Legislar en Salud Mental es un imperativo ético y sanitario para Chile

Hemos generado varios mecanismos reparatorios, como el PRAIS, pero no son suficientes porque el daño es grande y complejo, y los efectos de la dura represión han abarcado además a la sociedad en su conjunto. Hay resabios autoritarios en la educación, en las relaciones sociales, en algunas modalidades políticas, y en el campo de los medios masivos de comunicación.

El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que ya cumplió un década, ya cumplió un ciclo, está anciano, y debemos contar con un nuevo plan.

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Ha llegado un informe técnico que debiera remecernos porque da cuenta de la magnitud del problema de la salud mental en Chile. Se trata del Segundo Informe sobre el Sistema de Salud Mental en Chile (2014), cuyo equipo de autores es encabezado por el Dr. Alberto Minoletti, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Lo primero que llama la atención de ese estudio es que reconociendo los graves problemas de salud mental que tenemos, Chile no dispone de una legislación específica sobre salud mental.

Allí se da cuenta que un 23 % de la carga de enfermedad en el país corresponde a enfermedades de salud mental. En este estudio se señala que Chile destinó a salud mental en el 2012 el 2,16% de su presupuesto de salud, muy lejos que el promedio de los países de ingreso alto que gastan 5,10% de su presupuesto sanitario.

Minoletti y sus colegas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile mencionan –entre otros muchos defectos- las profundas inequidades del sistema de salud mental. El acceso a tratamiento de salud mental de los beneficiarios de ISAPRES es 8 veces superior al de los beneficiarios de FONASA.

Hasta la ACHS reconoce que el 48% de las licencias laborales son por razones de salud mental en lo que va del año. Sin embargo, ellos no ahondan en el papel que en eso juega el sobreendeudamiento de las personas, la sobrecarga laboral, los salarios postergados, las situaciones de acoso laboral y otras vinculadas a los determinantes sociales de la salud.

Algo está mal o muy mal en Chile y debemos asumirlo. No podemos engañarnos con un paradigma de desarrollo que no incluya la calidad de vida, las relaciones laborales, los efectos del empleo, del subempleo y del desempleo.

Han aumentado exponencialmente los suicidios en Chile las últimas décadas, y se encuentra entre las mayores tasas del mundo. Mucho de ellos por bullying homofóbico. Derechos humanos y salud mental se encuentran profundamente articulados. La falta de respeto de los primeros afecta instantánea y gravemente la salud mental.

¿Cómo reinsertamos laboralmente a las personas que padecen problemas de salud mental? ¿Cómo protegemos y prevenimos ante el acoso laboral? ¿Cómo promovemos un modelo comunitario, de cercanía en salud mental de adolescentes?

 El actual marco legislativo no es suficiente, lo sabemos. Debemos legislar para lograr financiar servicios de salud mental, pero desde un modelo centrado en los derechos, respetando e incluyendo plenamente a nuestros pueblos originarios en las soluciones.

Una ley de salud mental para Chile, debe pensarse considerando el papel del Estado como garante en la promoción de la salud mental de personas y colectivos; de la atención oportuna; y de la rehabilitación y reinserción de personas con trastornos de salud mental. Una Ley que sea incluyente de los nuevos desafíos, que fortalezca la capacidad de prevención, atención y rehabilitación para quienes hacen abuso de sustancias psicoactivas.

Otros países latinoamericanos ya vienen legislando en Salud Mental. Esperemos no ser la retaguardia de los cambios, embebidos en un modelo que causa tantos daños a la salud mental de la población. Por ello, legislar en Salud Mental es un imperativo ético y sanitario para Chile. Sin demoras, acompañaremos las iniciativas gubernamentales, en un proceso participativo, incluyente y con todos los ministerios incluidos y activos.