contrario,
tales actuaciones nos hacen pensar que estos pueblos y sus derechos, o bien
siguen siendo ignorados por las autoridades, o están subordinados a otras
políticas que resultan prioritarias para la agenda gubernamental. Por de
pronto, en el plano jurídico, a pesar de los anuncios no se ha otorgado
hasta ahora la urgencia demandada por los pueblos indígenas al proyecto
para la ratificación del Convenio 169 de la OIT, convención internacional
cuya aprobación por el Senado sigue pendiente.

Tampoco hay avances en lo que dice relación con la reforma de la
Constitución para el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus
derechos. La urgencia otorgada por el ejecutivo a esta iniciativa durante
el primer semestre debió retirarse luego de que las autoridades se
percataran de que el texto del proyecto sobre el cual recaía dicha
urgencia, lejos de permitir tal reconocimiento, lo impedía. Ello, dado que
el texto aprobado por la Cámara de Diputados a la fecha rezaba: «La nación
chilena es una e indivisible.» El párrafo alusivo a los pueblos indígenas y
a sus derechos, a pesar de sus insuficiencias a la luz del derecho
internacional, no había sido aprobado por la Cámara.

En cuanto a la labor impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, esta se ha visto seriamente dificultada por las dinámicas
partidarias que persisten en su interior, así como por la influencia que
ejercen en sus decisiones los dirigentes indígenas que integran su Consejo
nacional. Cabe señalar que estos últimos, mas que abogar por las demandas
más sentidas y urgentes de los pueblos indígenas y de sus movimientos, se
han convertido en mediadores de los intereses de los sectores que
representan, muchas veces en desmedro de los derechos de otros sectores
indígenas.

Ello se ve claramente reflejado en la política de su Fondo de Tierras de
tierras, donde dicho Consejo nacional, a instancia de los representantes
indígenas, ha favorecido la adquisición de predios para sectores cuyas
reclamaciones de tierras son dudosas, en desmedro de las comunidades que
las reclaman por ser parte de su territorio ancestral, creando serios
conflictos en este caso, al interior del pueblo mapuche. De este modo,
aunque el incremento del presupuesto de esta entidad previsto para el
próximo año resulte valorable, no queda claro como CONADI, con las
limitantes antes señaladas, favorecerá los procesos de reconstrucción
territorial en que hoy están empeñados los pueblos indígenas.

Dudas semejantes surgen de la anunciada segunda etapa del Programa
Orígenes, iniciativa que de no ser reestructurada con criterios
profesionales y con la participación activa de los pueblos indígenas,
seguirá favoreciendo el clientelismo y la cooptacion indígena, como ocurrió
en su primera etapa de acuerdo a los análisis de diversos sectores,
incluyendo el propio BID, que financia en parte este proyecto.

Otro de los planos en que la acción gubernamental no ha sido congruente con
los compromisos y la retórica presidencial – de participación, dignidad, no
discriminación, etc.- es el que dice relación con el sistemático respaldo
otorgado por las instancias públicas encargadas de la aprobación de
proyectos de inversión a aquellas propuestas privadas o públicas a ser
ejecutadas en territorios de propiedad o en reclamo por los pueblos
indígenas.

Así, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama, bajo
la actual administración, rechazó el recurso de reclamación presentado por
la comunidad diaguita de Huasco Alto en contra de la resolución que la
misma entidad había dictado aprobando el segundo Estudio de Impacto
Ambiental del polémico proyecto Pascua Lama, de la compañía canadiense
Barrick Gold. La reclamación desestimada por la Corema impugnaba el
proyecto en razón de su emplazamiento en tierras ancestrales indígenas y de
sus implicancias ambientales (recordemos que el proyecto consideraba la
remoción de los glaciares que alimentan el río Huasco que sustenta la
economía de los diaguita, remoción que aunque no fue aprobada en definitiva
por la Corema, no elimina los riesgos de contaminación de sus aguas). En
los meses de invierno el gobierno, también a través de la Corema, esta vez
de la Región de Los Lagos, dio su respaldo a la empresa Celco para que esta
siguiese adelante con los estudios para la construcción de un ducto para
verter al mar los desechos de su planta de celulosa en Valdivia, en las
aguas costeras de las que viven los mapuche lafkenche. Ello a pesar de sus
peticiones y movilizaciones para evitar que ello sucediera.

En la Araucanía, además de respaldar cerradamente la construcción de 17
plantas de tratamiento de aguas servidas, la mayoría de las cuales se
realizan sin estudios de impacto ambiental (salvo la de Villarrica por
resolución de la Corte Suprema frente a recursos de protección de la
comunidad), la Corema aprobó, bajo la presión del Intendente regional, la
construcción de un nuevo aeropuerto en la localidad de Quepe. Se trata de
un aeropuerto que se emplaza en un área rodeada de comunidades mapuche, las
que al igual que las autoridades del Municipio de Freire en que se emplaza
el proyecto y varios consejeros regionales, lo han rechazado y han exigido
que se estudien otras áreas para su emplazamiento.

La aprobación gubernamental de estos proyectos de inversión en territorios
indígenas, no solo da cuenta de la nula consideración que la actual
administración tiene para con las demandas de los pueblos indígenas
relativas a la protección de sus ecosistemas y la definición de su propio
desarrollo, sino que constituye una demostración evidente de que el
desarrollo productivo constituye para ésta una prioridad que está por sobre
los pueblos indígenas y que no se está dispuesta a negociar.

En el plano de los derechos individuales, la Presidenta, luego de una larga
huelga de hambre que los presos mapuche por ley antiterrorista realizaran a
comienzos de año, manifestó su decisión de no seguir aplicando dicha
legislación en contra de los mapuche para perseguir sus acciones de
protesta vinculadas a sus reclamaciones de tierras, como lo había hecho el
presidente Lagos. Sin embargo, las iniciativas impulsadas por
parlamentarios de la Concertación, y por el propio ejecutivo con miras a
posibilitar la libertad de quienes se encuentran cumpliendo condena por
cargos de terrorismo, no han tenido éxito a la fecha, por lo que esta
demanda indígena en esta materia sigue sin respuesta.

En un ámbito relacionado, una práctica que ha seguido inalterada bajo la
administración Bachelet, es la que dice relación con los abusos que los
agentes del estado siguen cometiendo en contra de integrantes de
comunidades indígenas que se encuentran en conflictos con proyectos de
inversión, o con propietarios no indígenas. Todas las informaciones
existentes dan cuenta de que tales abusos, lejos de desaparecer, se han
intensificado el ultimo año, siendo estos cada vez más graves, y poniendo
en riesgo la vida y la integridad física de integrantes de comunidades,
incluyendo entre ellas a mujeres, ancianos y niños.

El caso más dramático es el de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de
Ercilla, la que ha sido allanada siete veces este año año. En el último
allanamiento, verificado el 30 de noviembre pasado, carabineros, con el
apoyo de un helicóptero, registró las viviendas de los comuneros,
golpeando, entre otras personas, a una mujer embarazada que se opuso a
ello. A comienzos del mes de noviembre la policía civil disparó desde un
auto sin identificación, en contra de un grupo de integrantes de la misma
comunidad reunidos pacíficamente, hiriendo a uno de ellos en una pierna.
Hechos similares ser repitieron el 7 de diciembre pasado, cuando producto
de un violento operativo policial desarrollado en las afueras de la ciudad
de Ercilla, resultaron heridos a bala 10 comuneros mapuche, uno de ellos
con proyectiles en sus dos piernas. Los policías, que actuaron sin que
mediara provocación alguna de las víctimas, habrían estado tras los pasos
de dirigentes mapuche de la comunidad de Temucuicui.

Las órdenes de detención que pesan sobre varios de los integrantes de esta
comunidad por diversos acciones delictivas que se les imputan, entre ellas
la agresión en contra del ex Director de Conadi, Jaime Andrade, hecho por
cierto condenable, no pueden justificar, en caso alguno, al menos en un
estado de derecho, el actuar abusivo e impune de la policía.

La muerte del lonko mapuche Juan Collihuín, de 71 años de edad, y las
lesiones a bala provocadas a sus dos hijos Juan y Emilio Collihuín en
agosto pasado, como consecuencia de la actuación –sin orden judicial- de
carabineros al interior de un predio de propiedad de la víctima en la
comuna de Nueva Imperial, por una investigación en un caso de abigeato, y
sin que mediara resistencia alguna, constituye otro ejemplo de abuso
policial ocurrido bajo la actual administración que a la fecha sigue
impune.

Las denuncias de abusos policiales cometidas en contra de personas
indígenas que han sido realizadas a las autoridades de gobierno, incluyendo
entre ellas al Ministro del Interior, no han sido siquiera respondidas. Los
hechos no han sido investigados, ni menos castigados, lo cual no solo
genera frustración en las comunidades afectadas y en los pueblos indígenas
en general, sino que determina que quienes los han perpetrado se sientan
autorizados para volver a realizarlos, cada vez con más violencia, como de
hecho ha ocurrido.

Finalmente, en los últimos meses las organizaciones de pueblos indígenas y
de derechos humanos que han realizado denuncias frente a las situaciones
abusivas antes referidas y asumido la defensa de las victimas, han sido
objeto de actos de hostigamiento, con la completa indiferencia, y por lo
mismo complicidad, de las actuales autoridades.

Así por ejemplo, la sede de la organización mapuche Consejo de Todas las
Tierras en Temuco fue objeto de un asalto nocturno por desconocidos hace un
mes atrás. En la ocasión desconocidos sustrajeron de dicha sede los
computadores con que contaban para el desarrollo de sus actividades, sin
que los autores se llevaran otros bienes de valor allí existentes, y sin
que las denuncias realizadas por esta organización a la policía y a las
autoridades hayan permitido identificar a los responsables.

Un hecho similar ocurrió el 9 de diciembre, cuando desconocidos entraron
haciendo uso de fuerza a las oficinas del Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas en Temuco, en momentos en que estas se encontraban
desocupadas, procediendo a sustraer los discos duros de los seis
computadores con que contamos para el desarrollo de nuestro trabajo. Al
igual que en el caso anterior, dejaron en dicha oficina otros objetos de
valor, tales como impresoras y centrales telefónicas, dejando en evidencia
la intencionalidad del robo.

Se trata de hechos graves que afectan seriamente la labor de defensa de los
derechos humanos de los pueblos indígenas, labor que el estado chileno se
encuentra obligado a respetar en virtud de la Declaración de la ONU sobre
el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente de 1999.

Todos estos hechos demuestran entonces que el gobierno de Bachelet está
dando continuidad a una contradictoria política hacia los pueblos
indígenas. Se trata de una continuidad que no solo desconoce los derechos
colectivos de los pueblos indígenas hoy internacionalmente reconocidos,
sino que vulnera derechos básicos de sus integrantes, haciendo – al menos a
las víctimas de estas violaciones y a quienes hemos podido constatar su
realidad- recordar los días oscuros del dictador recientemente fallecido.

Igualmente grave, dicha política resulta peligrosa, ya que afecta a un
sector de la sociedad históricamente discriminado por la sociedad y el
estado chileno, generando, como en el pasado, una violencia en su contra
que puede tener impredecibles consecuencias para el futuro de sus
relaciones interétnicas en el país.

José Aylwin. Abogado, Co Director del Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas.