Las mujeres insistimos y los abortos insisten, más allá de las normas

Considerar el aborto como un delito es injusto y contraproducente. Los abortos existen en amplitud, persisten más allá de los límites que se  impongan. Tratarlo como delito no reduce ni elimina su práctica, sino que impide el acceso a atención de salud e instala riesgos y estigmas para quienes abortan, restringiendo su dignidad, libertad, la autonomía e igualdad. Tratar el aborto como un delito es discriminar a quienes abortan. Es discriminar a las mujeres. Es quererlas muy poco. Es verlas como inferiores.

El 21 de febrero del 2022 la Corte Constitucional de Colombia sentenció la despenalización del aborto hasta las 24 semanas e instaló un hito para los derechos humanos, especialmente el aborto.  Tras más de 500 días de espera desde la demanda iniciada contra el Estado por parte del Movimiento Causa Justa que apeló a la inconstitucionalidad del delito de aborto, se logró su eliminación del código penal. Tenemos motivos para festejar.

Este dictamen sitúa a Colombia como el país con el modelo de aborto por plazos más amplio y abre expectativas en torno a la avanzada del aborto legal en el Continente. Lo que logra Causa Justa, de manera brillante, es materializar lo que se anuncia y promueve desde hace décadas en los estándares internacionales, situando el aborto como un derecho humano, a las mujeres como sujetas de derecho y en igualdad de condiciones de manera sustantiva.

Estos estándares existen en las normativas internacionales hace más de 50 años y son pactados por Chile, desde donde se señala por ejemplo que las personas tienen derecho a decidir cuántos hijos o hijas tener, el espaciamiento entre ellos y el acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva como el aborto. (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW). En 1994 la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo consagró los derechos sexuales y reproductivos, los cuales se reafirmaron al año siguiente en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer realizada en Beijing.

Este y otros tratados son firmados y ratificados por Chile, y por esencia son obligatorios para el  Estado, que tiene el deber de garantizar derechos y obligaciones sobre lo pactado y sobre todo rendir cuentas a la comunidad. Esto fue lo que llevó a Chile a legislar el aborto en 3 causales en el año 2017.

Tenemos razones de sobra para seguir demandando derechos. El desafío para aquellos Estados que van en avanzada en materia de derechos humanos, es la eliminación de cualquier tipo de obstáculos para garantizar un acceso real y efectivo al aborto legal, y eso obliga a pensar y desarrollar diversas estrategias, en todas las instancias posibles.

El rol de los Estados en la generación y/o defensa de ambientes propicios para que quienes deciden abortar lo hagan en condiciones cuidadas, así como la facilitación del acceso a tratamientos que adecuados, son sin duda acciones dinamizadoras de otras transformaciones sociales, como la distribución equitativa de los productos del trabajo y el derecho a participar a cabalidad de las decisiones sociales y políticas de las naciones.

Quienes abortan, son sujetas catalizadoras de otras reclamaciones respecto a derechos que han sido negados o disminuidos durante siglos y que particularmente, en la actualidad, están en la palestra del debate público en Chile a propósito del proceso constituyente. Demandas históricas como la salud, la educación y el trabajo, aparecen con fuerza, coexistiendo con programas políticos en temas que en el último tiempo han emergido con más fuerza, como los derechos sexuales y el aborto.

Para el caso de Chile, la primera apuesta de la Asamblea Permanente para la Legalización del Aborto – espacio de articulación amplio, que nace como reacción al rechazo del proyecto de ley para la despenalización del aborto hasta la semana 14 en agosto del 2021 – ha sido la presentación de la Iniciativa de Norma Popular SERÁ LEY, que está a pocos días de su votación en el pleno de la Convención Constitucional, fundida con dos iniciativas similares en la Norma General de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

SERÁ LEY llega a la Convención luego de haberse convertido en la primera Iniciativa Popular de Norma que alcanza el quórum mínimo para su paso a la discusión en la Convención y una de las 4 iniciativas con mayor de respaldo ciudadano materializado en la cantidad de apoyos.  Este hecho desdibuja los escenarios más conservadores y nos pone  frente a la posibilidad concreta de impedir retrocesos para los derechos humanos, especialmente sexuales y reproductivos, desde este nuevo marco normativo.

Con la posible aprobación de esta Norma se espera que una vez aprobada la Nueva Constitución, no exista facultad desde ningún poder del Estado para legislar en torno a retrocesos para los derechos de las mujeres y todas las personas especialmente en materia de aborto. Es un camino largo, pero tendremos motivos para festejar.

Las restricciones legales que existen en torno al aborto se han construido en base a una visión de mundo misógino y se sostienen sobre esos intereses. Estos constructos son los que prescriben la normalidad y la anormalidad en el ámbito médico. El asumir que todos los embarazos son deseados responde a ese establecimiento de la normalidad.

El ejercicio de la maternidad dentro del sistema patriarcal, implica un conjunto de supuestos, normativas y mecanismos de control que encapsulan esta experiencia en función de intereses ajenos a los deseos de las mujeres. Pese a que la institución de la maternidad, aparentemente se ha debilitado en los últimos años, en algunos sectores de la sociedad permanece intacta.

Castigar a quienes abortan empeora el estigma y la salud,   Seguir considerando el aborto un delito es injusto y contraproducente. Mantener normativas que penalicen el aborto es una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud.

Hoy, afortunadamente sabemos mucho de aborto, mucho más que hace una década. Todo lo que sabemos, es a partir de las mujeres que acompañamos, así como de las acompañantes. Acompañamos porque  nos convoca. Acompañamos porque los abortos insisten y las mujeres insistimos.  Acompañamos porque queremos elegir la vida que queremos vivir y creemos que todas nos lo merecemos. No existe techo político para nuestros deseos, en este camino seguimos avanzando.

Queremos tener motivos para festejar.

Queremos que la justicia reproductiva se haga realidad.

Carolina Cisternas Márquez

Acompañante Red Con las Amigas y en la Casa, organización parte de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.