En los últimos meses, el país ha sido testigo de una serie de epítetos, actitudes, convicciones y ‘máximas discursivas’ de algunos de sus representantes locales que francamente provocan escalofríos en plena época estival.
Lo más escalofriante es que son inocentes. Y su inocencia se fortalece cada cuatro años. ¡Qué sea el pueblo el que decida en la próxima elección municipal!
¿Cabe alguna duda que estos alcaldes y otros pequeños dictadores comunales -no sólo de la Alianza por Chile, sino también la Concertación- en más de una oportunidad son reelectos con amplias mayorías?
Parece que no cabe ninguna duda. Son reelegidos, y por lo tanto, se sienten en el derecho y en la obligación de exteriorizar sus verbos y acciones genuinas, ya que al final del día, tales actos no son castigados, más bien son premiados por un electorado pragmático que privilegia la gestión de espacios públicos y un servicio municipal oportuno, eficiente y eficaz.
Ante ello, cuestiones como éstas no son relevantes para elegir e ir a votar. Lo que no saben es que esa eficiencia y eficacia tiene en su ADN un accionar patéticamente dictatorial. Es más, podría entenderse como premio, porque despierta el autoritarismo que más de algún ciudadano y ciudadana lleva dentro. En fin, la inocencia de estos señores, en parte se dibuja en esta realidad.
También son inocentes porque la institucionalidad que cobija el accionar de las autoridades comunales y fundamentalmente la figura del alcalde, les permite no tener contrapoderes efectivos. La ley 18.695, que rige a las municipalidades, es en esencia ‘alcaldizante’, admite que un alcalde imponga sus visiones y acciones, sin perjuicio de las razonables observaciones que pudiese realizar el concejo municipal/comunal o la ciudadanía.
Estos ejemplos buscan hacer sentido en la inocencia que tienen Labbé y Sabat, entre otros dictadores comunales, respecto de la institucionalidad que les permite ‘flotar’ con altos grados de legitimidad política que se renueva regularmente cada cuatro años en las elecciones municipales. Visibilizan una vez más los serios problemas en el ejercicio de la democracia local sustentada en una ley heredada por el Régimen Militar… Perdón, DICTADURA MILITAR.
La democracia local está en deuda. No bastó con los ajustes inminentemente políticos a la ley 18.695: la elección por votación de alcaldes y concejales (y no designados como en dictadura), a poco andar de la naciente ‘democracia’ y la posterior separación de elecciones de alcalde y concejales que comenzó a regir el año 2004. Es urgente una reforma municipal que se viene gestionando desde hace años.
En primer lugar debe superarse el apelativo de ‘administración’ por el de ‘gobierno local’, cuestión que implica un giro significativo que exigiría una serie de nuevas atribuciones y financiamientos mínimos para lograr los objetivos que plantea la misma ley. Por otra parte, es preciso ampliar los niveles de deliberación a la hora de la toma de decisiones para que existan mayores grados de inclusión ciudadana.
El consejo municipal debe tener un nuevo perfil y transformarse en un verdadero órgano de fiscalización, de generación de normas, capaz de resolver de forma verdaderamente democrática. Tiene que ser afectivamente un órgano de representación popular.
En esta dirección queda ver cuáles serán los efectos de la aplicación de la ley 20.500 de participación ciudadana, en el marco de la comuna y la referida a la inscripción automática y voto voluntario.
En lo local, pasar de una democracia representativa a una participativa, directa o deliberativa, como indicaría Habermas, implica que la primera sea genuina. Hoy no lo es.
Si se avanzara en estas y otras dimensiones, los inocentes Labbé, Sabat y otros “dictadores” comunales, muy probablemente durarían bastante menos en sus cargos. Ello los eximiría de culpa, ya que las instituciones que logren un gobierno local en forma los expulsarían en la siguiente elección, o bien, antes de la misma, al evidenciarse estándares éticos y morales incoherentes con los valores básicos de una democracia local genuina.
Dejarían de ser inocentes en el sentido de lo público, como lo son ahora y, serían culpables por no cumplir con los estándares básicos de un sistema democrático en forma.
De todos modos, independiente de lo escrito hasta aquí, ¿son inocentes desde lo ético en el actual marco de acción?… Parece que tampoco.
Por José Orellana Yáñez
Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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