Miles de ciudadanos y ciudadanas, anónimos y desesperados, luchan contra una medida arbitraria y que atenta nuevamente contra los más básicos derechos de personas y naturaleza.
Todo a menos de 40 kilómetros de Santiago, donde diariamente los y las habitantes de Til Til son expuestos a contaminantes, sólidos, líquidos y gaseosos; cercados por tranques de relaves, vertederos, rellenos mal llamado sanitarios y, ahora, residuos tóxicos y peligrosos.
Ante los males, las manos y las voces se deben alzar para que, de una vez por todas, la ley y el derecho que debe ampararlos tome el nombre de tal y termine con una situación que ha transformado a los vecinos y vecinas de Til Til en ciudadanos de segunda clase, todo mientras un Ministerio de Medio Ambiente apunta explicaciones decadentes para justificar un ecocidio.
El Estado, aún en esta Constitución, está al servicio de la persona humana y tiene la obligación de preservar las condiciones que permitan la vida y salud de sus habitantes. También debe garantizar la preservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y conservar el patrimonio ambiental de la nación.
Todos quienes aprobaron Ciclos, entre ellos el ministro Mena, buscan lavarse las manos por las débiles letras que conforman la así llamada institucionalidad ambiental, la que nació de forma espuria en un acuerdo a puertas cerradas en el Senado y que, entre otras cosas, negó el caso obvio derecho de las comunidades a oponerse de forma real y eficaz al abuso, la irracionalidad y la depredación de los proyectos que se evalúan ambientalmente.
En la comisión de Medio Ambiente nos tocó escuchar en más de una ocasión los relatos de personas pacíficas y sencillas, quienes aterrados nos contaban cómo los trámites del Servicio de Evaluación Ambiental – el mismo que dio luz verde a Dominga a pesar de estar en una reserva nacional – no son más que meras formalidades para proyectos que cuentan con una aprobación, prácticamente, casi al ser planteados.
No se necesitan más trámites ni análisis. La misma OCDE ha hecho sentir su voz y ha emplazado al país a que enfrente, de una vez por todas, el clamor de los ciudadanos, universidades, iglesias y, en general, todas aquellas agrupaciones que velan por el bien común y la solidaridad. Todo con el foco que Chile cuente de una vez por todas con un SEA que iguale a las personas y las empresas.
Espero que los tribunales ambientales y la Corte Suprema nos ahorre una vergüenza de ser sancionados por la comunidad internacional por este tipo de proyectos que pretende seguir destruyendo a la hermosa Til Til, a Punta Choros, Aysén, la Reserva de la Biósfera del Campana y un largo y oprobioso ectécera de localidades amenazadas por actividades que, en cualquier legislación del mundo, serían constitutivas de delitos.
No permitiremos y no nos iremos mansamente al silencio de la noche que esta verdadera locura pretende como mañana para este país.
Amparemos a las comunidades y haremos efectiva, de ser necesario, la responsabilidad política de quienes ostentan dignidades publicas y que no están respondiendo a los requerimientos y necesidades de quienes son sus mandatarios y que, por razones que escapan al mas mínimo entendimiento, pretenden ampararse en una legislación inconstitucional y que viola y compromete la responsabilidad internacional del país.
Espero que la respuesta del Gobierno no sea ni la represión ni la persecución y que se abran los canales democráticos y legislativos necesarios para impedir que este tipo de atentados a nuestra Patria se sigan perpetrando.
El Congreso Nacional esta esperando un proyecto de ley que de inicio a una verdadera y completa reforma a nuestra institucionalidad ambiental, que establezca la protección de los territorios y las comunidades y que respete las vocaciones, historia y aspiraciones, en primer término, de quienes viven en ellos.
Chile no puede seguir llamando desarrollo económico a la segregación, la destrucción y la depredación que lo han asolado desde hace ya largas décadas y que se multiplican impunemente.
Debemos ser capaces de pensar y crear otro Chile donde se respete lo mas sagrado que nos legaran nuestros padres y que nos encargaran en custodia nuestros hijos.
Un Chile a escala humana, con correcta y justa repartición de las cargas ambientales, donde se respeten los glaciares, los mares, desiertos y nuestros valles y donde Nunca Mas la gente deba salir a las calles en busca del amparo y socoro que por mandato constitucional debe brindárseles.
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Reveniu 
