Entre tantos debates el que centra la preocupación popular en esta semana es la reforma al poder judicial que ha provocado un debate sinsentido con una narrativa manipulada por parte de la oposición, ya que desde que nuestro país se funda en el presidencialismo la división de poderes está establecida en nuestra constitución.
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Entre esta narrativa falsa se encuentra que democratizar la elección a la Suprema Corte provocará que los «licenciados cantinas» puedan acceder al máximo órgano y que la carrera judicial, los años de preparación y el abolengo del buffet de procedencia no serán considerados. Lo último lo más preocupante para los cascajos opositores.
Otra narrativa manipulada es que esas experiencias se han repetido en otros países para perpetuarse en el poder. Alguno que otro incauto pone de ejemplo el caso de Bolivia. Extrañamente, esa constitución recalca su división de poderes en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y señala «la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación con esos órganos.» (Art. 12, Nueva Constitución Política del Estado).
En el caso mexicano, el Poder Soberano se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. El pueblo de México ejerce su soberanía por medio de estos instrumentos y órganos administrativos a nivel federal y local.
La premisa de la concentración de poder es totalmente absurda. Aún cuándo todas las fuerzas políticas fueran de un solo color. Ya que esta división asegura que la decisión soberana no recaiga en una sola persona, sino en órganos diversos constituidos históricamente por gobiernos de izquierda, centro y derecha.
Lo que se esconde en la narrativa de la oposición es el miedo a dejar de manipular y anteponer sus intereses en la Suprema Corte, El Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Hacen visible su único objetivo de atascar el avance de México, conservar privilegios o negociar ciertas consideraciones con el gobierno actual y el entrante. Ser un ariete, una traba, un estorbo, solo eso.
Lo que la 4T busca es:
Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Elección Popular de Ministros, Magistrados y Jueces
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
Nuevas reglas procesales.
En este sentido se establece reducir de 11 a 9 el número de ministras y ministros
Pleno y sesiones públicas
Eliminar pensión vitalicia
Y remuneración al tope máximo como el presidente de la República.
Que los poderes Ejecutivo legislativo y judicial hagan las propuestas, por ejemplo para la Suprema Corte 10 del ejecutivo, 5 del legislativo y 10 del poder judicial sin participación de sus elecciones de los partidos políticos con elecciones ordinarias y revisión de expedientes por parte del Senado de la República.
Sobre las nuevas reglas procesales se busca acelerar el trabajo del Poder Judicial, justicia expedita, prohibir las suspensiones contra leyes, Justicia local y fideicomisos del poder judicial.
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