Lo que ya se había anunciado algunos meses atrás, hoy ya es una realidad, puesto que los procesos de desnacionalización de nuestra riqueza no se detienen. La propuesta del Gobierno, no parece muy ventajosa para Chile y tampoco se ajusta a las normas jurídicas que hoy tiene el país. Como lo sostiene Julián Alcayaga del Comité de Defensa del Cobre, ni el petroleo ni el litio, tampoco el gas, pueden ser objeto de concesiones mineras, debido a que la Ley Orgánica Constitucional Nº18.097 de 1982, que regula estas operaciones, establece específicamente que “No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, …”
Según Alcayaga, la prohibición de entregar el litio en concesión habría sido motivada por presión de los militares, puesto que en esa época se suponía que este mineral tendría una importancia estratégica, debido a que este mineral sería un elemento fundamental en la fisión nuclear y, aunque este tipo de centrales atómicas aún no está en funcionamiento, se estima que ello sería alcanzado dentro de algunos años, especialmente en la Comunidad Europea. La ventaja de estas centrales de fisión nuclear, es que no producen los peligrosos desechos radioactivos y, entonces, el litio se vuelve clave para solucionar la crisis de energía del futuro. A parte de esto, sabemos que hoy este mineral se está volviendo cada vez más estratégico en la producción de baterías, las que son fundamentales para muchos productos que hoy son de uso masivo, tales como celulares y otros productos electrónicos. Su potencial es extraordinario.
Bolivia ha entendido el valor estratégico del litio para su desarrollo, es por ello que ha emprendido el camino de la industrialización de este mineral, a través de un proyecto 100% estatal encabezado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). En esta dirección, en 2011 firmó un acta de entendimiento con compañías coreanas, para que éstas brinden apoyo tecnológico en la elaboración de baterías de litio en el salar de Uyuni, que cuenta con 140 millones de toneladas de litio y es una de las más grandes reservas a nivel mundial de este mineral.
Según la información entregada por CNN, a través del periodista Tomás Mosciatti, las reservas mundiales probadas de litio son aproximadamente 9 millones 900 mil toneladas métricas, de las cuales Chile tendría un 70%. Actualmente la producción mundial es de 25 mil 400 toneladas métricas y Chile produce unas 10 mil. Sólo dos empresas realizan esta producción, entre ellas, la mayor exportadora es Soquimich, cuyo subgerente general es hermano del actual ministro de Minería Hernán De Solminihac. Es por ello que la voz cantante de esta operación la realiza el subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Es más, esta empresa obtuvo la concesión del gobierno de Pinochet, cuando su principal accionista, Julio Ponce Lerou, era nada menos que yerno del general. Pero, no solo el pecado es de Pinochet, en 1993 la Concertación le renovó los permisos y la concesión.
La triquiñuela legal para realizar esta operación tiene su origen, según lo señala Alcayaga, en el Código de Minería de octubre de 1983 -cuyo padre intelectual fue José Piñera– que en su artículo 8º establece que el Estado puede también explotar estos recursos (petroleo, gas y litio) mediante “concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”. Esto para Alcayaga es inconstitucional, puesto que, una ley ordinaria como el Código de Minería no puede dejar sin efecto una disposición que establece una ley orgánica constitucional como es la Nº18.097 que reserva al Estado la exploración y explotación de los hidrocarburos y el litio. A esto habría que agregar, dice Alcayaga, lo dispuesto por la propia Constitución que, en su inciso séptimo del Nº24 del artículo 19, establece que los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros solo se pueden establecer por ley orgánica constitucional, por tanto, no puede el Código de Minería, ley ordinaria, levantar esta restricción.
El problema es que en esta operación, quien podría oponerse -la Concertación- está amarrada de manos y no tienen piso moral para recurrir al Tribunal Constitucional, puesto que, la Presidente Bachelet autorizó los contratos de operación en el petróleo y el gas en Magallanes. Nadie entonces está habilitado para defender los intereses de Chile y plantear un royalty de 7% más los impuestos -que sabemos son un crédito para los accionistas- todo lo cual redundaría en unos 350 millones de dólares anuales, resulta ser inaceptable y abiertamente lesivo para los intereses del país.
Por Marcel Claude
Publicado en El Rastro 15 junio 2012
Tomado de marcelclaude.blogspot.com.br
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