En la 75° Asamblea General de la ONU (2020), el Papa Francisco llamó a los representantes de los Estados miembros a reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras para dar paso a un modelo económico basado en la justicia; a plantear presupuestos responsables para la promoción efectiva y protagónica de los pobres; para proporcionar asistencia al desarrollo; a reducir o condonar la deuda; a cerrar los paraísos fiscales; a evitar las evasiones y el lavado de dinero, porque «roban a la sociedad»; a defender la justicia y el bien común por sobre los intereses de empresas y mutinacionales, y a cambiar el diseño financiero internacional.
Esto implicaría el establecimiento de un marco ético capaz de superar
la «cultura del descarte», porque constituye un atentado contra la
humanidad. Es una falta de respeto por la dignidad humana al imponer
una ideología reduccionista de la persona, al negar los derechos
básicos universales y al establecer un poder, un control absoluto. El
Papa ha planteado un categórico no a «sanciones internacionales que
dificultan que los Estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones».
Es válido aplicar estas palabras a la situación que se vive en
Palestina, en Irán, en Cuba, en Bolivia y en tantos otros países que
requieren de acuerdos regionales para negociar en bloque con los
grandes poderes (1). Porque la paz requiere de «un ordenamiento
mundial jurídico, político y económico que incremente y oriente la
colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los
pueblos» (2). Un ejemplo de dicho requerimiento es el caso de
Venezuela.
La Revolución Bolivariana ha luchado contra las causas estructurales de la pobreza y ha enfrentado los destructores efectos del imperio del dinero (3). La respuesta del poder mundial, específicamente de USA y de la UE, además de la jerarquía de la Iglesia Católica, ha sido la complicidad con el bloqueo, con la
amenaza de intervención militar y con la deformación y desinformación
sobre la realidad venezolana.
Ya desde el siglo XIX, USA ha querido posesionarse de Venezuela por su
estratégica ubicación geográfica y su riqueza de recursos naturales,
especialmente su riqueza petrolera. Con el gobierno bolivariano
iniciado por Chávez, Venezuela ha erradicado el analfabetismo, ha
extendido el derecho a la salud, el acceso a la vivienda y al agua
potable, así como ha contribuido en forma sustantiva a la instauración
de un orden internacional multipolar. Esto último se ha expresado en
un incipiente proceso de regionalismo a través del desplazamiento de
la liberación comercial hacia un rol protagónico del Estado.
Ello tuvo su raíz en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA),
promovida por Chávez en base a los recursos petroleros venezolanos
para contraponerse al Área de Libre Comercio (ALCA) impuesto por USA
en el llamado Consenso de Washington. El ALBA posibilitó el paso a la Unión Suramericana de Naciones (Unasur, 2008), caracterizada por instaurarse como un espacio de exclusión explícita de USA.
El «chavismo» también fue impulsor de la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac); la nacionalización del petróleo; la reforma agraria; la elaboración de leyes antidiscriminación; la extensión de las misiones en los barrios; la implementación de relaciones fraternas con los países vecinos, etc.
La Revolución Bolivariana significó la superación del mundo unipolar y
su dictadura internacional de los mercados, posibilitando la transformación de la economía mundial competitiva por una economía solidaria basada en la integración económica, cultural y política de los pueblos del Tercer Mundo. Como reacción, USA y sus lacayos han propiciado asesinatos, sabotaje económico, especulación de divisas para provocar inestabilidad política y aislamiento internacional.
La violencia fascista ha dejado centenares de muertos, algunos quemados vivos «por tener rasgos chavistas»; miles de heridos, edificios públicos destruidos, boicot de alimentos, de medicamentos, de distribución de agua potable, con la secuela de una extensa emigración. USA declaró a Venezuela como «Estado terrorista» para justificar así una intervención militar extranjera bajo el argumento de la «defensa de la democracia» y la «defensa de los derechos humanos».
Además de emplear el «terrorismo mediático», USA ha presionado a
través de la OEA y del Grupo de Lima. Incluso ha nombrado a un
encargado especial para Venezuela, el experimentado genocida Elliot
Abrams. Por su parte, Guaidó y sus seguidores han exhibido su
adhesión al catolicismo. Al unísono, ha encabezado la traición, el
latrocinio y el crimen contra su propio pueblo.
En el mismo continente, en Bolivia, Añez y Camacho mostraron un espectáculo grotesco alardeando de fe en Cristo, simultáneamente a la ejecución de masacres y robos al erario público.
En Chile, Piñera favorece a los grupos económicos y también masacra al pueblo. No obstante, en cada intervención pública culmina invocando a Dios.
Mientras, las autoridades eclesiásticas avalan a esta clase de gobernantes de manera explícita o guardando silencio cómplice. Así pueden mantener sus espacios de poder y sus privilegios. Son falsos profetas que, a lo largo de la historia han creado culturas para descartar y condenar a los judíos, a los musulmanes, a los científicos, a los masones, a los liberales, a los protestantes, a los indígenas, a los negros, a los luchadores sociales, a los comunistas,
a los revolucionarios de todas las épocas. A ellos se refiere el
Evangelio al advertir: «Atan cargas pesadas e insoportables y las
echan a los hombros del pueblo» (4).
El Papa Francisco postula vías hacia una vida digna para toda la
humanidad, lo que exige ir a la raíz de los males y cambiar las
«estructuras de pecado» del sistema capitalista. Por tanto, para ser
coherentes con los postulados que dicen seguir, como es la opción por
los pobres, los católicos tienen la misión de participar de los
procesos revolucionarios. Resulta incomprensible que las autoridades
eclesiásticas no asuman la actualización del Evangelio a través del conocimiento y difusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. No quieren entender que «Dios no quiere un culto cobrando dinero» sino que «los clérigos deben vivir de su trabajo y no usar a Dios para vivir sin trabajar o divertirse más y mejor» (5).
Los planteamientos del Papa Francisco proponen «una Iglesia preocupada por la felicidad de las personas, que acoge, escucha y acompaña a cuantos sufren» (6). ¿O las autoridades de la Iglesia Católica esperarán 300 años para «pedir perdón» por los «errores» del pasado?
Por Hervi Lara
Santiago de Chile, 14 de diciembre de 2020.
NOTAS:
(1) Francisco, encíclica «Fratelli Tutti», sobre la fraternidad y amistad social. (Asís, 4-10-2020), N° 152.
(2) Op. cit., N°138.
(3) Op. cit., N°116.
(4) Cfr: Evangelio de San Mateo, 23, 1-12.
(5) Cfr: Comentarios de José María Castillo. (Reflexión y Liberación,
octubre 2020).
(6) Cfr: José Antonio Pagola. (Entrevista de Redes Cristianas de
Navarra. En «Reflexión y liberación», 14-12-2020).
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