Por Boris Barrera, Diputado por el Distrito 9
La evasión y elusión tributaria representan desafíos significativos para nuestra economía, afectando negativamente la eficiencia y productividad del país. Las consecuencias de estas prácticas van más allá de la simple pérdida de ingresos fiscales, también impactan la equidad y la justicia en nuestro sistema tributario. El proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias que hemos discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas y que está en el Senado hace dos meses, incluye un elemento muy crucial, que la derecha ha amenazado con rechazar, me refiero al levantamiento del secreto bancario, una herramienta crucial, no solo para fortalecer el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, sino que también para perseguir el crimen organizado, irregularidades en financiamiento, entre otros usos.
La evasión tributaria desvía recursos que pueden terminar en la comisión de delitos tributarios. Esto no solo reduce la eficiencia económica, sino que también afecta la productividad del país, además de afectar la recaudación.
Los datos del informe del SII sobre incumplimiento tributario revelaron que la evasión y elusión del impuesto corporativo es de más del 50%. El nivel de incumplimiento, tanto en el pago del IVA como de impuesto de Primera Categoría, corresponde a un 6,5% del PIB para los años 2018 a 2020, lo que equivale a 9,2 veces el dinero para financiar la PGU, 4,3 veces lo que cuesta extender el sistema de cuidados infantil o el costo de 90 hospitales de 100 millones de dólares. Esta realidad es alarmante e impacta negativamente en la recaudación, afectando el principio de la justicia tributaria y, por consiguiente, a todos los chilenos y chilenas. Si logramos reducir esta brecha de incumplimiento, podríamos ver un aumento significativo en la recaudación fiscal, con un impacto directo en la capacidad de las instituciones para financiar políticas públicas y temáticas urgentes en ámbitos como la seguridad, la salud y la educación.
Una de las propuestas más importantes en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, es la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario. Según esta propuesta, el contribuyente deberá oponerse mediante un reclamo judicial ante el Tribunal Tributario respectivo en un procedimiento especial. Esta medida es fundamental para fortalecer la capacidad de la administración tributaria en la lucha contra la evasión y elusión. La evidencia empírica demuestra la alta efectividad del acceso a la información bancaria en la reducción de la evasión tributaria.
Por otra parte, el intercambio automático de información bancaria entre autoridades tributarias representa una contribución positiva para la resolución de casos de delitos tributarios. Además, el levantamiento del secreto bancario nos permitiría investigar de mejor manera casos emblemáticos de corrupción y evasión fiscal, e incluso, fortalecer nuestras capacidades para combatir el narcotráfico.
Por dar un ejemplo, se podría investigar de mejor manera el caso Hermosilla, en el que el SII acusa a la familia Sauer de emitir casi 10 mil facturas falsas por $13 mil millones o el caso Operación Tributos, en el que se detectó a 55 personas involucradas en un fraude tributario, con una exorbitante suma de 250 mil millones de pesos. Dinero con el que se podrían haber construido 25 centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos,
El levantamiento del secreto bancario es una medida necesaria y justificada en el marco de la modernización de nuestra administración tributaria. No se trata, en ningún caso, de una invasión a la privacidad de los ciudadanos, sino de una herramienta indispensable para garantizar que todos y todas contribuyamos equitativamente al desarrollo de nuestro país. Por eso hago un llamado a que sigamos avanzando en este proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que avance su tramitación con el levantamiento del secreto bancario, con las normas antielusión y el denunciante anónimo, ya que con estas medidas, no solo fortalecemos nuestra economía, sino que también promovemos un ambiente de mayor transparencia y justicia tributaria.