Hace un par de días, en pleno aburrimiento, entré a mi perfil de Instagram a merodear sobre la vida virtual de mis amistades. Encontré en la historia de un buen amigo de la universidad algo que llamó sumamente mi atención: una serie de mensajes, en alusión al “gran” trabajo de la justicia mexicana, que al final cerraban con el hashtag #TodosSomosPoderJudicial, como respuesta a la eliminación de fideicomisos que permiten el desarrollo de privilegios en la élite del Poder Judicial.
Mi referido amigo labora para el Poder Judicial de la Federación, es natural su posicionamiento.
Encontré recientemente en la línea de Instagram de otra amiga las mismas fotografías descriptivas, con el mismo cierre: ¡Todos Somos Poder Judicial de la Federación!
¿Qué es lo que defienden mis amistades? Me cuestioné internamente.
Recordé de pronto mi estancia universitaria, sobre todo los primeros meses, que se remontan al año 2015.
En esos momentos, cursando en la universidad pública la licenciatura en derecho, no entendía el comportamiento generalizado de mis compañeros, anclado en la frivolidad y desinterés del clima estudiantil que se desarrollaba frente a nosotros. Alrededor del aura de los eventuales juristas; las facultades de Economía y Filosofía, así como las áreas de Sociología y Antropología, pugnaban por el manejo administrativo eficaz; en cuanto a la transparencia del uso de recursos y la liberación de espacios para el desarrollo público estudiantil. ¿Por qué en derecho no?
Recordé de igual forma a una de mis profesoras del primer cuatrimestre, que impartía introducción a las ciencias sociales. Nunca olvidaré la reiterada respuesta que usaba, después de alguna pregunta específica por parte de cualquier estudiante: No abogado, esa pregunta causa honorarios.
Ya en privado, al preguntarle a la citada maestra él porque de su negativa a enseñar; ella gustosa respondía: “entre menos preparados salgan académicamente de la universidad, mejor para mí. Finalmente, me los encontraré en juzgados y será más sencillo ganarles los juicios”.
En ese momento empecé a comprender y a interpretar cuál era el sentido de la enseñanza de la abogacía en mi universidad, en la universidad pública. Más que aprender a interpretar la ley y a desarrollar mecanismos para la aplicación del derecho, se iba a aprender poses y posicionamientos personales. Era, ante todo, la facultad del ego, no del derecho. Entonces, se ejecutaban enseñanzas en relación con ello, íbamos a aprender a inflar el ego.
El neoliberalismo como sistema ideológico impregnó de aroma individual cada rincón. El sector educativo y académico no fue la excepción, ahí se ha asentado, hasta en las universidades públicas un clima privatizador.
No se entiende en las escuelas jurídicas al derecho como un ente que debe transformarse, para así impactar de buena forma en la vida social del país. Si no, se ve en el ejercicio del derecho la réplica histórica de complicidades y marrullerías para buscar el enriquecimiento del litigante, o la impunidad del defendido, pero nunca la materialización del concepto de justicia.
Vivimos socialmente en un país donde el 98% de los delitos se mantienen en impunidad. Por negligencia o contubernio de las grandes autoridades, indudablemente. Pero, ¿quiénes conforman en general a las fiscalías y a los juzgados? ¿Quiénes son herramientas imprescindibles para legitimar las carencias del Poder Judicial? No solamente quienes integran a la Suprema Corte, no solamente los altos mandos burocráticos del Poder Judicial.
Es menester reformar en su plenitud el sistema de impartición y administración de justicia en México. Pero también se deben revolucionar las conciencias de los abogados en general y de las escuelas de derecho. Que el derecho sea para servir, no para servirse.
Se debe reformar al Poder Judicial, pero también reformar el espíritu de los futuros abogados.
Foto: Archivo El Ciudadano
Recuerda suscribirte a nuestro boletín