Los desafíos del diálogo chileno-mapuche

La muerte del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza Collio, de la comunidad Requem Pillan de Ercilla en la Araucanía, el 12 de agosto, como consecuencia de un disparo efectuado por carabineros que impactó su espalda en el marco del desalojo de un predio en conflicto, ha provocado indignación en la región y en el país.

Recordemos que no se trata de la primera víctima fatal de los conflictos por tierras en la Araucanía.  Otras tres personas mapuche han muerto en los últimos años  (Alex Lemun el 2002, Juan Collihuin el 2006 y Matías Catrileo el 2008) como consecuencia del uso abusivo de la fuerza por carabineros.

La presidenta Bachelet lamentó su muerte señalando que «nada justifica la violencia en la Araucanía».  Instó, además, al diálogo como el único camino para «la solución de las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche».  La Ministra Tohá, por su parte, anunció la conformación de una delegación especial, compuesta por el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, y la Ministra de Planificación, Paula Quintana, entre otros, que viajaría  próximamente a la Araucanía para impulsar este diálogo.

El llamado al diálogo frente a situaciones de conflicto como la que involucra al Estado chileno y al pueblo mapuche, siempre es positivo.  No puede dejar de señalarse, sin embargo, que resulta lamentable que éste sea efectuado luego de cobrar otra víctima fatal. Hace sólo un mes atrás, un centenar de representantes de comunidades mapuche, incluyendo los de Requem Pillan, viajaron a Santiago para entrevistarse con la Presidenta para solicitar su intercesión frente a la demora de las instancias estatales encargadas de los asuntos indígenas en dar respuesta a sus reclamos de tierras.  En la ocasión no solo no fueron recibidos por Bachelet o por sus asesores, sino que fueron tratados discriminatoriamente por los guardias de palacio, manteniéndolos a distancia de La Moneda.

Cansados de esperar  la respuesta de la autoridad a sus peticiones,  de regreso en el sur ocuparon las tierras que reclamaban.  La respuesta del gobierno fue el envío a la Araucanía del Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien sin conversar con las comunidades mapuche, sobrevoló la zona de conflicto y reforzó la estrategia policial.  Su visita dio carta blanca a carabineros para actuar represivamente en contra de los mapuche, y relegó la solución política del conflicto a un segundo plano.

La disposición del pueblo mapuche al diálogo, aunque algunos sectores de la sociedad chilena hoy se obstinen en negar, ha sido constante en el tiempo.  La historia de Chile sería otra sin los parlamentos que sus representantes sostuvieron por largo tiempo con las autoridades coloniales primero y con el Estado republicano después, dialogando con ellas sobre las relaciones fronterizas, el comercio y la paz.  La historia nos demuestra que ha sido el Estado chileno el que en forma reiterada ha quebrantado el diálogo con los mapuche.  Así lo hizo el siglo XIX cuando ocupó por la fuerza la Araucanía y redujo a los mapuche al 5 % de su territorio ancestral.  Lo volvió a hacer más tarde durante el régimen militar, al privar a los mapuche de las tierras que les fueron restituidas durante la reforma agraria y, posteriormente, al dividir forzosamente sus comunidades. Así lo sigue haciendo cuando impone proyectos de inversión privados -como las plantaciones forestales que afectan a las comunidades de Malleco- en sus tierras y territorios, sin procesos de consulta adecuados, sin compensación por daños, y menos con la participación de las comunidades en los beneficios que éstos generan como lo establece el  derecho internacional sobre la materia, incluyendo  el Convenio 169 de la OIT ahora ratificado por Chile.

Serán las partes de este conflicto histórico y actual las que tendrán que determinar si el diálogo al que convoca Bachelet es viable o no.  Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la interculturalidad, sin embargo, pueden identificarse algunos requisitos mínimos sin los cuales resulta evidente que dicho diálogo no tiene muchas posibilidades de prosperar.

El primero de ellos es la decisión del gobierno de poner término al actuar impune de los agentes policiales en contra de los mapuche.  Sabemos que los delitos que cometen los agentes policiales del Estado en contra de civiles, en este caso de los mapuche, son de competencia de la justicia militar, la que carece de la imparcialidad e independencia necesaria para el análisis de casos que involucran a miembros de las fuerzas armadas.  La impunidad en que dicha justicia ha dejado a los crímenes hasta ahora cometidos por carabineros en contra de personas mapuche, es prueba suficiente de ello.

El gobierno dispone, sin embargo, de facultades constitucionales y legales que le permiten la fiscalización y sanción administrativa de este tipo de conductas.  Una señal mínima en este sentido sería ordenar la salida de la institución del carabinero involucrado en estos hechos, así como la de sus superiores directos que lo han respaldado a sabiendas de que éste cometió un grave delito.  Otra señal sería la de hacerse parte en los procesos que se sigan en contra  del autor de este delito para hacer efectiva su responsabilidad penal.  Ello además de solicitar extrema urgencia al proyecto de ley que reforma la justicia militar para poner término a su competencia para conocer este tipo de hechos delictivos, hoy  en discusión en el Congreso, asegurando que sus contenidos se adecuen a las recomendaciones de diversas instancias de derechos humanos, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara c. Chile (2005).  A ello debería agregarse el término inmediato de la militarización en que hoy se encuentran las comunidades en conflicto, la que constituye una provocación inaceptable para la convivencia interétnica.

Otro gesto indispensable de parte del gobierno sería el acelerar la respuesta del Estado a lo que la propia Presidenta califica de legítimas demandas de tierras mapuche  basadas en títulos legales y/o ancestrales.  Muchos de los predios que han sido ocupados en las últimas semanas por los mapuche llevan años en procesos de negociación para su adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de CONADI.  La capacidad que dicho Fondo tiene de dar solución a tales demandas, como sabemos, es precaria.  Ello en razón de su escaso presupuesto (poco más de US $150 millones de dólares en quince años), en contraste con el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, como por ejemplo, la compra de armamentos (sólo este año el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EE.UU. por US $275 millones).  Esto, además, en razón de los precios especulativos que el Estado termina pagando a sus propietarios legales para su adquisición, los que según reconoce la propia CONADI, se han incrementado exponencialmente en los últimos años.

Así lo demuestra el hecho de que de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno el 2008 para la aplicación del Art. 20 de la Ley 19.326 y comprometidas en el Plan Reconocer, a la fecha sólo 36 han recibido solución a través de dicho Fondo.  Esta situación obliga al gobierno a revisar urgentemente su política en la materia, haciendo utilización de un mecanismo que fuera propuesto por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y que está contemplado en la Constitución Política, sin ser utilizado hasta ahora, como lo es el de la expropiación por causa de utilidad  pública de los predios necesarios para solucionar los conflictos por tierras mapuche basados en títulos legales y/o ancestrales de sus comunidades.  Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que se utiliza frecuentemente por el Estado en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos.  Su utilización en  favor de los mapuche daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades.

Un diálogo como el propuesto por Bachelet en un contexto como el actual, en que por razones obvias las confianzas están resquebrajadas, requiere además de garantes.  Sin ellos será difícil que éste prospere.  Ya el 2004 el Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe de misión a Chile proponía el involucramiento del Sistema de la ONU en el país para el desarrollo de un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas a objeto de  analizar las formas de implementación de las recomendaciones que el mismo hizo para abordar las situaciones de conflicto interétnico más graves.  La proposición del entonces Relator Especial Stavenhagen adquiere hoy mayor relevancia, dado el incremento del nivel de conflictividad entre los mapuche y el Estado.  El involucramiento como garante del Sistema de la ONU en Chile en un diálogo de esta naturaleza, además sería consistente con la preocupación reciente expresada por distintos órganos de tratado de esta entidad, incluyendo entre ellos el Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura y la semana pasada, el Comité Contra la Discriminación Racial, por la precaria situación legal y fáctica de los derechos de pueblos indígenas en Chile.

Un espacio de esta naturaleza requiere, como es obvio, de la disposición de todas las partes involucradas en este conflicto de participar en él.  Sería por tanto indispensable que las organizaciones representativas del pueblo mapuche y las comunidades en conflicto manifestaran también su clara disposición a avanzar en la solución de sus legitimas demandas a través de este diálogo, dejando de lado durante su desarrollo, cualquiera acción que pueda amenazarlo.

Si se dieran estas condiciones, sería posible abrir espacios para un diálogo fructífero entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, como el que por largo tiempo se desarrolló en estos territorios hasta antes que el Estado chileno hiciera su irrupción violenta en ellos.  Esperemos ello sea posible.

Por José Aylwin
* Abogado, Co-Director del Observatorio Ciudadano.