En tiempos de la Dictadura cívico militar de Pinochet la represión obedecía a la lógica del exterminio de los opositores, sin respeto por ninguna norma de derecho elemental. Hoy, la represión concertada de dirigentes del pueblo mapuche, por parte de los aparatos represivos del Estado y del dispositivo jurídico-legal, se hace en un régimen democrático y en el marco de la aplicación de una Ley Antiterrorista elaborada por esa misma dictadura.
Esto significa que la responsabilidad de la represión al pueblo mapuche y del empeoramiento de la situación le cabe a las autoridades políticas del gobierno actual. Son ellas las que en primera instancia visan los comportamientos de una parte del aparato de justicia de la Araucanía, así como el accionar de los dispositivos policíaco-militares que reprimen con violencia las demandas legítimas, territoriales y de auto gobierno de las poblaciones autóctonas. Serán ellos también los responsables si muere un preso mapuche en huelga de hambre.
Corresponde ir al fondo de las cosas para impedir que se llegue a un punto sin vuelta atrás. Pareciera que las transgresiones (como la “prisión preventiva”) al espíritu de la ley democrática con las que se mantiene detenidos a luchadores mapuche y que violan las normas básicas del derecho internacional, son ejecutadas y amparadas por un sector oscurantista y represivo del Ministerio Público y del aparato judicial (vinculado por múltiples factores con la oligarquía propietaria de la región).
Cabe entonces denunciar. Ya no hay razones para los fiscales y jueces probos y justos de ser cómplices pasivos con prácticas contrarias al derecho como se lo fue durante todo el régimen militar. Son situaciones a las que hay que oponerse y rechazar. Al interior mismo de las propias organizaciones de jueces y fiscales y ante la opinión pública. Si en Dictadura se calló ante los atropellos, ahora se debe disentir de los métodos reñidos con el derecho, que entraban la negociación y el diálogo.
El erróneo e insensato proceder del Gobierno se da en un contexto donde diversos analistas han constatado una ofensiva de la derecha en el plano de la justificación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y en el que connotados políticos concertacionistas han reivindicado los pactos de silencio y los compromisos cívico-militares por la impunidad.
Pareciera que el Gobierno de Bachelet y su subsecretario del Interior, el socialista Mahmud Aleuy (ambos socialistas) se acoplaran gustosos a la ofensiva ultra derechista y orquestada por La Tercera y El Mercurio. Que de paso le hicieran el trabajo sucio a las grandes empresas instaladas en el Wallmapu.
La campaña conservadora busca —además de rehabilitar la dictadura, consolidar la impunidad penal y acallar la memoria activa— el objetivo de relativizar y desviar la vista de las prácticas corruptas de la casta política-empresarial en su conjunto y de manera específica de los abusos de poder e infracciones a la ley de su candidato Sebastián Piñera que —no olvidemos— cuando fue presidente, manejó hábilmente la represión al pueblo mapuche, evitando la confrontación directa.
Michelle Bachelet —se comprueba una vez más— no hizo nada serio y duradero para facilitar la resolución de las demandas del pueblo mapuche. Su gobierno mantiene, agudiza y propaga la confrontación. Hay mucho de irracionalidad en la manera de tratar la cuestión mapuche. La presidenta revela ser un fracaso como “mediadora” en su propio país; aunque los contactos de la presidenta en las Naciones Unidas piensen lo contrario.
Y el subsecretario del Interior Aleuy, quien depende directamente de la Presidenta, se perfila como el coordinador trasandino de la represión al pueblo mapuche en el Wallmapu. La prueba, según informaciones de prensa, el socialista Aleuy viaja a concertarse y a intercambiar información con la ministro de Seguridad del neoliberal Macri, Patricia Bullrich de Argentina (*). Casi igual —pero esta vez en “democracia”— que en los tiempos de la siniestra “Operación Cóndor”, diseñada a fines de los setenta, por los aparatos represivos del Cono Sur para eliminar la resistencia democrática contra las dictaduras argentina y chilena. Construir un apoyo solidario hacia el pueblo mapuche y defender la vida de sus dirigentes es una tarea urgente en la democracia que tenemos.
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(*) Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Maricio Macri, según medios informativos argentinos, desencadenó una serie de mecanismos de encubrimiento destinados a disimular la responsabilidad de una de las fuerzas de seguridad bajo su dirección política en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, activista de la causa mapuche en el lado argentino.
Ver: https://www.pagina12.com.ar/62549-un-encubrimiento-a-cara-descubierta
Escrito por Leopoldo Lavín Mujica
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