Libertad de expresión en contextos de conflicto y de movilización social

A la gran concentración en la pertenencia de los medios de comunicación en Chile, no resuelta por los gobiernos de la Concertación por la Democracia a casi dos décadas del fin de la dictadura, se ha sumado en los últimos años el hostigamiento, detenciones, incautaciones y deportaciones de las que han sido objeto periodistas, comunicadores sociales y documentalistas que realizan su trabajo en territorios en conflicto o en contextos de movilización social. Debiéndose considerar todos estos hechos como graves violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y también de otros derechos fundamentales, que afectan a sectores vulnerados en sus necesidades más básicas o  que son perseguidos por oponerse a proyectos extractivos que destruyen sus tierras, ello en el marco del modelo económico neoliberal y expansivo imperante en Chile.  Puesto que se afecta, con estas persecuiciones e incautaciones, la posibilidad de que sus demandas y críticas al sistema tengan eco en la opinión pública.

En particular nos debe preocupar la situación que afecta a los comunicadores independientes, con un alto compromiso por visibilizar realidades de las que los medios oficiales no dan cuenta; el hostigamiento y allanamientos a medios comunitarios; y las detenciones e incautaciones de materiales trabajo que han afectado a profesionales que cubren la situación del pueblo mapuche, cuyas demandas de tierras han sido  criminalizadas jurídica, política y mediáticamente.

Respecto del primer punto, las últimas semanas un periodista independiente y un comunicador social fueron detenidos en la Araucanía, en la zona sur del país. Marcelo Garay fue detenido mientras realizaba un reportaje en una comunidad mapuche afectada por una empresa forestal instalada en su territorio ancestral, y por la presencia de un puesto permanente de la policía de Carabineros dispuesta por los tribunales. La vivienda de Jorge Serey, comunicador radicado en la zona, fue allanada al día siguiente de la detención de Garay, no estando aún claras las imputaciones en este caso. Ambos presentaron un recurso de amparo ante los tribunales, y sus materiales les fueron incautados, incluidos notebook y cámara fotográfica.

En cuanto a los medios comunitarios, feroz fue persecución vivida a fines del año pasado por Radio La Voz de Villa Francia, en la capital del país; las “visitas” de civiles no identificados en Radio 1ro de Mayo de la población La Victoria; la reciente incautación de todos sus equipos a la nueva televisora comunitaria de Rancagua (ciudad donde se dieron las protestas de los trabajados mineros subcontratados y donde se realizará el juicio de la documentalista Elena Varela) y un intento similar, aunque fallido, que pudo  afectar hace un par de días a Umbrales TV, también de Villa Francia. Los trabajadores del canal acusan seguimientos y ser fotografiados.

Finalmente, respecto de profesionales que cubren el mal llamado conflicto mapuche, es en extremo preocupante existiendo en todos los casos denunciados incautación de materiales (a Garay, Serey y Varela, se suman las detenciones y deportaciones de un equipo de documentalistas franceses y otro de italianos durante 2008), que una de las cuatro recomendaciones (de un total de 77) hechas al estado chileno por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mediados de este mes de mayo y que fue postergada por la delegación que asistió a Ginebra, sea la que insta al gobierno a “investigar completamente los casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que trabajaron en la situación del pueblo mapuche”.

Por nuestros propios medios

Paulina Acevedo

Periodista
Comunicadora en Derechos Humanos