La tragedia en AXE Ceremonia 2025

El sábado 5 de abril de 2025, el viento se llevó más que una estructura metálica en el festival AXE Ceremonia. Se llevó dos vidas jóvenes, dos miradas sensibles detrás del lente, dos fotógrafos que hacían su trabajo documentando la efervescencia cultural de un evento masivo. No fue un accidente fortuito ni un infortunio aislado. Fue, más bien, la consecuencia trágica de una cadena de irresponsabilidades institucionales, omisiones estructurales y una negligencia sistemática que atraviesa a la industria del entretenimiento en México.

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Desde este espacio, lo primero es hacer lo que no han hecho algunos servidores públicos: detenernos y expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias de los dos fotógrafos que perdieron la vida. No hay palabras suficientes para cubrir el dolor de perder a un ser querido en circunstancias tan injustas, pero sí hay una exigencia moral y política que no puede eludirse: que se haga justicia. Que se identifiquen y castiguen a los responsables, y que este caso no termine archivado en la carpeta de los olvidos oficiales. Las familias merecen más que flores y discursos huecos. Merecen verdad, reparación y garantías de no repetición.

Mientras las familias lloraban, las autoridades protagonizaban su propio show. La alcaldía Miguel Hidalgo y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México entraron en una carrera absurda por deslindarse, por demostrar que no eran responsables, por mostrar documentos que probaban que otro firmó, que otro autorizó, que otro no revisó. La política mexicana, como en tantos casos de tragedia, volvió a exhibir su rostro más ruín: el del cinismo institucional. Nadie quiere asumir el costo político, todos prefieren decir «no me toca», como si gobernar no implicara, antes que nada, cuidar la vida de los ciudadanos.

Y es aquí donde aparece el primer problema estructural: la fragilidad de los protocolos de protección civil en eventos masivos. No es la primera vez que en un festival se desploman estructuras, fallan escenarios o colapsan servicios médicos. Pero sí es una de las pocas veces que termina en muerte, y por eso mismo debería marcar un parteaguas. ¿Cuántas autorizaciones exprés se han firmado sin verificar que existan las condiciones mínimas de seguridad? ¿Cuántas veces se ha confiado en la «experiencia» de las promotoras para evadir inspecciones? ¿Cuántos festivales están operando en zonas que no cumplen con los lineamientos básicos de seguridad estructural?

El AXE Ceremonia es un festival costoso. Boletos que fácilmente superan los tres mil pesos por día, zonas VIP que cuestan lo equivalente a una quincena de salario mínimo, bebidas a precios desorbitados y mercancía oficial que raya en lo impagable para un sector social. Y, sin embargo, esa maquinaria de ingresos millonarios no puede garantizar la seguridad mínima para los asistentes y trabajadores. ¿Cómo justificar que el viento derribe una estructura en pleno siglo XXI, en una ciudad como la capital del país, donde se supone que cada montaje debe estar validado por ingenieros y autoridades?

Aquí se desenmascara una segunda verdad incómoda: el desfase entre el precio que se paga por asistir a estos eventos y el servicio que se recibe a cambio, en términos de seguridad, atención médica, transporte, servicios sanitarios y experiencia general. Lo que se vende como un festival de primer mundo, en muchos casos no supera los estándares de ferias improvisadas. Y lo que es peor, esta disonancia no es inocente; es parte del modelo de negocio que maximiza utilidades al mínimo costo, aunque ese costo termine pagándose con vidas.

Los festivales masivos en México son, en buena medida, propiedad de un oligopolio. Son pocas las empresas que tienen el control de la cartelera nacional: controlan los recintos, los permisos, las alianzas comerciales, los patrocinios y, en algunos casos, tienen vínculos directos con políticos y funcionarios que facilitan trámites, avalan riesgos o hacen la vista gorda cuando algo no se cumple. Esta cercanía entre negocios del entretenimiento y poder político no sólo distorsiona la competencia, sino que erosiona la transparencia y, sobre todo, pone en entredicho la rendición de cuentas.

No es un secreto que algunos de estos consorcios han recibido trato preferencial en sexenios pasados y actuales. En nombre de la reactivación económica post-pandemia, se flexibilizaron criterios, se aceleraron permisos y se permitió una expansión desregulada de eventos masivos sin revisar con seriedad sus impactos sociales y ambientales. El resultado es una industria que funciona como feudo: opaca, privilegiada, y, como lo vimos este fin de semana, letal cuando se enfrenta a la realidad.

Quizá el aspecto más desgarrador de esta tragedia es la condición laboral en la que se encontraban las víctimas. Fotógrafos independientes o contratados por agencias temporales sin seguridad social, sin seguros de vida, sin derechos laborales reales. La empresa responsable de contratarlos para cubrir el evento no ha dado la cara ni asumido los gastos funerarios. Y aquí radica una de las aristas más crueles del espectáculo: la paupérrima condición de los trabajadores de la industria cultural.

Camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, cargadores, iluminadores, choferes, staff, técnicos… todos ellos hacen posible que el espectáculo funcione, pero casi siempre lo hacen desde la precariedad, con contratos ambiguos, sin prestaciones, sin sindicatos que los protejan y sin protocolos de emergencia que los incluyan. No sólo estamos hablando de una tragedia humana, sino de un modelo laboral profundamente injusto que normaliza la desprotección como parte del negocio.

Quizá en los próximos días se anuncie la revocación de la concesión del AXE Ceremonia. Tal vez se castigue simbólicamente a una empresa. Tal vez incluso algún funcionario menor sea cesado para calmar las aguas. Pero todo eso será insuficiente si no se hace una revisión integral del modelo de espectáculos masivos en México.

No se trata sólo de sancionar a los responsables directos, sino de transformar las reglas del juego. Se requiere protocolos que regule de manera clara y contundente los requisitos para realizar eventos masivos, con especial atención en seguridad estructural, medidas de protección civil, derechos laborales del personal, y transparencia en las concesiones. Se necesita un padrón público de empresas autorizadas, auditorías externas obligatorias y un sistema de monitoreo independiente que no dependa de la voluntad del organizador ni de la disponibilidad del funcionario en turno.

Y también, aunque moleste a algunos empresarios, se necesita revisar el precio real de los boletos en función de la calidad y seguridad ofrecida. La música no puede ser un privilegio para unos cuantos ni una ruleta rusa para quienes trabajan tras bambalinas.

El viento que derribó la estructura en el AXE Ceremonia no es una metáfora: es un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida cuando el lucro desmedido sustituye a la responsabilidad pública. Dos jóvenes fotógrafos no regresaron a casa. Su trabajo era documentar el arte, la música, la alegría de un festival. Su muerte, sin embargo, ha servido para desnudar una verdad que muchos preferían no mirar.

No se puede hablar de justicia cultural si los que hacen posible la cultura están expuestos al abandono y la muerte. No se puede hablar de una ciudad vibrante si la vibración se paga con sangre. No se puede hablar de democracia cuando el espectáculo sirve para encubrir a los mismos de siempre.

Que la muerte de estos jóvenes no quede como una nota más en el archivo de lo inevitable. Que sus nombres se sumen a la larga lista de quienes murieron trabajando sin protección, pero que también marquen el inicio de un debate urgente: ¿qué tipo de país somos si permitimos que el entretenimiento valga más que la vida humana?

Lo demás, lo dicho: pura demagogia. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz

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