Javiera Blanco es responsable de negligencia política y administrativa en las funciones de su cargo como Ministra de Justicia, y en ese sentido es responsable al menos de su actuar durante su periodo como Ministra por las condiciones en las que el SENAME se encuentra hoy día; más aún, porque en la misma lógica de seguir ocupando cargos públicos, hoy representa jurídicamente los intereses del Estado, y su negligencia ha sido premiada sin siquiera realizar un mea culpa por su actuar como ministra de Justicia.
El principio de responsabilidad política y administrativa es fundamental para el buen funcionamiento de toda democracia y del Estado de Derecho, y muy probablemente la comisión investigadora SENAME II tenía muchas razones para determinar dicha responsabilidad en la ex ministra, sin embargo cuando esta herramienta es utilizada con el pragmatismo político de quienes se disputan el poder, y a partir de ahí también se busca exculpar a todos quienes por las mismas responsabilidades son tan culpables como Javiera Blanco, es una muestra más que cualquier debate, por sensible que sea, se transforma en una defensa o acusación corporativa de los grupos en conflicto.
El SENAME es una institución que en Chile tiene casi 40 años de vida y en todos los gobiernos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia sus condiciones no han logrado superar los estándares mínimos que se requieren para la protección y cuidado de los niños vulnerables del país. En ese sentido todos los gobiernos que han formado parte de la estructura del Estado son responsables no solo de las condiciones en las que se encuentra el servicio, sino que además de todas las muertes que se han producido al interior de este. Atribuir exclusividad de responsabilidades a una ministra de Estado, por muy negligente que haya sido en su actuar, parece más bien una vendetta política que la búsqueda de una solución real al problema que tanto hoy aqueja a la clase política.
Si, Javiera Blanco es responsable, pero es igual de responsable que todos los otros ministros de justicia que ha tenido la inconclusa transición política en Chile, los mismos que formaron parte de todos los gobiernos de la concertación y el gobierno de excelencia de Sebastián Piñera. Son responsables todas las autoridades que extasiados con el neoliberalismo entregaron el desarrollo de las políticas sociales al mercado y al negocio inescrupuloso de aquellos que lucraron con el cuidado de la infancia.
Efectivamente, la votación en la cámara de diputados sobre el rechazo de la comisión SENAME II terminó siendo un burdo espectáculo por nuestra elite política, y no solo por los afanes de blindar en bloque a una negligente y favorecida funcionaria pública por parte de la Nueva Mayoría; sino también por el mediático show político de Chile Vamos, que con un pragmatismo y oportunismo electoral hace de ello un acto de juzgamiento moral y ético, como si ellos, desde la vereda acusadora, tuvieran la moral para emitir juicios éticos de un negligente funcionario público, y es que estoy seguro que la derecha política también sabe de negligencias, corrupciones y violaciones a los derechos humanos.
Lamentablemente nuestra alicaída clase política ha dado muestras nuevamente de no estar a la altura de un debate sobre un problema de Estado, ya que mientras por un lado buscaban con la aprobación del informe cifrar las responsabilidades exclusivamente en una negligente ex Ministra, por otro lado –y de manera corporativa- establecer defensas cerradas al amigo caído en desgracia. Finalmente, y al igual como en distintos casos de negligencia, fraude y otros delitos, si todos quienes no pueden pagar por sus culpas, es muy importante que uno pague por todos, y si ello mantiene la estabilidad de nuestras instituciones, bueno, Javiera Blanco es más responsable aún, así estamos todos libres de pecado.