La reforma judicial y su oposición

En estos días se ha aprobado, con mayoría calificada como se había previsto, la reforma constitucional en materia judicial en la Cámara de Diputados. A falta de su ratificación por el Senado de la República, que se realizará esta semana y que parece, hasta este momento, una realidad inevitable, hemos visto diversas reacciones.

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Como en otros casos, estas participaciones han sido plurales y encontramos en ellas elementos y puntos de vista diferentes. Resulta sintomático, sin embargo, que dentro del derecho, la oposición a la reforma sea mayoritaria, mientras que fuera de él goza de una simpatía dominante. Centrándonos en el mundo jurídico, son pocas las voces que apoyan totalmente la reforma. Incluso quienes lo hacen, consideran algunos elementos problemáticos y desearían que estos fueran modificados. Entre quienes se oponen, podemos encontrar a cuatro grandes grupos, que deben ser tomados de forma diferente.

En primer lugar, encontramos a aquellas voces que asumen que no existe nada mal en el Poder Judicial. Esta postura tiende a cerrar los ojos ante cualquier problema y se vale, en muchos casos de negarlos o desviarlos: “no son los jueces, son las fiscalías”, “yo no conozco a nadie que sea corrupto”, “el nepotismo no existe”. Ante estos argumentos, queda muy bien un dicho portugués: nadie puede despertar a quien sólo finge que está durmiendo.

En segundo lugar, existe otro grupo que se ha colocado de forma sistemática como opositora a cualquier idea, propuesta, política o actividad del actual gobierno. No es que estén en contra de la reforma, sino que están en contra de Andrés Manuel. Este grupo, reducido, pero muy agresivo, no quiere escuchar razones, no le interesa conocer el tema y mucho menos debatir. Con ellos no hay mucho que hacer, salvo esperar que el fin del sexenio, les devuelva un poco de sentido común.

En tercer lugar, podemos encontrar quienes están en contra de la Reforma por algún elemento concreto, o bien que tienen una legítima preocupación por algunas de las propuestas. Puede ser, por ejemplo, que consideran inadecuada la elección de autoridades jurisdiccionales; que se preocupan por la existencia de figuras como los “jueces sin rostro” o temen que el cambio de perfil de las personas juzgadoras traiga problemas jurisdiccionales de difícil reparación. Igualmente, algunas personas pueden temer por las reacciones de los mercados o la intromisión de poderes fácticos como la delincuencia organizada o los grandes capitales.

La diferencia entre este grupo, y quienes apoyan la reforma, pero cuestionan algún elemento, es simplemente de grado. Mientras los primeros consideran que la reforma podría ser positiva si se le quitara algún elemento, los segundos le ven como una unidad. Con una oposición responsable e inteligente, estos dos grupos habrían podido establecer puntos comunes de discusión y logrado trabajo conjunto para mejorar al PJ. Esto desafortunadamente no fue posible.

Finalmente, el último grupo está conformado por aquellos que ven amenazada su actividad laboral o sus derechos. La reforma, claramente tiene elementos que tendrán impacto en el trabajo de funcionarias y funcionarios. Si bien en teoría esto no tendría que afectar a nadie más que los titulares, la realidad es que las estructuras de poder dentro del PJ tienen tal configuración, que un cambio de esta magnitud afectará negativamente a miles de trabajadores en situación precaria y con una fuerte dependencia personal respecto a sus jefes directos. Me parece claro que la forma en que la reforma está hecha, deja una gran deuda en este aspecto.

Como pueden ver, considero que no todas las oposiciones a la reforma son igualmente legítimas, y también que es normal que las personas se encuadren en más de una de estas categorías. Si las menciono, es porque considero que existe un elemento más que debe ser discutido. La oposición a la reforma judicial está llevando a una naturalización del discurso antidemocrático muy común entre los odiantes del gobierno, algo sumamente peligroso. He visto, de primera mano, la forma tan fácil de desacreditar y atacar a quienes un momento antes, se decía defender. El rechazo racista, clasista o elitista a las clases populares nada tienen que ver con el supuesto fortalecimiento de la democracia el estado de derecho y los derechos humanos.

Por otro lado, considero que esto es un error táctico. Usar un discurso elitista, no hace sino abonar a la soledad de la lucha dentro del Poder Judicial. Contrario a lo que los discursos cotidianos de sus miembros suelen decir, la gente entiende muy bien los contenidos políticos de las acciones que se desarrollan y el elitismo no es sino una forma de separación. Quizá por decidir ignorar esto, algunas de las personas que luchan contra la reforma, se dicen sorprendidos al no encontrar a los tradicionales movimientos de lucha social, en la que ven y entienden como “la gran lucha” por la democracia y el derecho. No es apatía ni ignorancia. Es que al usar ciertos argumentos elitistas y negar los problemas internos, han empujado a la gran mayoría de la gente, hacia el otro lado de la discusión.

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