La acumulación de capital es un proceso incesante, que se expande desde los centros de poder mundial hacia las periferias. De lo que se trata es de hacer circular de manera ventajosa para las corporaciones de las grandes potencias, el flujo de dinero y de capitales.

Es la lógica del saqueo al Tercer Mundo, que en tiempos de alta conflictividad se vale de la guerra para imponer la codicia de sus razones y que en tiempos de baja conflictividad, en los que la violencia se diluye en las estructuras sociales, se vale de la corrupción de las instituciones. Nada más evidente, en este último caso, que las AFP en Chile y el actuar sedicioso del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En Chile, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) – creadas bajo la dictadura de Pinochet por el mefistofélico hermano del actual Presidente, José Piñera –  a 2018 concentran el 83% del PIB, apoyadas por los mecanismos de ahorro forzado que obligan a los trabajadores a traspasarles el 10% de su salario.

En el mercado existen 6 AFP, el 50% de ellas pertenecen a capitales estadounidenses, las que concentran el 72,2% de los activos y el 57,3% de los afiliados. Eso, por no mencionar que de las otras tres, solo una es de capitales chilenos; otra es de capitales latinoamericanos, en tanto una tercera, está inscrita en un paraíso fiscal, por lo que no se conocen sus dueños y podría caer en insolvencia en cualquier momento. La colonialidad del poder resulta evidente, el beneplácito del Estado resulta indignante.

Las AFP Fantasmas y el saqueo del Estado de Chile

En 2012, el Principal Financial Group (USA) compró al Grupo Penta la AFP Cuprum, por un monto mayor a los US$1.500 millones, volviéndose el controlador mayoritario de la corporación.

En 2014 Principal, mediante el Principal Institutional Chile S.A. inicia el proceso de absorción de AFP Cuprum, mediante una solicitud a la Superintendencia de Pensiones (SP), la cual es rechazada debido a que la normativa vigente solo permite fusiones entre una AFP y otra, mas no con entidades diferentes.

La solución para Principal, recomendada por la misma SP, fue transformar el Principal Institutional Chile, en una AFP, Argentum: esta nunca abrió sus puertas al público, no tuvo casa matriz ni sucursales; no tuvo plan de negocios, ni contrató trabajadores; ni muchos menos tuvo afiliados o administró cuentas; no entregó ni una sola pensión, ni pagó un solo beneficio de invalidez o sobrevivencia. En resumidas cuentas, Principal creó una AFP que nunca funcionó como AFP, pero que era una AFP.

Todo esto sería un detalle administrativo, una chambonada más, si esa fusión no le hubiese permitido al Principal Financial Group, acogerse al goodwill, un beneficio tributario que significó US$130 millones menos para el fisco, por la fusión de una AFP (Cuprum) con otra que jamás existió.

Si alguien, alguna vez pensó que los fantasmas no existen ¡Sorpresa! ¡En Chile hasta hacen negocios! Y Argentum no es el único fantasma financiero.

Una operación idéntica realizó el grupo MetLife el mismo 2014, cuando tras la autorización de la fusión de la AFP Provida con la ficticia Acquisition, dejaron de pagar US$280 millones al Estado.

La Superintendencia de Pensiones (SP) fue creada el año 2008 por la Ley 20.255, como continuadora de la antigua Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, que había sido creada en 1980 por el Decreto Ley 3.500.

La ley le mandata proteger a los usuarios  y como natural repartición pública, velar por el cumplimiento de la misma ley, cuestión que, arrodillada ante los intereses de las corporaciones norteamericanas, no solo no ha cumplido, sino que además ha traicionado abiertamente.

Frente a la sugerencia por parte de la SP al Grupo Principal de constituir a Argentum, para así poder acceder a los beneficios del goodwill, y la posterior aceptación de la fusión por parte de la misma entidad fiscalizadora, las reacciones no tardaron en aparecer.

La entonces ministra del Trabajo de la Presidenta Bachelet, Ximena Rincón, en 2015 recalcó la irregularidad del proceso; el mismo año la Cámara de Diputados aprobó el informe de una Comisión Investigadora que es enfático al señalar que la fusión no se ajustó a derecho y  también en 2015 la Contraloría General de la República dictaminó que el proceso fue realizado con información falsa, lo que lleva a un nuevo dictamen en el 2016, en el que pide a la SP que inicie el proceso de invalidación de la fusión.

Nosotros, en 2015 denunciamos el carácter penal de las acciones ante el Ministerio Público; en 2016 presentamos una medida prejudicial exhibitoria en el 20 Juzgado Civil de Santiago y en 2018 impulsamos la nulidad de derecho público en la Corte de Apelaciones. Todas acciones orientadas a proteger los intereses del Estado de Chile y sus ciudadanos y ciudadanas.

Pero la historia no termina acá, y lo que era una novela de AFP fantasmas y funcionarios cuestionados con Tamara Agnic, la superintendenta que autorizó la fusión, de protagonista, de pronto se transformó en un teatro de lo absurdo.

Resultó ser que el informe de la Comisión Investigadora aprobado por la Cámara de Diputados, solicitó la intervención del CDE y como era de esperarse, este intervino, ¡pero lo hizo para defender el proceder de la Superintendencia! ¡No para pedir la nulidad de la fusión!

La lógica se explica sola, cual enfermedad autoinmune, la SP y el CDE se han vuelto contra el Estado, contra sus intereses y contra el interés de todos los chilenos y chilenas.

En tiempos convulsionados el capital transnacional recurre a la guerra, en tiempos en que la violencia se diluye en las estructuras sociales, le basta con corromper las instituciones.